Desde hace ya varios años, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), analizamos la ejecución del Presupuesto Nacional etiquetado con Perspectiva de Género (PPG), el cual incluye partidas que fueron señaladas por tener impacto en la reducción de las desigualdades entre los géneros. Entre los principales hallazgos del análisis sobre la ejecución de estas partidas en el año 2021, encontramos que:
● Las actividades etiquetadas como PPG con mayor peso presupuestario fueron Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional y Asignación Universal para la Protección Social (Asignación Universal por Hijo/a y Asignación Universal por Embarazo) a cargo de la ANSES, representan el 85,68% del PPG, utilizaron casi la totalidad de sus recursos y alcanzaron todas las metas planeadas.
● La partida con más participación presupuestaria dentro del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue el Programa Acompañar, destinado a apoyo económico y acompañamiento integral dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género, tuvo un aumento del 183% en relación a su presupuesto inicial (pasó de contar con $4.496 millones a $13.527 millones) y finalizó el año con una ejecución del 97,5% de estos recursos.
● El presupuesto para la actividad de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (del Ministerio de Educación) se redujo un 8,15% y tuvo una subejecución del 26,47%.
● Las partidas de Protección de Víctimas de Violencias y Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata (ambas a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) subejecutaron un 51,66% y 20,29% de sus recursos disponibles, respectivamente.
● La ejecución del programa Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (del Ministerio de Educación) alcanzó apenas la mitad de lo presupuestado. Se construyeron 95 de las 2.151 aulas y 61.087 metros cuadrados de los 322.670 que figuraban como metas vigentes para 2021.
● En el Ministerio de Obras Públicas se presupuestaron cuatro actividades de infraestructura social del cuidado que sumaron un total de $8.413,03 millones. Sin embargo, perdieron la totalidad de su presupuesto durante el año 2021 y los documentos de gestión no informan por qué no se utilizaron estos fondos.
En lo que respecta al presupuesto del año 2022, destacamos que:
● Como no se aprobó el proyecto de ley por el Congreso, rige la prórroga del presupuesto 2021. Sin embargo, casi todas las asignaciones de las partidas PPG igualan al crédito vigente en 2021 en valores nominales. Es decir que no se contempló un ajuste a pesar de registrarse una inflación del 50,9% en 2021. Por lo tanto, si no se produjeran ampliaciones presupuestarias a lo largo del presente año habría una reducción interanual (en valores reales, ajustados por inflación) de más de un 30% en estas partidas.
● El Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete informaron que durante 2022 distintas jurisdicciones ofrecerán ponderadores para etiquetar nuevas actividades. Es decir que establecerán un porcentaje de ciertas actividades identificadas en las que aplica la etiqueta PPG. Es importante contar con información sobre los criterios detrás de cada ponderación, que todavía no resultan claros, y garantizar la participación de la sociedad civil en el proceso de formulación, monitoreo y ejecución de las partidas destinadas a reducir las desigualdades de género.
A través de su política fiscal, el Estado redistribuye riqueza y puede reducir la desigualdad y la pobreza, o aumentarlas. Por estas razones, además de la mirada de género en la distribución del presupuesto, sería esperable contar con perspectiva de género en otras dimensiones fiscales, como la recaudación impositiva y el endeudamiento. Las mujeres concentran una menor cantidad de ingresos –representan el 70% del decil más bajo– y son las más afectadas por el peso de los impuestos regresivos, como el IVA, que recaen desproporcionadamente sobre quienes menos tienen. A su vez, cuando el endeudamiento externo acarrea retrocesos en la prestación de servicios y bienes públicos y en los niveles de protección social –apostando por soluciones individualizadas y basadas sólo en la confianza en el mercado–, ello suele repercutir en afectaciones concretas para el ejercicio efectivo de los derechos de los sectores más vulnerabilizados, y tiende a incrementar los niveles de endeudamiento doméstico a los que estos sectores deben recurrir para suplir la ausencia estatal.
Conocer cuál es el impacto de la deuda en los diferentes sectores sociales, y cuál es el aporte al pago de los impuestos según géneros, junto con el análisis presupuestario, permitiría un mejor diagnóstico sobre los factores que reproducen o disminuyen la desigualdad y ayudaría a contar con herramientas para impulsar medidas fiscales redistributivas y adecuadas para reducir las brechas de género.
* Integrantes del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
