Los gremios docentes volvieron a reclamar en el Congreso que el gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Educativo y los convoque a la paritaria nacional. Acompañados por diputados de bloques opositores, dirigentes de la Ctera, Sadop y AMET dieron una conferencia de prensa para mantener sus demandas en agenda. Allí explicaron que, al incumplir la ley, el Estado nacional no sólo devalúa los sueldos de los maestros, sino que está dejando de mandar miles de millones de pesos a las provincias, mediante la subejecución del presupuesto. Por ejemplo, durante 2016 no fueron entregados más libros, los estudiantes recibieron 124 mil netbooks menos, el apoyo para las escuelas en situación de vulnerabilidad llegó a sólo ocho de las dos mil previstas y el equipamiento aprobado para 1600 colegios se concretó en apenas 262 casos. 

En el encuentro, la diputada Alcira Argumedo (Proyecto Sur), vicepresidenta de la Comisión de Educación, presentó un anteproyecto de ley que plantea la obligación del gobierno nacional de convocar a la paritaria. Es un texto sencillo, que ratifica la vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo, y propone la creación de una comisión bicameral de seguimiento. 

Hasta el anexo de la Cámara baja se acercaron a dar su respaldo legisladores del FpV, del Peronismo para la Victoria y otras fuerzas.

Por los gremios hablaron Sonia Alesso y Eduardo López (de Ctera), María Lázzaro (Sadop) y Sara García (AMET).  

La Ctera advirtió que durante el primer año de la gestión de Cambiemos, el Gobierno redujo el gasto educativo en un 5 por ciento en términos reales, es decir más del doble de lo que se achicó la economía (2,3 por ciento). Una parte sustancial de ese ajuste se concretó subejecutando fondos que estaban aprobados y asignados pero nunca llegaron a su destino. 

El sindicato elaboró un informe en base a datos públicos de los ministerios de Educación y Economía. “Estamos pidiendo que se cumpla con la ley porque es plata de la Nación que no está llegando a las provincias”, remarcó Eduardo López a PáginaI12.

Con el informe en la mano, el dirigente mostró las consecuencias directas  de la desinversión educativa PRO. Los datos corresponden al período 2016:

  • Estaba previsto que tuvieran asistencia financiera 10 mil escuelas rurales. La recibió un tercio: sólo 3391.
  • De los fondos aprobados para  las escuelas técnicas se ejecutó apenas el 15 por ciento.
  • La construcción de escuelas también fue disminuida: se terminaron 135 de las 195 previstas para enero-septiembre. 
  • En lo salarial, durante 2016 la mayoría de los docentes vieron reducidos sus salarios reales porque la inflación fue mayor que la pauta acordada. Este año, la negativa del Gobierno a llamar a la paritaria nacional fue el primer paso para el nuevo ajuste. 

La titular de Ctera, Sonia Alesso, completó que “los fondos tampoco llegan a las provincias en lo que hace a becas escolares”, ya que “hay cincuenta mil becas menos para jóvenes que cursan estudios secundarios, terciarios y universitarios”. 

María Lázzaro coincidió en el diagnóstico de una educación empobrecida. “En muchos lugares no se cumple con las partidas que corresponden –planteó la secretaria adjunta de Sadop–. Sentimos que la paritaria nuestra no se convocó porque fuimos la válvula de escape para poder sostener este proceso inflacionario mentiroso.”