Puertas separadas, solicitud de documento de identidad, inspección de objetos personales. La realidad de miles de trabajadoras que ingresan todos los días a trabajar en barrios privados de la Provincia de Buenos Aires y deben pasar por distintos tipos de controles, contrasta con la impunidad de quienes las emplean sin adecuarse a las leyes vigentes.
Argentina es uno de los países de la región en donde más porcentaje de mujeres que trabajan a cambio de un salario lo hacen como trabajadoras de casas particulares. Es la ocupación del 17 por ciento. Tres de cada cuatro trabajan en la informalidad. Desde 2010 existe una ley que las ampara y que produjo avances en el nivel de registro. Sin embargo, hace tiempo que está estancado. En esta preocupación se inscribe el Programa Registradas, lanzado el septiembre de 2021 para promover al mismo tiempo la registración y la recuperación del empleo post pandemia. A pesar de los beneficios para empleadores y los bajos montos que implica hacer los aportes correspondientes, todavía el 75% de las trabajadoras no accede a los derechos laborales más básicos.
¿Qué alternativas existen? Del lado de las trabajadoras, la lucha gremial es compleja. Deben antes sortear la precariedad, la atomización, la imposibilidad de encontrarse cotidianamente. En este sentido, la formalización es un paso previo para garantizar condiciones básicas para la libertad sindical. Por parte del Estado, más allá de los incentivos, parece no quedar más opción: es necesario identificar a quienes evaden sus obligaciones. Desde los dos sectores es necesario desterrar los mitos sobre las “bondades” del cobro informal. Es falsa la incompatibilidad del registro con el cobro de beneficios como la Asignación Universal Por Hijo/a, la Asignación por Embarazo, Asignación Familiar por Maternidad o Asignaciones familiares, según corresponda.
Las inspecciones son más complejas que en cualquier otra actividad por la naturaleza del trabajo: puertas adentro, en la esfera privada. En la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo, a cargo de la economista Mara Ruiz Malec (ver entrevista aparte), puso en marcha una propuesta innovadora. Decidió “empezar por los primeros” para llegar a “las últimas”. Para eso están pidiendo a los barrios privados de la provincia, donde vive la población con más alto poder adquisitivo, información sobre ingresos y egresos de personas al barrio. A pesar de la suma irrisoria que cuesta pagar los aportes de una trabajadora de casa particular respecto de los ingresos de quienes viven allí, la información que obtuvo el Ministerio de Trabajo es preocupante. Eligieron los barrios más exclusivos y aún así, la cifra de trabajadoras registradas correctamente fue de apenas el 22 por ciento, similar al promedio nacional.
Puertas adentro
P. está casada, tiene un hijo de cinco años y es fotógrafa. Hace dos años que vive en un barrio privado de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires. En su casa trabajan N. (23) y G. (49). G. trabaja de lunes a viernes. Se encarga de las tareas de limpieza, de hacer compras y preparar la comida. Cocina para el momento y también deja viandas en el freezer. N. es niñera. Retira al nene del jardín y lo cuida tres veces por semana, cuando P. trabaja fuera de casa. Antes de la pandemia, N. iba todos los días. P. tiene una buena relación con ambas. Pertenecen a la minoría de las trabajadoras de casas particulares que están registradas. Cobran lo que está estipulado. Como “personal para tareas generales”, G. cobró en mayo $41.391 y N., en la categoría “asistencia y cuidado de personas” cobra $384 la hora, trabaja 4 horas tres veces por semana y gana $18.432.
A P. y a su esposo les gustaría irse del país. Tienen parientes y trabajo garantizado en Barcelona. Después de hacer cuentas, decidieron no mudarse porque sería imposible para ellos contratar las 52 horas de trabajo ajeno que acá no les cuesta pagar y que los libera casi por completo de las tareas domésticas y les aliviana las de cuidado.
La punta del iceberg
Cuando la economía feminista se refiere a la injusta organización social del cuidado no sólo señala cómo la división sexual del trabajo doméstico y de cuidados recae mayoritariamente sobre las mujeres sino también la injusta distribución entre quienes pueden pagar por servicios y quienes no.
El feminismo del techo de cristal, preocupado por la participación de mujeres en cargos altos y lugares de poder, no es feminismo si deja vidrios rotos para que otras los barran por sueldos miserables. Esa metáfora resume lo que tantas veces se ha señalado: la ganancia de autonomía para algunas no debiera ir en detrimento de las condiciones de vida de otras.
