Antes de que termine el año en curso, el gobierno japonés aprobaría la píldora abortiva, alternativa menos invasiva y, por lo general, más económica para interrumpir voluntariamente un embarazo en las primeras 11 semanas. Pero el visto bueno llega con letra chica: en miras de la legislación vigente, todo indicaría que no será recetada a mujeres que no cuenten con “consentimiento conyugal”; es decir, con una aprobación escrita de sus parejas.
Cabe mencionar que, si bien en Japón la interrupción voluntaria del embarazo es legal desde hace décadas, de momento se practica únicamente a través de procedimientos quirúrgicos, que ellas deben pagar de sus bolsillos. Procedimientos a los que solo pueden acceder si tienen el permiso de sus cónyuges, salvo raras excepciones. Este requisito, dicho sea de paso, solo se aplica en un puñado de países (Arabia Saudita e Indonesia, entre ellos), y como recuerda el rotativo inglés The Guardian, ha sido condenado por la Organización Mundial de la Salud y por Naciones Unidas, entre muchas otras entidades internacionales de peso.
Aunque asociaciones feministas niponas llevan un buen tiempo reclamando vehementemente a las autoridades sanitarias que quiten esta condición (enmarcada en la Ley de Protección de la Salud Materna, para más data), la inminente comercialización de la píldora abortiva ha vuelto a poner el reclamo en el candelero. “Japón, la nación donde el varón tiene la última palabra sobre la interrupción del embarazo”, reza -sin más- el atinado titular de un popular diario ibérico a cuento de la noticia.
En charla con el diario El País, Kazane Kajiya -integrante del grupo Safe Abortion Project Japan y autora de una petición online para modificar la ley en pos de eliminar el consentimiento del varón- expresa: “En este país, los sentimientos de los hombres importan más que los derechos, la salud o la felicidad de las mujeres. Sabemos lo que queremos y tenemos el derecho de decidir qué hacer con nuestros cuerpos. Negarnos esta posibilidad equivale a un abuso perpetrado por la nación”.
Sostiene esta muchacha de 25 años que una de las posibles razones por las que todavía no se ha quitado el requisito es “por el escaso número de participación femenina en el parlamento nipón, que sigue siendo un bastión abrumadoramente masculino”. Por lo demás, cuenta que “debido a esta ley, hay mujeres que se han visto obligadas a seguir adelante con un embarazo no deseado porque algunos hospitales o clínicas les exigían mostrar el permiso de un exmarido, de hombres que eran depredadores sexuales o habían abusado de ellas, y ellas simplemente no podían pedirles esa autorización”.
Kumi Tsukahara, otra activista, recalca que “esta exigencia es problemática por un sinfín de motivos, especialmente cuando el marido se niega a firmar y obliga a la esposa a dar a luz contra su voluntad. Es violencia, una forma muy cruel de tortura”. Y aclara que aunque -en teoría- la demanda no recae sobre solteras o divorciadas, las clínicas suelen exigir el visto bueno del “padre del feto” por miedo a potenciales juicios. De hecho, si ellas -presas de la desesperación- falsifican las firmas de ellos, corren riesgo de condena: hasta un año de cárcel por faltar a la regla.
“En principio creemos que el permiso conyugal es necesario aunque el aborto sea inducido a través de un fármaco oral”, ha dicho el mes pasado Yasuhiro Hashimoto, director de la Oficina de Política Infantil y Familiar, ante un comité parlamentario. Comentario que evidentemente prendió las chicharras de alarma de muchas, incluida la diputada opositora Mizuho Fukushima, del Partido Socialdemócrata, que raudamente respondió: “Las mujeres no son propiedad de los hombres. Se deben proteger sus derechos, no los del varón. ¿Por qué debería necesitar la aprobación de su pareja? Es su cuerpo”. Fukushima advirtió, por otra parte, que el alto costo de los abortos quirúrgicos -entre 100 y 200 mil yenes, según el estadio- está limitando el acceso de chicas con modestos ingresos. Un asunto que acaso se replique con la venidera píldora abortiva…
Porque además del obstáculo que significa tener que presentar el infame permiso, ya se habla del costo prohibitivo del fármaco: al parecer, saldría unos 100 mil yenes y no estaría cubierto por el seguro médico nacional. Lo cual, acorde a Chiaki Shirai, profesora de Ciencias Sociales de la Universidad de Shizuoka, “lo volvería inaccesible para mujeres de bajos recursos por razones económicas”. “Tanto la anticoncepción como el aborto deberían financiarse con fondos públicos”, resalta esta docente, mientras otras voces en tema traen a colación significativo hecho: cómo el gobierno japonés tardó unos 35 años en autorizar la comercialización de la píldora anticonceptiva… y solo seis meses en aprobar el Viagra, en 1999. “Esto refleja el poco interés de los políticos y de la comunidad médica por la salud de las mujeres”, remarcan las activistas. Entre ellas, la citada Kajiya, que acusa al gobierno de “tratar nuestros cuerpos como propiedad pública, como meras incubadoras: madres o futuras madres, independientemente del deseo de cada una”.
