La Justicia ratificó este martes la prisión preventiva para Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, sindicalistas de Camioneros imputados por bloquear los accesos de una empresa en San Pedro, provincia de Buenos Aires, y les negó el beneficio de la prisión domiciliaria. 

La Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de San Nicolás, además, rechazó la apelación de la defensa de los gremialistas pidiendo la excarcelación, por lo que Cabaleyro y Espíndola ya están detenidos en la DDI de Sán Nicolás, cumpliendo lo dispuesto por la Justicia, y serán trasladados a una cárcel común.

Según la resolución judicial, la Cámara "no hace lugar a las solicitudes de libertades y dispone las prisiones preventivas" de los dos sindicalistas por los delitos de "turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa, extorsión y extorsión en grado de tentativa, en concurso real".

El abogado defensor, Mauricio Gugger, explicó a GO Noticias: "La Cámara de Apelación aceptó el pedido de los fiscales porque consideraron que faltaban argumentos para determinar que los imputados pudieran acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, y por eso dictaron la nulidad del fallo, pero no lo revocaron", planteó.

Según Gugger, el dictamen tampoco revocaría la prisión domiciliaria, "lo que hace es enviarla al Juzgado de garantías para que consideren en una nueva audiencia si corresponde o no", precisó. Y adelantó: "Volveremos a pedir la prisión domiciliaria".

Precisamente, la abogada denunciante, Florencia Arietto, había apelado el beneficio de la tobillera electrónica porque considerar que los detenidos podrían entorpecer la investigación. La fiscal del caso, María del Valle Viviani, también opinó en ese sentido.

Qué hechos les imputan a los sindicalistas

En enero de 2021, los dos gremialistas de Camioneros -junto a otras personas-bloquearon el acceso a la Distribuidora Rey, en Bonorino 175 de la ciudad de San Pedro, por un reclamo de deuda ante la diferencia salarial de aportes y obra social.

El mismo pedido se repitió en febrero, y finalmente en abril del año pasado, lograron un acuerdo con el dueño de la empresa, Ricardo Rey, de 70 años. Sin embargo, días más tarde el empresario los denunció por extorsión porque aseguró que le habían pedido dinero para cesar los piquetes en la planta. 

La causa estuvo a cargo de la fiscal María Del Valle Viviani, quien estableció que se investigue un eventual delito de extorsión y luego de esto, pidió licencia. La causa pasó a manos del juez Román Parodi quien, finalmente, resolvió la prisión preventiva por los delitos de “turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa, extorsión y extorsión en grado de tentativa”. 

El fallo también consideró que existieron delitos “más allá de la deuda laboral que pudiera existir, cuestión que no nos ocupa”.

En este orden, el juez Parodi les había concedido la prisión preventiva domiciliaria, medida que fue apelada por el Ministerio Público fiscal y que este martes tuvo una resolución adversa para los dos sindicalistas acusados.