Las autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación y del Gobierno porteño volvieron a reunirse este miércoles para discutir sobre el traspaso de 32 líneas de colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires, pero no lograron alcanzar un acuerdo, por lo que volverán a reunirse en 15 días.
En el encuentro de hoy, los representantes de ambas jurisdicciones trataron el acuerdo borrador propuesto por la cartera de transporte nacional. Según dijeron fuentes de la cartera nacional, “no se observaron avances", ya que "hace más de un mes debido a la falta de devoluciones formales por parte de la Ciudad”. En ese sentido, se accedió al pedido de la Ciudad de agendar una nueva reunión en 15 días para que puedan realizar una devolución a la propuesta.
Desde Ciudad, en tanto, expresaron que hoy se conversaron aspectos técnicos referidos a los cuatro ejes planteados en el inicio de las reuniones: jurídico, económico, operativo e institucional. Y que ambos equipos seguirán trabajando internamente y se planteó volver a tener un encuentro en dos semanas.
La propuesta de Nación a CABA
La propuesta presentada por las autoridades nacionales contempla un traspaso escalonado, en el cual la Ciudad vaya asumiendo su competencia y participación en el sostenimiento del transporte. El borrador propone los siguientes puntos.
En ese contexto, ratifica que la Ciudad debe ejercer "en forma exclusiva" la competencia y fiscalización de los servicios públicos de transporte de pasajeros cuya prestación corresponda a su territorio, y que podrá fijar las tarifas del servicio de forma unilateral. A su vez, será responsable de los créditos y deudas psoteriores a la fecha del traspaso, y de la coordinación de los recorridos de las líneas en cuestión.
Además, coordinará la planificación y ejecución de estudios técnicos y de campo y la implementación de los mecanismos de participación ciudadana que se requieran. Y una vez aceptado el acuerdo, la Ciudad asumirá el compromiso de enviarlo a la Legislatura para su aprobación.
Nación, por su parte, ofrece continuar asistiendo a los servicios públicos de transporte automotor de pasajeros correspondientes al territorio de CABA con el pago de las compensaciones denominadas “Atributo Social”, y “Boleto Integrado”, y las que se generen de las “Comisiones Sube”. Además de mantener el sistema SUBE.
Mientras que los órganos técnicos de la Secretaría de Gestión de Transporte y de la CNRT prestarán toda la colaboración que les sea requerida con el objetivo de asegurar la continuidad de las tareas de control, regulación y fiscalización del servicio.
El conflicto por el traspaso de 32 líneas de colectivos
Lo que está en la mira es el traspaso de 32 líneas de colectivos que en 2021 demandaron 14.600 millones de pesos para subsidiar a unidades que circulan exclusivamente en la Ciudad, la única jurisdicción del país que recibe subsidios por colectivos internos.
Nación busca recuperar ese monto para destinarlo al Fondo compensador al Transporte Público con el que asiste a los colectivos del resto del país, ya que sostiene que esta situación resulta injusta con el resto de las 23 jurisdicciones que tienen a su cargo la administración y el financiamiento de su propio transporte público.
En los últimos 4 años, el aporte del gobierno de la Ciudad a su sistema de transporte de pasajeros fue decreciendo en detrimento de los aportes realizados por el gobierno nacional que compensó esa retirada.
En 2019, el sistema de transporte automotor porteño se financiaba 81% con fondos de la Ciudad y 19% de la Nación. Un año después, el gobierno porteño aportó el 51 por ciento mientras Nación casi triplicó su aporte al 49 por ciento.
En 2021, la proporción de aporte se invirtió, siendo la administración nacional la que más contribuyó al financiamiento del transporte porteño con un 56 por ciento, mientras que la administración porteña aportó tan solo el 44 por ciento.
En este 2022, el gobierno de la Ciudad dno puso aún fondos para financiar las 32 líneas de colectivos que circulan por territorio porteño, siendo el Ministerio de Transporte quien absorbió el 100 por ciento de las compensaciones que alcanzan la suma de 3.000 millones de pesos.