El gobierno de la provincia de Santa Fe aclaró ayer que la política pública establecida por la llamada "ley de los mil días" es implementada en su totalidad por el estado, y que el convenio firmado la semana pasada con la fundación del padre Ignacio no significa que se le delegue esa responsabilidad. "La ley permite articular con la mayor cantidad de territorio posible, porque justamente lo que busca es achicar brechas y desigualdades y asegurar derechos, entonces lo que la ley permite es firmar convenios de cooperación para hacer conocer le ley en todos aquellos territorios posibles", expresó Silvina Vaghetti, directora de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud de la provincia. La ley de los 1000 días, aprobada en conjunto con la de interrupción voluntaria del embarazo en diciembre de 2020, establece la protección de las madres y personas gestantes que deciden continuar con el embarazo en una situación de vulnerabilidad social y a sus hijes, hasta los 3 años. 

Vaghetti indicó que la ley la lleva adelante "una mesa interministerial e interdisciplinaria, con intersectorialidad. La ley permite esta formación de estas mesas, donde se van articulando los abordajes de la ley claro. Los ministerios son Igualdad y Género, Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y familia, Educación y Salud", enumeró la funcionaria de la cartera sanitaria. Y entre las organizaciones que ya firmaron un convenio similar menciona a la ONG Mujeres Tras las Rejas, con la que llevan la ley a las mujeres en situación de encierro. "No hay ninguna organización ni ningún tipo de de organismo, que pueda sectorizar la ley. No hay ninguna institución pública, ni no pública que condiciona las políticas públicas de la ley", subrayó la funcionaria, y dijo que los convenios apuntan a "llevar la información a través del Estado sobre la Ley". 

Entre la información que llevan a las organizaciones, Vaghetti enumera que "la ley de los Mil Días provee leche de fórmula para los primeros seis meses. Bueno, se trata de acercar información sobre cómo funciona esto, cómo se pide, dónde la pueden ir a pedir después. Por ejemplo, articular con el ANSES qué trámites tienen que hacer las personas gestantes para tener el subsidio que prevé la AUH. Bueno, cómo asegurar todos esos derechos, esos beneficios que dice la ley, cómo asegurarlos en todo el ámbito de la Provincia. La idea es poder transmitir todo esto en todos los ámbitos llegar más rápido". 

Por su parte, Victoria Mántaras, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, que también tiene a su cargo la implementación de la ley, dijo que el objetivo es "transversalizar la perspectiva de género y diversidad en toda la gestión y así es como participamos de la implementación de la Ley de los 1000 días, que lleva adelante el Ministerio de Salud. En este camino de territorializar la implementación de la mencionada ley se apuesta al involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil, mutuales, federaciones, cooperativas y también aquellas de índole religiosa que tienen trabajo en los barrios, siempre garantizando que los contenidos y lineamientos generales, elaborados por los equipos del Ministerio de Salud para las distintas instancias tengan perspectiva de derechos humanos y de género".