Las condiciones de precariedad que sufren las trabajadoras de casas particulares son consecuencia de todo lo que falla y debería cambiar: las jornadas de trabajo extendidas que no dejan tiempo para el trabajo doméstico, el cuidado y el autocuidado, el déficit de infraestructura y políticas pensadas para alivianar esa carga, la falta de fiscalización sobre el registro laboral, los bajos salarios en general.
Entrevista a Mara Ruiz Malec (Ministra de Trabajo, PBA)
“Acá hay mucho de clase, mucho de patriarcado. No es un problema económico”
¿Cómo surgió la idea de pedir la información de ingresos y egresos en barrios privados? ¿Cómo sigue?
--Tiene que ver con la idea de que la pandemia no afectó a todos por igual. Si bien la obligación de registrar a las trabajadoras la tienen todos, nos parecía importante comenzar por los lugares, barrios, de mayor poder adquisitivo que son además quienes tienen más probabilidades de contratar esos servicios. De ese universo, empezamos también por los que tenían menor proporción de empleadas por cantidad de casas. Hasta ahora fuimos a once barrios. Para llevar adelante la iniciativa firmamos un convenio con AFIP, que, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, envía cartas para que regularicen. La proyección es hacer requerimiento de información a todos los barrios privados de la provincia. Lo que pedimos a los barrios es la información para fiscalizar y luego pedimos al presunto empleador que regularice. De esos once, cuatro nos brindaron la información y otros dos fueron multados por no hacerlo. Otros están en proceso. Pidieron más tiempo, alegaron que no tenían registro, pero lo iban a crear. De los cuatro que contestaron, ya no por mirar el número de casas sino por el número de personas que ingresan, encontramos que la mitad no está registrada. Un 17 por ciento aparece, pero sus datos no coinciden. Puede que esté registrada en otra casa, puede ser que el empleador la tenga mal registrada, esté en otro domicilio. No son datos accesorios. Por ejemplo, hay que regularizar esa información para el acceso a la ART. Luego puede haber otras situaciones como que esté registrada por otro empleo y no por ese. En total, nos dio que había en los barrios relevados, un 78 por ciento de trabajadoras con deficiencia de registración. Bastante grave porque el promedio nacional (75 por ciento) incluye hogares de menor poder adquisitivo que la de estos barrios. Pensábamos que iba a estar mejor que el promedio nacional y no encontramos eso.
¿Qué pasó con los barrios que se negaron a brindar la información?
--Como somos un organismo público que está pidiendo información de acuerdo con sus potestades entonces no pueden negarlo alegando protección de datos personales. Los que nos negaron la información están obstruyendo nuestra capacidad de fiscalizar. Y por eso aplica una multa. Lo que se viene ahora es ver qué sucede con las intimaciones que hicimos con los empleadores de las trabajadoras para ver si fueron dadas de alta o si responden por qué una persona está entrando a trabajar… Si no hay una explicación o un alta tardía, hay que avanzar en un sumario.
¿Cuál es la información que se contrasta?
--En algunos casos los registros dicen “trabajadora”. En bastante común que los barrios privados tengan un registro especial. Acá hay mucho de clase, mucho de patriarcado. No es un problema económico. A veces tienen hasta puertas separadas e incluso nos han enviado esa información separada. En otros casos hubo que analizar horario de ingreso y egreso. Lo que solicitamos fue el registro de tres meses. Se pidieron también los reglamentos de propiedad para ver qué tipos de registro tenían. Vimos que en los reglamentos no se determinan qué tipo de registros tienen pero intentamos pedir todo lo que nos sirviera para contrastar la información.
¿Qué cantidad de trabajadoras de casas particulares hay en el PBA?
--Según la Encuesta Permanente de Hogares, en la PBA hay unas 300.000 personas.
¿Cómo es la relación del Ministerio de Trabajo con los sindicatos?
--Trabajamos muy articuladamente. De hecho, nos acompañaron en el recorrido por barrios privados. Algo interesante que sucedió cuando llegamos al Ministerio fue que nos manifestaron que la queja de las trabajadoras era que muchas veces los propios Ministerios de Trabajo no conocen la ley. Y ellas brindaron capacitación para nuestros propios trabajadores. Un reclamo histórico es que la atención no era la misma que para los trabajadores formales del sector privado. Hicimos por eso una capacitación con todas nuestras delegaciones y estamos en permanente contacto para avanzar en el registro y la difusión de sus derechos.
¿Por qué no se hace más la intimación a personas con ingresos altos y alto patrimonio?
