Con un acampe y clases públicas, docentes y estudiantes del Instituto universitario nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (Iunma) exigen al ministro de Justicia, Germán Garavano, “el compromiso con la continuidad de todos los puestos de trabajo y los programas político-educativos” de la institución luego de que funcionarios de esa cartera les confirmaran en una reunión desarrollada a principios de semana el cambio de rector que medios de comunicación habían anunciado a fin de mes pasado. “Sospechamos que la intención es el achique, porque nos consta que vienen con una tijera bajo del brazo, es parte de sus políticas de Estado. Pero también creemos que vienen con un posicionamiento político. Por eso buscamos que el ministro se comprometa a no hacer ninguna de las dos cosas”, explicó Mariela Conessa, integrante de la junta docente del espacio.  

El posible cambio en la dirección del instituto de formación universitaria que depende de la Asociación Madres de Plaza de Mayo llegó a fines de mayo en forma de noticias publicadas en Infobae y Clarín “con información muy específica”, apuntó Conessa. Docentes y estudiantes encendieron alertas y desarrollaron algunas medidas, fundamentalmente de difusión de “la movida del Gobierno”. La presidenta de la Asociación, Hebe de Bonafini, protagonizó un video que circuló fuerte en redes sociales en el que pide el envío de cartas en repudio a la intervención del Iunma. El lunes pasado marcharon hacia el Ministerio de Justicia y pidieron dialogar con Garavano. Después de tres horas de permanencia en la puerta del edificio en donde funciona la cartera, los recibió un funcionario de segunda línea quien confirmó el inminente desplazamiento del actual rector organizador de la institución educativa, Germán Ibáñez. Según publicó Clarín el lunes 29 de mayo, el candidato a suplantarlo sería Javier Buján, cuyos días al frente de la intervención macrista del Inadi están llegando a su fin.

“Aducen conflictos administrativos que son menores, como facturas mal hechas de los docentes. Ninguno es razón suficiente para desplazar a una autoridad que fue nombrada por decreto presidencial con acuerdo del Ministerio de Justicia y también del Ministerio de Educación”, denunció Conessa. En los artículos en los que se difundió la posibilidad de la “intervención” mencionan la existencia de desvíos de fondos, que los docentes desmintieron: “El instituto no es autárquico ni posee autonomía financiera. El rector no maneja la plata, todas las partidas las debe autorizar el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien durante 2016 subejecutó al mínimo el presupuesto destinado para 2016”. 

A pesar de que aún no conformaron un Consejo Superior que pueda realizar elecciones de las que surja un rector, la comunidad educativa continuó organizándose para exigir que Garavano les de una reunión, porque “con Avruj nunca se llegó a nada”. Desde ayer llevan adelante un acampe en la sede administrativa del espacio de formación, ubicada en 25 de Mayo y Tucumán, y clases públicas. “Aquí vamos a estar hasta el viernes en reclamo de que el ministro Garavano nos reciba y se comprometa a no echar a nadie y a no tocar los planes de estudio”, añadió. 

Los trabajadores y estudiantes del instituto sospechan que su “intervención inminente” es una “nueva amenaza de achicarlo y de entrometerse en los programas y los planes de estudio” que comenzó desde que llegó la gestión de Cambiemos a la presidencia. “Nuestros problemas empezaron en diciembre de 2015. Durante 2016 no hubo localización de sede, estuvimos dando clases en donde nos prestaban diferentes organizaciones sociales y fue un caos. No cobramos sueldos. Ahora seguimos sin sede, pero por lo menos logramos ordenarnos en cuatro espacios gestionados vía convenio por el rector. En enero algunos de los docentes cobramos parte de los meses adeudados, pero con el presupuesto de 2017. Las partidas designadas en 2016 se subejecutaron al mínimo, no sabemos adónde fue a parar ese dinero”, denunció Conessa.