El abogado Eduardo Romani, defensor del denunciado arzobispo de Salta, Mario Cargnello, consideró que la causa por la denuncia por violencia de género realizada por las religiosas del Convento San Bernardo de Carmelitas Descalzas será archivada. 

Por otro lado, la jueza intervniente, María Carolina Cáceres Moreno, corrió vista a la fiscala de Delitos Económicos, Ana Salinas Odorisio, para que se investigue la administración de bienes en el convento.

Cargnello, al igual que el sacerdote Lucio Ajalla, también denunciado, ya se presentaron a declarar y también a las entrevistas psicológicas requeridas por la jueza. Respecto a los resultados de los informes, Romani dijo a Salta/12 que forman parte del contenido del expediente y hay un impedimento de la jueza a las partes para referirse a lo que allí se tramita. Este bozal legal se dictó precisamente a partir de un pedido de la defensa del arzobispo. 

“Ya expusimos que monseñor se presentó a declarar, se sometió a las medidas que ordenó el juzgado, no tuvimos más avances. Al ser un juzgado netamente cautelar, se está dando estricto cumplimiento a lo que planteó”, sostuvo el abogado.

Todavía falta que declaren los otros dos religiosos denunciados por las monjas. Se trata del obispo emérito, Martín de Elizalde, y del juez único del Tribunal Eclesiástico de la arquidiócesis de Salta, Loyola Pinto y de Sancristóval. El último designó como defensor al abogado Carlos Cornejo Costas.

Romani consideró que la causa por violencia de género terminará en el archivo, y fundamentó esto en que “ya se tomaron las medidas que señaló la jueza del proceso”. Dijo que una vez que se termine de tomar las declaraciones, y de incorporar la documentación al expediente, “no hay mayores cuestiones a trabajar dentro de un proceso de violencia familiar y de género”. 

El letrado añadió que al tratarse de una denuncia en un juzgado de violencia familiar y de género, “no hay una cuestión de delito que se endilgue”. “Hay que entender la lógica, no hay un ganador o perdedor, ni sentencia condenatoria, solamente una denuncia que trae como consecuencia distintas restricciones, que son las que está cumpliendo monseñor. Consideramos que a estas alturas son innecesarias, su señoría tendrá que evaluar el tiempo por las que tienen que permanecer”, explicó. Calculó que estas medidas no pasarán de los 6 meses. “No se estudia si el hecho ocurrió o no, únicamente se llevan adelante las medidas como se están planteando”, insistió.

Una investigación de delitos económicos

Romani añadió por otra parte que la jueza corrió vista a la Fiscalía de Delitos Económicos para que realice una averiguación preliminar respecto a la administración de los bienes del convento de las carmelitas descalzas. Indicó que esto surgió en base a lo expuesto "en la denuncia primigenia" por violencia de género en la que se esgrimió que hubo violencia económica.

"Se habló en la denuncia de una posible violencia económica, nuestra parte hizo el descargo sobre ese punto porque monseñor Cargnello no administra los bienes del convento", sostuvo el letrado. 

Dijo que las hermanas carmelitas disponen de autonomía respecto a los bienes del convento pero tienen la obligación de rendir cuentas al arzobispo. Sin embargo, esto último, "no se está realizando hace muchos años", aseguró. 

"Las hermanitas tienen propiedades que generan rentas, que deberían ser administradas para que tengan un mejor pasar. No deberían pasar ningún tipo de privaciones", manifestó el abogado. Trascendió, por ejemplo, que el techo del convento estaba en mal estado. Romani dijo que "por eso se está pidiendo explicaciones para ver que está pasando con el dinero".

En la Fiscalía de Delitos Económicos se presentó Carlos Mentesana como el administrador de los bienes del convento y Carlos Obeid, como síndico. "Ellos tienen que dar las explicaciones de los bienes que tiene el Carmelo, en qué están siendo utilizados, por qué (las monjas) están pasando por necesidades", dijo Romani.

Obeid es el esposo de María Livia Galliano, la vidente que dice presenciar las apariciones de la "Virgen del Cerro", no aceptada oficialmente por la Iglesia Católica cuya ermita está a nombre del convento.

Romani consideró que María Livia "tiene influencia (en las carmelitas descalzas) sobre la parte espiritual en cuanto a la devoción de la Virgen del Cerro. Si tiene alguna implicancia desde el ámbito económico lo tendrá que merituar la Fiscalía de Delitos Económicos. Es algo que no conocemos, que no nos consta", manifestó.

El letrado también dijo que como no se rendían cuentas, el arzobispo no conocía las funciones específicas de Obeid y de Mentesana. Aclaró que estas designaciones son competencia de las monjas.

Romani además dijo que el mandato de la priora del convento, otra cuestión sobre la que se discutió en este conflicto, se encuentra prorrogado y las monjas siguen disponiendo de la administración de los bienes del convento. También indicó que está interviniendo la Santa Sede y hay que esperar el nombramiento de un enviado apostólico para que regularice la situación.