El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta se pronunció respecto a las condiciones de detención en las cárceles y comisarías de la provincia de Salta, señalando las responsabilidades de la falta de inversión al Poder Ejecutivo. 

En tanto, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por Laura Cartuccia, visitó la Unidad Carcelaria 4 de Mujeres, e indicó que la asignación de recursos le compete al Ejecutivo, pero a la justicia le corresponde "agilizar los tiempos". Cartuccia anunció que se reunirán con el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, el lunes próximo, y que apoya la propuesta para que se declare la emergencia carcelaria. 

Por otro lado, el Comité de Prevención de la Tortura convocó a una mesa de trabajo interinstitucional. 

“Nos parece necesario poner en claro que el sistema de encarcelamiento preventivo y de condenados es de responsabilidad primaria del Poder Ejecutivo Provincial, y la falta de inversión no es atribuible a los operadores de justicia, quienes no tenemos injerencia en el presupuesto provincial”, sostuvo el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta, presidido por la jueza del Tribunal de Impugnación, Virginia Solórzano, y la fiscala Gabriela Buabse.

En un comunicado, el Colegio señaló que la falta de asignación de recursos durante años es el principal problema, y “no la dinámica procesal provincial”, aunque reconocieron que el procedimiento judicial podría mejorarse “con reformas como la incorporación de la oralidad en todo el proceso penal”. Y se comprometieron a participar de una comisión para la modernización de los códigos procesales provinciales, dispuesta por el Ejecutivo provincial.

Asimismo, el Colegio afirmó que la escasez de recursos se vio agravada por decisiones de política pública, como la provincialización de la lucha contra el microtráfico de drogas y la tolerancia cero en cuestiones de violencia de género. “Tales decisiones institucionales, que compartimos, implicaron un aumento exponencial de la población carcelaria”, afirmaron.

Lxs magistradxs también resaltaron que esto se da en un período gubernamental atravesado por emergencias sanitarias. Y afirmaron que Nación no transfirió los fondos necesarios que corresponden a la Ley Convenio de Transferencia de Competencia Drogas, “esta falta de inversión y de partidas tiene 10 años de atraso”, aseguraron.

“Bregamos por soluciones integrales que no surjan de lecturas rápidas que responsabilizan al Poder Judicial sobre cuestiones de políticas públicas. Se nos adjudica la inseguridad si no hay encarcelamientos inmediatos y, a la vez, (por) los problemas de superpoblación carcelaria”, manifestaron.

Visita al penal de mujeres

Los legisladores que integran la comisión de Derechos Humanos recorrieron el lunes último las instalaciones de la Unidad Carcelaria 4 de Mujeres, en Villa Las Rosas. Les acompañó la comisionada Cristina Cobos, del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, organismo que realizó una visita previa al penal y elevó a las distintas instituciones estatales un informe en el que expusieron la vulneración de derechos a las mujeres privadas de la libertad.

“A raíz del informe que nos elevó el Comité contra la Tortura, decidimos hacer la visita en conjunto, recorrimos todas las celdas, los baños, instalaciones sanitarias, patios, talleres”, explicó Cartuccia a Salta/12.

La diputada sostuvo que la asignación de recursos es responsabilidad del Ejecutivo, pero el Poder Judicial tiene la obligación de agilizar los tiempos. Indicó que varias internas les dijeron que esperan resoluciones judiciales por su situación procesal, una de ellas tiene un pedido de prisión domiciliaria desde el año pasado, otra espera el resultado de un habeas corpus y otras aún esperan que les resuelvan la pena.

La legisladora se refirió a la superpoblación carcelaria y las condiciones edilicias como los principales problemas, indicó que la U. C. 4 tiene capacidad para 90 internas pero en estos momentos aloja a 110, más dos niños y dos niñas que están allí con sus madres. “Hay una gran cantidad de mujeres alojadas. Hay hacinamiento”, sostuvo. 

“Recorrimos las celdas de aislamiento, son muy pequeñas, las paredes están húmedas y descascaradas, con poca ventilación”, observó además.

La diputada dijo que la directora refirió que intenta reflotar un convenio con un jardín de infantes para que lxs niñxs que viven en el penal puedan asistir.  

Además, Cartuccia sostuvo que espera reunirse con el ministro de Educación, Matías Cánepa, para plantearle lo que atañe a este ámbito en el sistema carcelario. La única carrera de nivel terciario que pueden cursar las personas privadas de la libertad en Villa Las Rosas es la licenciatura en Comunicación que dicta la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Según dijo la legisladora, en el penal aseguraron que las mujeres cuentan con las posibilidades de realizar el nivel primario y secundario, pero la comitiva de visita no pudo ingresar al lugar dispuesto para que tomen clases, que sería en la planta alta.

"Nos comprometimos a gestionar con los distintos núcleos educativos que los docentes puedan ir y dar talleres de oficio", contó. Además, indicó que mientras en la cárcel de varones  se trabaja con convenios para procurar su inserción laboral, esto no se hace con las mujeres. También dijo que volverán con algunos insumos, porque hay prisioneras que no tienen familiares y esto implica que nadie les alcanza elementos de primera necesidad.

La legisladora también dijo que el día de la visita estaba "el psiquiatra", quien dijo que va lunes, miércoles y viernes, y comentó que les llamó la atención que en penal de mujeres solo haya profesionales varones, de psiquiatría, psicología e incluso de ginecología. 

Por otro lado, afirmó que la problemática de hacinamiento se da a nivel provincial, ya que las instituciones de reclusión tienen capacidad para alojar a 2 mil personas, pero en actualidad hay 4 mil.

“Considero que es necesario declarar la emergencia carcelaria, traerá aparejada la inversión y es algo que es muy urgente”, sostuvo y manifestó se trata de "una cuestión resolutiva y no declamativa. La gente se encuentra en condiciones que no son óptimas". La comisión de Derechos Humanos tiene previsto reunirse con el ministro de Seguridad y Justicia el lunes próximo. 

Una mesa de trabajo 

"Celebramos que los diputados se hayan interesado en ir a los lugares donde ya hicimos las visitas. Los tres que fueron, están muy interesados en las temáticas, charlaron mucho con las detenidas. Se interiorizaron en cómo viven", manifestó por su lado la integrante del Comité contra la Tortura, Cristina Cobos, que acompañó la visita de legisladorxs al penal de mujeres.

"Nosotros hemos decidido formar una mesa de trabajo que va a estar integrada por el Poder Judicial, la Procuración, el Colegio de Abogados, y el Comité", dijo la comisionada. También participará el Ministerio de Seguridad y Justicia. La primera reunión fue ayer.

Cobos explicó que se proponen llevar adelante un trabajo a nivel institucional y esperan que se vayan sumando instituciones públicas involucradas en el sistema carcelario.

"Lo que está haciendo el Comité es una planificación de trabajo hacia adelante. La mesa es para que trabajemos todos juntos en concordancia para ver qué hay que hacer. El objetivo del Comité es modificar como está el sistema penitenciario, buscar canales y cómo lo vamos a hacer", sostuvo.