El intendente de Orán, Pablo González, vetó parcialmente la ordenanza que pretende reparar la memoria de los trabajadores municipales que fueron víctimas del terrorismo de Estado y que además extiende esa reparación a sus familias. En el caso del municipio oranense, la ordenanza menciona a tres traabajadores: René Russo, Reina León y Mario Bernardino Luna. 

El proyecto fue aprobado el 6 de mayo y restaba que González, en el tiempo estipulado, promulgara la ordenanza. Pero el jefe comunal sólo dio el visto bueno al primero de sus artículos, que refiere a la Creación de Legajos Laborales de Trabajadores Municipales Desaparecidos, a cargo del área de Personal de la Municipalidad. 

En el informe que el intendente presentó al Concejo Deliberante dejó asentado que vetaba el artículo 2, que permitía incorporar laboralmente dentro de la administración municipal a los hijos e hijas de personas que cumplían funciones en el municipio y que fueron víctimas del terrorismo de Estado entre 1974 y 1983. También vetó el artículo 3, por el que el municipio adhería al Decreto Nacional 1199/12, que habilita la inscripción "detenido-desaparecido" en los legajos de las personas individualizadas en las planillas anexas, que revistaban como agentes de la Administración Pública. 

Lo mismo sucedió con el artículo 5, por el que se adhería a la Ley Nacional 27.656 de Reparación Histórica para el sector privado. Por tal razón, familiares, integrantes de organismos de derechos humanos y ediles, insistirán hoy para que la ordenanza obtenga finalmente su promulgación.

El autor del proyecto, el concejal Samuel Huerga (Partido Obrero), informó que se comenzó a trabajar en la iniciativa con el propósito de reparar la memoria de las personas desaparecidas por el terrorismo estatal. Además, porque  "sus familias se vieron privadas de ingresar al municipio cuando se los dio por muertos", expresó. Una característica común en las detenciones forzadas de los trabajadores estatales es que les desaparecían sus legajos también. Por eso, Huerga aseguró que la restitución de los legajos era imprescindible. 

En esa línea, también dijo que el Estado debe "permitir que los hijos de los empleados desaparecidos tengan la posibilidad de ingresar como trabajadores de planta permanente". A nivel nacional se reconoce que son 28 los hijos e hijas de trabajadores detenidos desaparecidos que se desempeñaban dentro de la administración pública. 

Para el concejal, la Municipalidad oranense "no entiende nada" sobre la necesidad de reparar la memoria. A pesar de que la sala de sesiones del Concejo Deliberante lleva el nombre de René Russo. "Lo que busca el proyecto es restaurar lo que el Estado hizo con estas familias y desaparecidos", manifestó. 

En ese sentido, cuestionó a González y señaló que el jefe comunal no debió vetar parcialmente la ordenanza porque la norma no lo permite. Indicó que el procedimiento correcto sólo tenía dos opciones: vetarla en su totalidad o promulgarla, dado que la única ordenanza que puede vetar parcialmente es la presupuestaria. "Es un impostor porque lo veta parcialmente", y no permite que se lleve adelante "una restitución que hace el Estado", quien se asume como responsable, precisó. 

El concejal Gonzalo Díaz (Frente de Todos) dijo a Salta/12 que en la sesión de hoy se insistirá nuevamente en su aprobación. Para ello, deberán contar con los dos tercios de votos y, de aprobarse, el intendente ya no podrá vetarla nuevamente. 

El edil recordó que la intendencia tampoco cumple con una ordenanza que dispone la señalización de determinadas calles de la ciudad con el nombre de los detenidos desaparecidos de Orán. 

Por su parte, desde la intendencia se manifestó que no tiene inconveniente con la propuesta de Huerga, sobre todo en lo referido a la creación de un registro; pero, en relación a los demás artículos, se consideró que no pueden "adherirse a ciegas" a normas que sólo remiten a la administración nacional.

El secretario de Legal y Técnica del municipio, Sergio Vélez, dijo a Salta/12 que volvieron a mandar el proyecto al Concejo con la idea de que pueda modificarse, pues consideran que debe haber mayor claridad sobre cómo se reglamentará la incorporación dentro del municipio. Según Vélez, el decreto de incorporación está referido a las dependencias nacionales y no a la ciudad oranense. 

"No necesitamos adherirnos a un decreto que determina cómo se va a implementar ese registro en el ámbito nacional", expresó. Sostuvo que la incorporación de nuevos empleados "no nos entorpece en nada porque no significa que sea un gran caudal" de trabajadores, pero "lo que sí creo es que el proyecto se puede modificar y con esa intención lo mandamos". 

Acto seguido dijo que no quieren que se politice el asunto porque no desean que se tome como una cuestión ideológica, sino que simplemente piden claridad en la implementación. "Son normativas a las que no necesitamos adherirnos, salvo que establezcan cuestiones propias del municipio", reiteró. 

"Ahora me han tirado un cachetazo"

Isabel Parada fue la compañera de René Russo: "El Estado me apaleó por la espalda (desde la desaparición de René), y ahora me han tirado un cachetazo", expresó tras enterarse del veto. La mujer es trabajadora municipal desde hace más de 25 años, se desempeña en la mesa de entradas del Concejo Deliberante. 

De haberse promulgado la ordenanza, su hija sería una de las personas que podría ingresar a la planta permanente del municipio, ya que en el momento del secuestro de Russo, apenas tenía dos años. La pareja también tenía un hijo, que era mayor por un año de diferencia, pero falleció en Buenos Aires. 

Parada también insistirá en la sesión de hoy para que se promulgue la ordenanza. "No sé qué van a decir los otros concejales", dijo. El proyecto cuenta con el apoyo garantizado de los ediles del Partido Obrero, el Frente de Todos y el Movimiento Evita, pero no sabe qué harán los afines al jefe comunal. 

"Pareciera que (la lucha de los derechos humanos) es un peso para ellos" porque "lo que han escrito con la mano, lo borran con el codo", sostuvo Parada en relación al veto del intendente. En ese sentido, dijo que no respetan lo que se ha dictaminó a nivel municipal ni nacional, "es como si no me tuvieran en cuenta", lamentó. 

René Russo fue detenido el 24 de marzo de 1976 y desaparecido el 24 de diciembre de ese año, desde el penal de Villa Las Rosas, en la ciudad de Salta. Integraba la comisión de la Juventud Comunista y fue catalogado como un "líder" en Orán, donde contaba con el acompañamiento de varios militantes y del propio Luna, también desaparecido. "Él iba a dar clases a los campesinos, lo hacía gratuitamente, sin cobrar un mango y porque así lo creía", recordó su compañera.