El gobierno de Chile anunció que solicitará la ampliación por 15 días más del estado de excepción en el sur del país, luego de constatar una reducción en los hechos de violencia como producto de la medida, según lo confirmó la ministra del Interior Izkia Siches. La funcionaria lideró una reunión de la que participaron los representantes de las policías y las fuerzas armadas, en la que reconoció que gracias a la medida disminuyeron los ataques armados e incendiarios en las provincias del Biobío y Arauco y en toda la región de La Araucanía, marco del conflicto mapuche. Siches sustuvo que el gobierno espera "contar con la aprobación de los parlamentarios" para esta prórroga, la segunda desde que el pasado 17 de mayo el Ejecutivo de Gabriel Boric cambiara su postura y decretara una medida excepcional que se negaba a imponer.
Reducción de la violencia en el sur
"Entendemos que esta medida es compleja, pero contribuye a implementar el plan que ha desarrollado nuestro gobierno y que permite mejorar las condiciones de vida en el territorio, una zona golpeada, con pobreza y con profundos hechos de violencia", advirtió Siches, quien explicó que se trata de una medida complementaria que habilita a que las fuerzas de seguridad se desplieguen también en la llamada macrozona sur.
"Este estado de excepción nos ha permitido reducir los hechos de violencia en más de un 42 por ciento, en sus distintas connotaciones. En materia de vehículos y maquinaria hemos visto una reducción del 80 por ciento, y en inmuebles incendiados más de un 53 por ciento de reducción", dijo la ministra. Por esta razón "hemos definido sugerirle al presidente extender esta prórroga del estado de excepción constitucional, porque entendemos además que nos ha permitido, como medida complementaria, llevar el 'Plan Buen Vivir' a la zona", señaló Siches.
El Plan Buen Vivir fue anunciado el mismo día en que empezó el estado de excepción en el sur de Chile. Contempla el reconocimiento de los pueblos originarios a través de la restitución de tierras y el aumento del presupuesto destinado a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), y también propone para julio próximo el inicio de la actividad de parlamentos territoriales "que reconozcan a las autoridades propias indígenas y a los actores del territorio". Estas medidas fueron ratificadas por el propio presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública ante el Congreso, una semana atrás.
En su discurso de este jueves, Siches también destacó que la presencia militar facilita la ejecución "de las funciones que el Estado desempeña en este territorio", como "la construcción de caminos, poder llevar suministros básicos esenciales para el funcionamiento de nuestras ciudades, como también insumos como petróleo o gas". La ministra tiene previsto exponer los datos a los parlamentarios la próxima semana con el fin de ratificar la ampliación de la medida que está vigente hasta el 15 de junio.
El gobierno de Gabriel Boric decretó el pasado 16 de mayo el estado de excepción en la denominada macrozona sur, pese a haber descartado implementar la medida antes de asumir la administración. Sin embargo, el alza de los hechos de violencia en la zona fue uno de los motivos que llevó a aplicar esta norma que, para ser extendida nuevamente, requerirá de la aprobación del Congreso, ya que el Ejecutivo está facultado para prorrogarla sólo en una ocasión.
Los parlamentarios oficialistas ya se mostraron a favor de ampliar la medida considerando la disminución en las cifras de ataques, aunque insistieron en que lo ven como una medida "complementaria" al Plan Buen Vivir y el diálogo que prometió el gobierno con las comunidades. Desde la oposición, sectores como la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaron que votarán a favor de prorrogar el estado de excepción, aunque calificaron el anuncio como una "derrota ideológica" del gobierno.
"El Estado los ha ignorado por décadas"
En medio de su viaje a Estados Unidos para participar de Cumbre de las Américas y reunirse con el presidente Joe Biden, Boric asistió a un conversatorio en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) en el que fue consultado sobre la relación de Chile con sus pueblos originarios. "En Chile reconocemos a lo menos nueve pueblos originarios, pero puede haber más. El Estado los ha ignorado por décadas, no solo robamos sus tierras, sino que también su cultura. Después de la violencia vino la asimilación y eso es algo de lo que estoy convencido que debemos cambiar", manifestó el mandatario.
En ese sentido, Boric aseguró que están trabajando en dos dimensiones correspondientes a encarar "las profundas raíces del conflicto: entregar las tierras de vuelta, promover sus lenguas e invertir más en servicios", y fue enfático en asegurar que "también debemos decir que la violencia no es el camino para lograr la solución y cualquier grupo violento lo vamos a perseguir". Respecto al proceso constituyente, el mandatario sostuvo que "la nueva Constitución tiene presente la visión indigenista, el desafío más importante es reconstruir la confianza".
Mientras tanto, la violencia en el sur no se detiene. Dos trabajadores que prestaban servicios a la Forestal Mininco fueron asaltados este jueves por tres hombres encapuchados, que los encañonaron con un arma de fuego, los golpearon y bajaron de una camioneta en la que se transportaban, robándose el vehículo, en la provincia de Arauco. Los afectados trabajan realizando faenas de reforestación en una empresa contratista vinculada al dirigente mapuche Santos Reinao, la misma en que se desempeñaba Juan Segundo Catril Neculqueo, trabajador forestal de 66 años asesinado en Lumaco hace un par de semanas.
