La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción de adhesión a la Ley nacional 27.489 que creó el programa Cédula Escolar Nacional, que tiene como principal objetivo prevenir y revertir la deserción escolar, mediante la identificación de los alumnos que nunca hayan sido escolarizado o que abandonaron la escuela o colegio.

Tal como lo señala la normativa nacional, la detección de la población en edad de escolaridad obligatoria que se encuentra fuera del sistema educativo, será mediante la información obtenida a través del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el relevamiento que hagan los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales.

De ahí se recogen datos que pueden indicar posibles casos de deserción, tales como las repetidas inasistencias, falta de inscripción para rendir materias adeudadas o para cursar el año lectivo correspondiente, falta de cumplimiento en los controles sanitarios o el plan de vacunación obligatorio.

La iniciativa local está firmada como autor por Gonzalo Caro Dávalos, quien advirtió que retomó un proyecto presentado por Guillermo Martinelli y Silvia Varg aprobado en 2018, pero que caducó en el Senado sin tratamiento durante el 2020.

Además la Ley nacional crea el “Libro Blanco del Programa de Cédula Escolar Nacional”, que recopila los datos estadísticos nacionales y de cada jurisdicción sobre el desarrollo y los resultados del programa. Esta información servirá para diseñar acciones desde los diferentes gobiernos, pero a su vez la confidencialidad de la misma estará garantizada por la Ley nacional de Protección de datos personales.

En tanto, el diputado Adrián Valenzuela citó estadísticas para graficar la deserción escolar y aseguró que la pobreza es la primera de las causas, “en un país que en 2021 tuvo un 63 por ciento de pobreza infantil”.

También señaló que en junio de 2020, a nivel nacional un millón de niños y niñas se desvincularon del sistema educativo, lo que representa alrededor del 10 por ciento del total, en tanto que en Salta “la poca estadística que existe, marca que unos 4 mil estudiantes abandonaron sus estudios y no han sido vinculados nuevamente”. De ésos, el mayor porcentaje de deserción se registra en las zonas rurales.

Finalmente, se quejó porque nuevamente en la escuela Joaquín Castellanos hubo un desprendimiento de la mampostería, y porque en la Escuela Normal el director anunció que se cortaba el servicio de Copa de Leche porque carecen de una cocina en donde preparar las viandas.

La Secretaría de Agua no tuvo dictamen

Finalmente el proyecto incluido como punto siete del Acta de Labor Parlamentaria, que creaba la Secretaría de Gestión Integral del Agua, no pudo obtener dictamen en las comisiones y de esta manera quedó trunco su tratamiento.

La nueva dependencia reemplazaría a Aguas del Norte como la responsable de garantizar el servicio de agua potable en la provincia, lo que pondría punto final a la empresa estatal creada en 2009, cuando se rescindió el contrato a la empresa de gestión privada Aguas de Salta.

Si bien la iniciativa surgió de uno de los bloques alineados con el oficialismo y lleva la firma de otros legisladores también identificados con el saencismo, no logró prosperar en su paso por las comisiones, ya que consideraron que no es oportuno en este momento y que además se deben modificar más minuciosamente algunos de los artículos de la propuesta.

Por la mañana durante la conmemoración de la cabalgata del General Güemes a la Quebrada de la Horqueta, el gobernador Gustavo Sáenz, ante la consulta de algunos medios, consideró que una secretaría no es la solución para los problemas del agua. Ese comentario terminó de sepultar las intenciones de los autores del proyecto.

El actual director de Aguas del Norte, Luis María García Salado, también criticó el proyecto al considerar que no tuvo en cuenta los inconvenientes legales e impositivos que representa transformar la empresa en una secretaría.

Además, indicó que la presencia de dos ministros y un secretario en el directorio de la empresa marca que ya existe un trabajo articulado con el Ejecutivo provincial y que eso se traduce en una gran inversión en obras.

Reclamos por el transporte en Cachi

Mediante un proyecto de declaración en el que solicitan al Ejecutivo que gestione la mejora de la calidad del servicio de transporte suburbano e interurbano en el departamento Cachi, se puso en discusión el deficiente servicio que tienen las localidades del interior provincial.

Concretamente, la iniciativa plantea que se disponga la incorporación de nuevas unidades, mayor frecuencia, y la habilitación de una boletería virtual que permita la compra de boletos desde una página web.

Valenzuela, que habló en representación del autor del proyecto Federico Cañizares, ausente en la sesión por problemas particulares, subrayó la paradoja de que uno de los pueblos más turísticos de la provincia carece de terminal, y que los boletos para los dos únicos colectivos diarios se venden de manera presencial media hora antes de la partida en la oficina de la empresa.

Además, señaló la prácticamente nula conectividad suburbana, ya que el servicio funciona solamente en tiempos escolares, quedando los diferentes parajes aislados durante las semanas sin clases, por lo que los pobladores deben caminar varios kilómetros diarios.

Franco Hernández, por su parte, pidió un debate profundo sobre el transporte público de la provincia, y señaló que no existe una autoridad de aplicación tal como la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), que regula y controla colectivos, taxis y remises en capital y alrededores. “Se debe evaluar una Autoridad Norteña del Transporte para los municipios del norte de la provincia”, advirtió, y propuso lo mismo para las otras regiones.