--La diferencia entre ese proceso y este otro que estamos llevando adelante es que tenemos información mucho más fidedigna. Hay alguien ingresando a una casa a trabajar. Permite que eventualmente avancemos en una sanción, como somos autoridad de fiscalización. No está exento que se haga una presunción de ingresos. Afip estaba trabajando en eso cuando se encontró con esta información que es complementaria. No cubre a todas las trabajadoras porque estamos hablando sólo de los barrios cerrados. Tenemos que preguntarnos cómo hacemos para llegar a otro tipo de viviendas pero este tipo de aproximación permite ir más al detalle. Vamos inventando cosas nuevas porque hace bastante que tenemos la ley, se han hecho muchas campañas, hay muchos beneficios para registrar y aún así el registro es bajo.
¿Se puede replicar en otras provincias? ¿Tienen diálogo con Nación?
--Si bien el Ministerio de Trabajo a nivel nacional tiene inspectores, es responsabilidad de las provincias la inspección. Nosotros tenemos una instancia que es el Consejo Federal del Trabajo. En general lo usamos para ponernos de acuerdo para lo que es interjuridisccional. En el último consejo, por ejemplo, nos pusimos de acuerdo en cómo se inspecciona el teletrabajo. Muchas veces otras provincias nos preguntan cómo hacemos los actos de inspección, etc. Hay que tener en cuenta igual que PBA tiene prevalencia en barrios cerrados. No sé si los nuevos diseños urbanos se replican del mismo modo en otras provincias…
Hoy por hoy hay registro de ingresos en muchas otras viviendas que no son necesariamente barrios privados. Pienso en la cantidad de torres que tienen seguridad privada.
--Sí. Algo que tratamos con los barrios privados es que no queremos hacer colisionar el derecho a la propiedad. Creemos que esta es una buena manera de acercarnos. No queremos tener que entrar en el hogar, que es una situación de tensión.
Hubo dos conflictos en la pandemia. Una con el barrio privado Nordelta, el otro en Tandil, donde se encontró a un propietario que intentaba ingresar con una trabajadora en el baúl…
--Sí, la primera fue previa a nuestra llegada al Ministerio. A veces intervienen otros delitos que exceden lo laboral. Hace poco, por ejemplo, una trabajadora denunció en un barrio cerrado que no la debajan salir. Ya es otra complejidad. Fijate que vos nombraste un barrio privado. Cuando requerimos información creemos que es también en su beneficio. Un tercio de las personas tienen debidamente registradas a sus empleadas ¿Por qué todo el barrio debería hacerse cargo de pagar una multa y de quedar asociados con la evasión por el comportamiento de otros? Queremos que quienes viven ahí también sepan que no tienen por qué hacerse cargo de lo que hacen otros. Además deben comprender que no son urbanizaciones aisladas de la sociedad. Y que lo que pasa ahí adentro es responsabilidad de quienes llevan adelante esas urbanizaciones. Cuando podemos, como Ministerio actuamos de oficio. Pero la mayoría de las veces, para tener la certeza y la evidencia necesitamos que la trabajadora se acerque y eso no siempre sucede. Para tener pruebas muchas veces necesitás que la trabajadora te acompañe. Si es una situación de conflicto, más aún necesitás que se involucre. La ley avanzó muchísimo en eso, en generar conciencia de las trabajadoras.
En la actualidad el salario de las trabajadoras se define en una mesa en la que participan el Ministerio de Trabajo de Nación, el sindicato de amas de casa (representando a lxs “empleadorxs”) y representantes sindicales del sector. ¿Qué opinás de ese mecanismo que establece la ley?
--En las negociaciones colectivas de cualquier actividad, tenés un problema de representatividad. Muchas veces las pequeñas empresas se quejan porque no se sienten representadas. Imaginate en casas particulares donde hay muchísimos empleadores atomizados. La negociación colectiva requiere agremiación. Por eso aunque suene extraño, necesitás eso, en este caso, el sindicato de amas de casa. O las define el Estado por su cuenta. Hoy tenés un mix de eso. Un mix de una agremiación de empleadores, de trabajadoras, y un Estado que pone más peso. Creo que ha venido funcionando bastante bien. Si hay que tomar otros parámetros, buscar otro empleador, más peso a los sindicatos… Creo que es el tribunal que la ley nos dejó y que por ahora no funciona mal. Hay paritarias, se ha dado un buen aumento, se ha reconocido la antigüedad… A veces lo más difícil lo tenés del lado del empleador.
¿Por qué pensás que el trabajo en casas particulares no se recuperó como otras actividades económicas?
--Además de la caída de los ingresos, daría la impresión de que el trabajo no está repuntando porque las personas encontraron otros arreglos. Sería importante conocer cómo se organizan hoy en día los hogares que antes contrataban trabajadoras y ahora ya no lo hacen.
