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Desde Roma
El Vaticano comunicó oficialmente esta semana que el IOR (Instituto para las Obras de Religión), más conocido como banco vaticano, cerró su balance del 2021 con 18,1 millones de euros de ganancias netas, la mitad de lo que había ganado en 2020 (36,4 millones). En 2019 las ganancias habían sido de 38 millones de euros, el doble de las obtenidas en 2018 (17,5 millones). Según explicó el Vaticano, las ganancias del año pasado están alineadas con las expectativas que se tenían dado el nuevo modelo de negocios aplicado al IOR que prevé un “perfil de riesgo prudente”.
La disminución de las donaciones al Obolo di San Pedro, el ente que recibe dinero para ayudar a las obras de caridad del Papa, fue uno de los factores que influyó en la disminución a su vez de las ganancias vaticanas, y también la escasa presencia de gente en la Santa Sede durante la pandemia, en especial en los Museos Vaticanos. Pero sobre todo influyeron las reformas impulsadas por el papa Benedicto y concretadas luego por Francisco que, entre otras cosas, hizo cerrar en 2014 una serie de cuentas en el IOR de personas que no tenían derecho a tener fondos en el banco vaticano que es sólo disponible para personal de la Iglesia o empleados vaticanos. Poco después Francisco hizo cambiar también el estatuto del IOR y estimuló además la realización de procesos dentro del Vaticano por delitos financieros.
Desde 2019, después que salió a relucir el escándalo por la compra de un edificio en Londres con fondos irregulares de la Secretaría de Estado vaticano -sede del secretario de estado o primer ministro vaticano-, el Papa decidió que los fondos de la Secretaría de Estado pasaran a la Secretaría para la Economía que ahora los controla.
En el negocio de Londres está implicado el cardenal Angelo Becciu, que en ese momento era sustituto de la secretaría de estado, al que el papa Francisco destituyó de todas sus funciones, incluso le quitó el derecho de voto en las próximas elecciones papales. Becciu y los demás implicados están siendo procesados en el Vaticano desde el año pasado.
Por décimo año consecutivo -antes no era común- esta semana, el IOR publicó su Informe Anual sobre los Estados Financieros de 2021 elaborado de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera, cosa que siempre impulsó el Papa Francisco en busca de una mayor transparencia en materia financiera. Después de pasar por el control a cargo de la empresa auditora Mazars Italia, el 26 de abril el Informe fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Superintendencia del Instituto, tal como está previsto en los nuevos estatutos.
El pasado 5 de junio, por otra parte, entró en vigor la nueva Constitución Apostólica que reforma la Curia Romana y se esperaban nuevos nombramientos de parte del Papa para los dicasterios creados, es decir, nuevas oficinas que colaboran con el Papa. En este contexto se difundió dos días después el nombramiento de la Comisión para las Inversiones - un organismo previsto en la reforma de la Curia- que será responsable de garantizar el “carácter ético de las inversiones mobiliarias de la Santa Sede de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia y, al mismo tiempo, su rentabilidad, adecuación y riesgo”, explicó el Vaticano.
El Papa eligió como presidente de esta Comisión al cardenal irlandés-estadounidense Kevin Farrell, hasta ahora encargado del Dicasterio para Laicos, Familia y Vida. Pero también forman parte del comité expertos en economía y finanzas de distintos países.
Los escándalos financieros y la pandemia
Francisco considera imprescindibles estos cambios después de los escándalos financieros que han arruinado la imagen del Vaticano en las últimas décadas, a fin de que el IOR sea transparente en materia de transacciones financieras y pueda evitar el reciclado de dinero.
Creado en 1942 por el papa Pio XII, el banco vaticano ha pasados por varios períodos de escándalos complicados. Entre ellos el de la bancarrota del Banco Ambrosiano en 1982, con el que el IOR tenía estrechas relaciones. El banco vaticano estaba dirigido entonces por el arzobispo Paul Marcinkus. La justicia italiana acusó a Marcinkus de reciclado de dinero de la mafia en conexión con la logia masónica Propaganda Due (P2) liderada por Licio Gelli - y de la que formaba parte, entre otros, el almirante argentino Emilio Massera-, pero los acusados, si eran ciudadanos vaticanos, nunca fueron procesados por la vigencia de los Pactos Lateranenses, un acuerdo entre Italia y la Santa Sede firmado en 1929 que los protegía.
Curiosamente, tres personas que tenían que ver con el banco Ambrosiano murieron en condiciones muy extrañas y las muertes fueron atribuidas a la mafia: Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano que había escapado a Londres, fue encontrado colgado bajo un puente del Támesis. Su secretaria Graziella Corrocher, se tiró desde el cuarto piso del banco en Milán, ambos en 1982. Michele Sindona, miembro de la P2 cercano a la mafia y al IOR, murió en la cárcel después que le dieron un café con cianuro en 1985.
En cuanto a estos últimos más de dos años de pandemia, se sabe que las mafias han probado todo tipo de operaciones financieras para reciclar el dinero obtenido ilegalmente con el tráfico de droga y otros tráficos y por eso los expertos en economía y finanzas sugieren estar más atentos. Según un estudio publicado por el instituto universitario Scuola Normale di Pisa, durante la pandemia las mafias han transformado a la región Toscana, donde está Florencia, en una de sus preferidas para el lavado de dinero sucio, adquiriendo restaurantes, hoteles, negocios, que habían caído en desgracia por la falta de turistas. Pero el reciclado se ha verificado en muchas otras regiones de Italia y puede ser un peligro también para el Vaticano.
