Con paro, cortes y marchas, trabajadores estatales y docentes de Neuquén repudiaron el violento desalojo de la policía provincial a sesenta familias que ocupaban el Parque Industrial de Neuquén desde fines de abril, en reclamo de una vivienda digna. “Desde la época de (el ex gobernador, Jorge) Sobisch no se veía una represión de tal magnitud con la total complicidad de todo el aparato judicial y político. No hubo un muerto de casualidad”, denunció el secretario adjunto de ATE, Jorge Marillán, quien encabezó la marcha junto a los vecinos desalojadas.
La marcha desde el Monumento a San Martín hacia la Casa de Gobierno tuvo lugar en el marco del paro convocado por la CTA, ATE y los docentes de ATEN en solidaridad con las 60 familias reprimidas en la toma del Parque Industrial en la madrugada del martes y en coincidencia con los reclamos por el incumplimiento del acuerdo salarial firmado con el gobernador Omar Gutiérrez en marzo. La situación de los trabajadores de ATE también sirvió como síntesis de la realidad neuquina: “Teníamos compañeros estatales que participaban de la toma”, señaló Marillán.
La represión ordenada por juez Martín Marcovesky a pedido del intendente de la capital Horacio Quiroga contó con un despliegue que incluyó doscientos efectivos, balas de goma, topadoras y tres camiones volcadores. “Muchas de las personas que participaban de la toma no estaban porque por las bajas temperaturas fueron a dormir con sus hijos a las casas de sus padres”, contó el dirigente de ATE y describió la situación de quienes permanecieron resistiendo en el predio: “La Policía tiró a la cabeza con balas de goma y atropelló y detuvo vecinos con camionetas de civil.”
Después del mediodía de ayer, el reclamo de las familias se trasladó hacia la ruta 7, donde cortaron el tránsito, y la Policía nuevamente los enfrentó para liberar la vía. Los vecinos denunciaron que la represión continuó en el interior del barrio en las calles 5, 6 y 7 y que las escuelas cercanas al predio debieron suspender las clases.
Marillán explicó que la toma de los terrenos del Parque Industrial por parte de las 60 familias para reclamar por el derecho a la vivienda fue una medida de última instancia que tomaron a principios de abril. “Las familias ya habían sido desalojadas en enero y llevadas a un centro vecinal con la promesa de una solución. Hubo convocatorias a audiencias en la Defensoría del Pueblo, pero ni el gobierno provincial ni el municipal se presentaron. Ante la falta de respuesta fue que se decidió volver a la toma”, explicó el dirigente gremial, en diálogo con Radio Universidad.
La ausencia de diálogo por parte del Ejecutivo provincial (Movimiento Popular Neuquino) y municipal (Cambiemos) se volvió a repetir tras el violento desalojo. Marillán contó que ante lo ocurrido “la Pastoral Social neuquina convocó a un reunión de conciliación en la que los representantes de los gobierno provincial y municipal se volvieron a ausentar”.
El secretario adjunto de ATE lamentó que esa reacción y agregó un dato descriptivo: “Mientras a las familias pobres se les manda la Policía, a las familias ricas se les perdona: el Rincón Club de Campo, un country de la ciudad, tomó 8 hectáreas y el gobierno no interviene”.
El gobernador Gutiérrez habló de la represión en el Parque Industrial para pedir “diálogo” como herramienta para encontrar posibles soluciones y subrayar que “la provincia de Neuquén es la que más desarrollos habitacionales está haciendo”.
Según datos oficiales, 20 mil personas están inscriptas en el Registro Único Provincial de la Vivienda (Ruprovi) para acceder a una vivienda con financiamiento estatal, a través de los cuales la gestión de Movimiento Popular Neuquino entregó 5 mil soluciones habitacionales, entre planes de viviendas, lotes, refacciones, casas de esfuerzo propio y otras líneas. A través de esos planes, según publicó el diario Río Negro, una vivienda tipo sale 950 mil pesos y es pagada en cuotas mensuales de alrededor de 2500 pesos.
De acuerdo a las cifras de las cooperativas de vivienda, difundidas por el diario provincial, las políticas de vivienda estatales no llegan a cubrir el 1 por ciento de la demanda.
