Luego de tres jornadas de audiencia, siete personas quedaron en prisión preventiva por integrar, junto a dos presos alojados el penal de Piñero, una banda imputada por cometer hechos de violencia en la ciudad, principalmente en los barrios Ludueña y Empalme Graneros. El fiscal Pablo Socca detalló que se imputó a 9 personas de una "organización que comete delitos con el fin de procurar ocupar y dominar sectores y barrios, y excluir de allí a bandas antagónicas", mediante "homicidios, amenazas, abuso de armas, portación y tenencia ilegal de armas, venta de estupefacientes, balaceras y casi 40 extorsiones", a comerciantes y vecinos de las zonas mencionadas.
Socca les atribuyó una seguidilla de delitos a todos los imputados por confomar una asociación ilícita, junto a otras personas que no estuvieron en la audiencia, otras ya fallecidas, menores de edad y otros no identificados.
La audiencia comenzó el jueves pasado y finalizó a última hora del lunes, cuando la jueza Melania Carrara resolvió las prisiones preventivas, luego de que el fiscal expusiera el funcionamiento de la organización liderada por personas que se encuentran detenidas en la Unidad 11, quienes "imparten órdenes a los integrantes que extramuros y en libertad cumplen con las actividades ilícitas encomendadas", aseguró.
La investigación determinó que la organización funcionó al menos desde los primeros días de julio de 2021 hasta el pasado 26 de mayo, fecha en que se detuvo a Mauro Gerez".
La imputación indica que Andy Benítez y Julian Aguirre son los "líderes de la organización, sin descartar la cojefatura con otros todavía no identificados, ni que la presente organización sea una célula o una subestructura de una asociación ilícita de mayor envergadura", reza la imputación. Y agrega que ambos "imparten ordenes desde su lugar de alojamiento en Piñero; también "realizan intimidaciones desde teléfonos celulares que utilizan dentro de la cárcel, ordenando extorsiones, usurpaciones y atentados contra personas, algunas de ellas víctimas de extorsiones cuando no abonan el 'canon' requerido o con el objetivo de infundir temor público; y otras veces atentando contra víctimas de bandas rivales, delegando y encargando principalmente a Gerez la concreción de los delitos más graves y la selección de las personas que van a cumplir lo encomendado, disponiendo del uso de armas de fuego de gran poder ofensivo, vehículos: automóviles y motocicletas, organizando y administrando la atención de los 'bunkers' de venta de estupefacientes y controlando su recaudación".
Para Fiscalía, Gerez "es el jefe de sicarios de la organización y uno de los integrantes más importantes dentro de la estructura criminal", dice la imputación; ya que "es una de las personas de confianza de los líderes". También, "se encarga en algunas oportunidades de concretar personalmente los atentados contra la vida, contra la integridad física de las personas o contra viviendas, extorsiones o usurpaciones que le encargan los líderes; de reclutar nuevos 'soldaditos' y encomienda a otros que participen o cometan de propia mano los delitos".
El resto de los imputados en la causa son Dan S., persona de confianza de Gerez; Nicolás B., acusado de "recabar información de potenciales víctimas", que además "disponía de armas que se utilizaban en la comisión de diversos ilícitos"; Gustavo C. y Marcelo R. "eran los encargados de realizarlos atentados de arma contra personas o viviendas, amenazar a víctimas. Se encargaban, además, de usurpar las viviendas que las víctimas abandonaban producto de las amenazas, extorsiones y balaceras. Oscar R. y Jackeline A. -acusada por una "colaboración indispensable"- también aparecen como parte de la asociación ilícita.
