Tres policías de la Ciudad de Buenos Aires fueron procesados, y quedaron al borde del juicio oral y público, por el delito de "defraudación en perjuicio de la administración pública" por una presunta maniobra de carga fraudulenta de combustible para quedarse con la diferencia entre lo realmente cargado y el dinero pagado por la fuerza.
El procesamiento, dictado por el juez Diego Slupski y confirmado por la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen, incluye también al playero, quien presuntamente participaba de la maniobra.
Los policías Rodrigo Guillermo Pons, Emiliano Ezequiel Molina y Ever Heriberto Ruiz González no serán encarcelados, pero sí deberán pagar un embargo de 100 mil pesos cada uno.
Los tres fueron procesados por "haber integrado una organización criminal manteniendo un acuerdo expreso y previo para consumar maniobras delictivas bajo la misma modalidad en forma indeterminada, teniendo como fin llevar a cabo tantas conductas como la estructura que tenían organizada les permitiera".
Según detalla el fallo judicial, los procesamientos comprenden 18 episodios de carga supuestamente fraudulenta de combustible. "Los oficiales, quienes se desempeñaban como choferes en la Comisaría Vecinal 12 A de Policía de la Ciudad, se apersonaban en la estación de servicios YPF -ubicada en la avenida Congreso nº 4008 de esta ciudad- y junto con el playero Pablo Maximiliano González simulaban la carga de combustible mediante el escaneo de los dispositivos que están en los parabrisas de los móviles policiales", expone el escrito.
De esa manera, se efectivizaba el pago "por la operación de carga de combustible en favor de la mencionada estación de servicios, y en perjuicio de la administración pública de la Ciudad, para luego al concretarse la carga real en el vehículo de una persona que desconoce la maniobra, y percibir dinero en efectivo, repartirlo entre sus integrantes".
La maniobra salió a la luz a fines de noviembre de 2019, oportunidad en la que fue advertido un desfase entre la carga de combustible y los kilómetros realizados por los imputados en los móviles utilizados.
El juez Slupski consideró, y así lo avalaron los camaristas Marcelo Lucini e Ignacio Rodríguez Varela, que las pruebas recolectadas en la investigación "evidenciaron la exteriorización de la organización criminal descripta, mediante cargas irregulares de combustible".
Uno de esos elementos de prueba fue un audio secuestrado del teléfono de uno de los imputados, en el que hablando sobre la carga de combustibles le dice a otro: "…son ocho gambas (800 pesos) para cada uno".
Además, el juez examinó las cámaras de seguridad de la estación de servicio y las cotejó con los comprobantes, y concluyó que "el tiempo que dura la carga de combustibles en los distintos días y horarios señalados no es acorde con el tiempo que debe tardar para la carga de un tanque completo".
