Un tribunal de La Pampa ordenó que la justicia realice una evaluación compulsiva a un joven adicto a alcohol y drogas para que, luego, sea sometido a un tratamiento, luego de que su madre lo denunciara por agresiones y amenazas. La resolución detalló que, mientras que “padece la familia escenas de violencia y malos tratos verbales ante la resistencia de proveerle dinero para adquirir las mencionadas sustancias”, el joven tiene “el derecho de recibir tratamiento y obtener la alternativa terapéutica más conveniente”.
La decisión de la Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico revirtió la del juzgado de primera instancia, que había rechazado el pedido de la madre porque “no puede ordenarse una evaluación interdisciplinaria, sin contar con elementos que acrediten los dichos, sin invadir el ámbito de reserva” del paciente. En el nuevo fallo, en cambio, el pedido fue concedido por “la delicada situación que amerita –en este estado– el contralor del órgano jurisdiccional, a fin de evitar mayores perjuicios en detrimento del derecho a su salud y la convivencia pacífica de su familia”.
