La Cámara Federal de Casación le concedió la prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien se encuentra desde hace algunas semanas internado en una clínica de Merlo. La decisión de los integrantes de la Sala II impacta en una única causa, pero la defensa del exdirector general de Investigaciones de la policía bonaerense ya presentó pedidos en otros expedientes para que el represor pueda irse a su casa en cuanto le den el alta. Por el momento, nada indica que Etchecolatz –de 93 años– vaya a volver a su hogar en el bosque marplatense, pero la decisión se inscribe en una saga de domiciliarias concedidas por parte de los mismos jueces que incluye a los represores Mario Guillermo Ocampo y Luis Firpo, condenados a prisión perpetua en el juicio de la Contraofensiva. “Estamos siguiendo con mucha preocupación algunas decisiones de algunos tribunales que facilitan libertades condicionales o prisiones domiciliarias. En muchos de estos casos, somos querellantes y vamos a recurrirlas”, le dijo a Página/12 el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.

Los casadores Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma consideraron que, por razones de edad y de salud, Etchecolatz debe salir de la cárcel. Para hacerlo tomaron en cuenta que el Cuerpo Médico Forense (CMF) en noviembre pasado dijo que el otrora hombre de confianza de Ramón Camps padece un delicado estado de salud, que se ve agravado por la edad y que requiere asistencia permanente.

“La detención del nombrado en la unidad carcelaria provoca un agravamiento en su estado de salud, puesto que (de) los informes supra referenciados se desprende que el actual cuadro clínico del nombrado es delicado y el lugar de alojamiento no posee infraestructura suficiente para atender las diversas patologías de la que adolece el encausado”, escribieron los camaristas.

Desde comienzos de la pandemia, Etchecolatz está alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Inicialmente, desde esa dependencia se había informado que no tenían las facilidades para atender al represor. Ese informe fue parte de lo que consideraron los jueces para decir que Etchecolatz debe irse a su casa. “Los jueces se están basando en un informe viejo que después fue rectificado por la propia Unidad 34”, explicó a este diario la abogada querellante Guadalupe Godoy, que interviene en la mayoría de las causas que tienen como protagonista al exdirector general de Investigaciones.

La decisión de Mahiques, Yacobucci y Ledesma se tomó en el expediente por el asesinato de Horacio Alejandro Benavides, un militante que fue acribillado a metros de la Plaza Moreno de La Plata en septiembre de 1976. “Chupete” Benavides tenía 22 años al momento de ser ejecutado y había sido compañero de facultad de Néstor y Cristina Kirchner. La denuncia sobre lo sucedido con Benavides es impulsada por los abogados Pablo Llonto y Aníbal Hnatiuk. En octubre del año pasado, el juez federal Ernesto Kreplak procesó a Etchecolatz por su muerte, decisión que fue confirmada este año por la Cámara Federal de La Plata.

Si bien la defensa de Etchecolatz buscará que los tribunales que lo tienen a su cargo se pronuncien en sintonía con la decisión de la Sala II, esto está lejos de ser automático. Etchecolatz no está en un panorama similar al de diciembre de 2017, cuando volvió a su chalet en el bosque Peralta Ramos por decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 de la Ciudad de Buenos Aires.

Según pudo saber este diario, el TOF 1 de La Plata –que actualmente lo está juzgando por los crímenes cometidos en las brigadas de Lanús, Banfield y Quilmes y que lo condenó a prisión perpetua el mes pasado por desapariciones y asesinatos en Arana– tiene un pedido similar del genocida. Los jueces ya habían rechazado la domiciliaria el año pasado, pero esa decisión fue recurrida y está a estudio de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Ahora, el TOF deberá volver a pronunciarse.

Una saga negativa

La decisión sobre Etchecolatz no fue la única que tomó en esa línea la Sala II. El martes, Mahiques y Yacobucci otorgaron la prisión domiciliaria a Ocampo (74), condenado en Contraofensiva II después de siete años prófugo. Este miércoles, la Sala II benefició a otro consorte de causa, Firpo (90), que fue Jefe de la Central Contrainteligencia y de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601. 

Firpo estuvo en domiciliaria desde 2014 hasta noviembre de 2020, cuando el TOF4 de San Martín se la revocó después de que la auxiliar fiscal Gabriela Sosti denunciara que Firpo salía de su casa a hacer las compras. La defensa del militar pidió que lo mandaran a su casa después de que contrajera Covid mientras estaba detenido. En abril, el TOF4 rechazó la solicitud, pero la Sala II dio vuelta el fallo.

El TOF4 no tuvo más que acatar la decisión de la Casación, aunque dispuso que salgan de la Unidad 34 en cuanto les coloquen las tobilleras electrónicas. El trámite podría demorar algunos días, algo que la defensa de los represores está buscando acortar para acelerar los tiempos.

La Sala II de Casación fue eje de críticas de organismos de derechos humanos y de víctimas después de que dejara al excomandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros a las puertas de la libertad condicional y que aceptara que le apliquen la ley más benigna a Jorge “Tigre” Acosta, el jefe de inteligencia del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), lo que lo acerca a la posibilidad de salir de la cárcel.

“Las personas responsables de crímenes de lesa humanidad deben cumplir pena efectiva y completa para que no opere como una conmutación de pena, que está prohibido en este tipo de delitos”, resaltó Pietragalla Corti. “Respecto de las domiciliarias somos muy críticos de las que se otorgan livianamente porque sabemos que el Servicio Penitenciario está en condiciones y debe prestar los servicios médicos necesarios”, concluyó.