La Procuraduría de Narcorminalidad (PROCUNAR) del NOA, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, imputó a otros cuatro hombres por la siembra y cultivo de plantas de marihuana para producir estupefacientes, delito agravado por el número de intervinientes en este caso, dado que el total de acusados asciende a once.

Los nuevos acusados fueron detenidos el 30 de mayo pasado en distintos domicilios de las localidades jujeñas de Monterrico y Palpalá. 

La acusación, presentada por la auxiliar fiscal Mariana Gamba Cremashi en una audiencia realizada el jueves último, fue receptada por la jueza federal de Garantías Mariela Giménez, quien también hizo lugar a la prisión preventiva de uno de los acusados, sindicado con una responsabilidad penal mayor que la del resto. Asimismo, la magistrada autorizó nuevos peritajes, que se amplíe el plazo de la investigación y, por otro lado, rechazó una serie de impugnaciones planteadas por las defensas.

Los nuevos acusados fueron identificados como César Alberto Royo, Aldo Luis Aparicio y sus hijos Tomás y Simón. Estas personas se suman a los ya imputados Juan Berruezo, Jonatan Manuel Garzón, los hermanos Gustavo Carlos y José María Segovia, Sergio Humberto Salum, Rodrigo Martín Guillermo Coronel y Víctor Nicolás Farfán.

Berruezo y Garzón fueron detenidos el 4 de febrero pasado y fueron imputados tres días después. El primero es administrador e hijo del dueño de la finca donde se había montado la plantación de marihuana, ubicada en la zona norte de Salta, casi en el límite con Jujuy, en el departamento La Caldera. Garzón, en tanto, cumplía tareas como cuidador.

El 9 de febrero la PROCUNAR NOA amplió la imputación sobre los hermanos Segovia, quienes cumplían tareas de cuidado en la plantación. El 23 de marzo se sumó una nueva extensión de la acusación, esta vez sobre Salum, Farfán y Coronel. Salum y Farfán fueron sindicados como los líderes de la organización, mientras que Coronel tenía a su cargo tareas menores.

Según la hipótesis de la fiscalía, todos los acusados conformaron una asociación delictiva que tenía como objeto la plantación de marihuana para su posterior comercialización. En la finca de Berruezo se hallaron 2.400 plantas, 7.200 plantines dispuestos para su cultivo y otros 1.008 en germinación.

Asimismo, se secuestraron 305 gramos de semillas, 71 kilos de cogollo y numerosos elementos destinados a la siembra, cultivo y procesamiento de la droga. En la finca había un sector de secado, recipientes con insecticida y fertilizantes, mochilas de fumigado y regado, y garrafas con pantallas de calor.

Entre otras evidencias, y en otros allanamientos, se incautaron dos vehículos, documentación, un millón de pesos y varios teléfonos, de los cuales se extrajo información sobre el resto de los integrantes de esta organización.

Conocimientos agrícolas 

En cuanto a los nuevos imputados, la auxiliar fiscal señaló que fueron identificados a través de los mensajes y chats extraídos de los teléfonos secuestrados, en los que aparecía reiteradamente la alusión de una persona a la que llamaban “Plátano”.

Gamba explicó que este acusado tuvo un rol de cierta relevancia, dado que aparece señalado como una pieza clave en la siembra y cultivo de las plantas, al parecer, por su conocimiento en materia agrícola y experiencia en logística para la disposición de la plantación.

“De las tareas de gabinete y de campo, tanto por parte del equipo del Ministerio Público Fiscal y de las fuerzas intervinientes, como personal del Escuadrón 53 de la Gendarmería Nacional y del GOC NOA (Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el Narcotráfico del Noroeste Argentino), se pudo establecer que Aldo Aparicio era la persona referida como Plátano”, sostuvo.

Indicó que su identificación provino no sólo de la identificación de su número de teléfono, sino de varios mensajes enviados por los líderes de la organización que   preguntaban por el paradero de “Plátano”.

Por otra parte, afirmó que Aparicio era la persona encargada de buscar a los trabajadores rurales para llevarlos a la finca, y que les proveía comida, por lo que “su rol dentro de la organización era superior respecto a otros acusados”.

La representante del MPF indicó que la imputación a los hijos de Aparicio surge de los intercambios comunicativos mantenidos, tanto con su padre como con el resto de los acusados.

Con Royo sucedió algo similar: en los chats era identificado por el apodo de “Cumpa”. Su identidad se conoció a partir de la titularidad de la línea y a raíz de las comunicaciones que mantuvo con otros imputados, entre ellos Garzón, Aldo Aparicio y Coronel. Su rol, según la fiscalía, estuvo relacionado a la siembra y cultivo de la droga.

Dado que se trata de la plantación de marihuana más grande del país descubierta, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de Aldo Aparicio y requirió que esta medida, que también recae sobre Berruezo, Salum, Farfán y Garzón, se extienda por cincuenta días más.

Gamba fundó el pedido tanto en la gravedad y en la naturaleza del hecho, como en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación penal, y también en que la pena que podrían recibir sería de prisión efectiva. 

En el caso de Aparicio, resaltó su poder económico, dado que posee alrededor de nueve vehículos registrados a su nombre, entre autos, camionetas y maquinas agrícolas, a lo que se suman numerosos teléfonos celulares, que ahora serán sometidos a nuevos peritajes.

Gamba sostuvo que la situación de Berruezo, Salum, Farfán y Garzón se agravó, por lo que argumentó la necesidad de mantenerlos privados de su libertad. Respecto a Royo y los hijos de Aparicio, propuso que queden en libertad provisoria con medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de salir del país y la presentación periódica ante la dependencia policial más cercana.

Lass defensas interpusieron una serie de planteos, como declaraciones de ilegalidad y nulidades de los allanamientos, los peritajes, el secuestro de teléfonos y chips y las intervenciones telefónicas, fundadas en la supuesta ausencia de autorización judicial.

La auxiliar fiscal respondió que hay constancias de la respectiva autorización y control judicial. Y destacó las premisas del Código Procesal Penal Federal, vigente en Salta y Jujuy desde el 10 de junio de 2019, entre ellas la oralidad y la desformalización del trámite del legajo, lo que pudo haber incluido en los pedidos de las defensas, ya que varias de las autorizaciones puestas en duda fueron oralizadas en las distintas audiencias celebradas.

La jueza Giménez respaldó la postura de la auxiliar fiscal, es más, ella misma intervino en la mayoría de las diligencias cuestionadas. Entre otras consideraciones, la magistrada acompañó también los argumentos referidos al riesgo de fuga, el entorpecimiento, la expectativa de pena y agregó el compromiso asumido por el Estado argentino de investigar a fondo estos hechos. 

La jueza desechó las impugnaciones, declaró la legalidad de la detención de los cuatro nuevos imputados, dio por ampliado el objeto de la investigación penal, dictó la prisión preventiva de Aparicio, extendió el plazo de los otros acusados y autorizó peritajes de los teléfonos y dispositivos secuestrados a los nuevos acusados.