Se hizo largo el miércoles en el Centro de Justicia Penal para los directores de Vicentin que acompañaron a su presidente detenido, Omar Scarel, a sumar otra imputación por pegarle un zarpazo al patrimonio del grupo defaulteado al terminar de vender la fábrica Renova, sacarla del alcance del concurso, con el argumento de pagar una cuota de deuda a los acreedores. Pero el juez Nicolás Foppiani no compartió la desconfianza de los fiscales lo hicieron detener y rechazó el pedido para que el CEO continuara en prisión. Entonces lo dejó en libertad y le impuso una caución de 500.000 dólares.
Los fiscales de Delitos Económicos Sebastián Narvaja y Miguel Moreno formalizaron la acusación contra Scarel por "desobediencia en grado consumado" de dos medidas cautelares. Una fue la que el propio juez Foppiani había impuesto en setiembre de 2020. Era la "prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria de las empresas sobre las que Vicentin SAIC tendría participación", precisó anoche un vocero del Ministerio Público de la Acusación. Una de ellas era la fábrica de biodiesel Renova SA.
La otra desobediencia en la que incurrió Scarel fue violar el mandato del juez Hernán Postma, que en diciembre de 2020, cuando Vicentin ya había declarado su default, prohibió que el grupo se desprendiera de activos por más de 50 millones de pesos.
Lo que Scarel hizo fue realizar un contrato de compraventa entre Vicentin y Viterra Argentina SA para –según deducen los fiscales– transferir a Renova SA y sacarla de la posibilidad de perderla a manos de los acreedores en concurso judicial.
La imputación sostiene que Scarel traspasó así el 33,33% del paquete accionario de Renova a Viterra, a cambio de USD 310 millones. La operación se formalizó el 28 de abril pasado como "oferta de compra de acciones de Renova" de Viterra a Vicentin.
Esa operación, para los fiscales, fue la venta lisa y llana de Renova, enmascarada por una propuesta de pago de Vicentin a 800 acreedores que aceptaron. Y fue lo que otra firma acreedora –Olzen SA– advirtió y puso en alerta a los fiscales, tal como Página/12 publicó esta semana.
Pero el juez, al cabo de 8 horas de contrapuntos entre fiscales y la defensa, se inclinó por descreer de la intención dolosa del CEO de Vicentin. "Me resulta difícil pensar que lo que hizo Scarel haya sido una conducta atípica. Era imposible que se termine haciendo la venta (de Renova) porque iba a pasar lo que pasó. Los fiscales reaccionaron, como podrían haber reaccionado acreedores u otras instituciones vinculadas, como la AFIP. Pero era un delito imposible. Yo soy respetuoso de que la Fiscalía pueda imputar e investigar. Cuesta pensar que se haya intentado un delito tan burdo con una compra venta por 300 millones de dólares con toda la sociedad mirando. Publicar en Internet en el sitio del concurso una propuesta que violaba una cautelar, más allá de que haya sido un contrato enmarañado, me parece que era imposible que se hubiese materializado", opinó. Y así excarceló a Scarel, que regresó a su casa en Avellaneda por sus medios, a cambio de garantizar un depósito en garantía de 500.000 dólares.
El affaire Scarel fue una de las tantas cosas que pasaron en torno al concurso preventivo que debe organizar el mayor pagadiós de la historia económica argentina: 1400 millones de dólares en deudas por granos y por préstamos varios tomados de bancos internacionales y del Banco Nación Argentina. En el marco de esa debacle, los ejecutivos de Vicentin realizaron maniobras que el año pasado les valió una imputación por estafa, en la que Scarel está incluido.
Los fiscales Narvaja y Moreno consideraron que con esa desobediencia de Scarel, Vicentin perjudicó a la masa de acreedores del concurso preventivo que se le sigue en el juzgado de Fabián Lorenzini, en Reconquista.
El fiscal Moreno argumentó en su alegato que Scarel falseó balances y consignó como propiedad de Vicentin granos acopiados que no eran suyos. Agregó que el directorio simuló una posición de la empresa que no era real, con tal de seguir tomando cargas de productores granarios hasta el día antes de declararse en default, el 20 de diciembre de 2020.
"El señor Scarel es una especie de ilusionista. Nos muestra cosas que parecen ser otra cosa", enfatizó Moreno.
Cuando Scarel tomó la palabra, negó que haya tenido intención dolosa y naturalizó lo actuado.
"El juez de concurso había habilitado mesas técnicas con los acreedores. En una de esas negociaciones surgió la posibilidad de hacer una transferencia y un pago anticipado por las acciones de Renova. Sabíamos que había restricciones y cautelares, tanto del BCRA como de la Aduana", justificó Scarel. "En marzo los accionistas, y antes el directorio, habían aprobado la propuesta que es conocida por los acreedores desde febrero. Nosotros nos comprometimos con el juez Lorenzini a presentar una propuesta definida el 30 de abril y nos dio una prórroga hasta el 22 junio", expuso.
Narvaja presentó al juez la propuesta de pago que Scarel firmó para los acreedores el 29 de abril. La definió como "el borrador de escritura" de Renova en favor de Viterra, es decir, fuera ya del control de la concursada Vicentin. "Acá lo que se hizo fue una compra venta que se pretendió mostrar como una transferencia de acciones", afirmó Narvaja.