El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salió a respaldar la cuestionada decisión de su Ministerio de Educación de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas de la ciudad. “A partir de ahora los docentes de la ciudad tienen que respetar las reglas del idioma español”, dijo en tono imperativo como si en las aulas se hablara otra lengua.
“Fuimos para atrás en lengua y escritura, por eso es muy importante simplificar el aprendizaje para que los contenidos sean de la forma más clara posible”, dijo el referente de la fuerza política que desde hace 15 años gestiona la Capital Federal. Sin embargo, su espaldarazo a la medida que discrimina a un sector de la sociedad chocó a contramano con uno de los perfiles que por momentos tuvo su gestión.
Rodríguez Larreta y el lenguaje inclusivo en el gobierno porteño
Desde que el lenguaje inclusivo fue modificando el uso del castellano rioplatense el gobierno porteño lo institucionalizó en su cartelería y hasta en cursos y talleres que la subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural capitalina brindó a los empleados públicos.
En uno de los talleres que se dictaron, una gacetilla de la administración de Juntos por el Cambio indicó que el lenguaje “es fundamental en la formación de la identidad social” y que la clave de estos tiempos radicaba en la “necesidad de erradicar el sexismo lingüístico”. Para ello, prosiguió, la administración porteña “entiende que la incorporación del lenguaje inclusivo es una política de cambio cultural hacia una sociedad más igualitaria”.
Precisamente ese fue uno de los ejes que más críticas cosechó la resolución de Soledad Acuña: deplegar una nueva forma de exclusión de las minorías que no se reconocen en el masculino o el femenino.
Para Rodríguez Larreta, a partir de ahora lxs estudiantes “tienen que dominar las normas del español tal cual es”. “Después estará en cada uno la decisión de cómo adaptar eso, pero en la escuela hay que respetar el idioma español”, sentenció.
Las contradicciones también fueron excusa para las humoradas en las redes sociales, que poco a poco fueron poniendo en evidencia algunos de los absurdos en que incurrió el gobierno porteño durante algunas campañas. Como por ejemplo cuando promocionó la “Subtrenmetrocleta”, toda una afrenta contra el ahora mentado respeto a la Real Academia Española.
La culpa es del lenguaje, no de la gestión
El espaldarazo a la decisión de Acuña de borrar la inclusión en el lenguaje fue hecho públicamente en una conferencia donde esta lo acompañó. Entre ambos dieron los argumentos para justificar esa decisión que va a contramano con los avances sociales en materia de derechos.
Dijeron que el fin de facto del lenguaje inclusivo en clases y la comunicación oficial de las escuelas se determinaron ante los magros resultados de unas evaluaciones educativas que dieron muestra de que “hubo un retroceso en lengua y escritura”.
“Hay chicos y chicas que no pueden leer y no pueden escribir con fluidez y que no comprenden lo que leen”, refirió Acuña con tono apesadumbrado.
Es decir que, en la interpretación del gobierno porteño, el retroceso no tuvo que ver con la subejecución del presupuesto educativo, los cambios unilaterales en las currículas, los cierres de bachilleratos e institutos de formación docente ni el exclusivo sistema inscripción que año tras año deja sin vacantes a miles de estudiantes. La culpa de los magros resultados la tiene el uso de la “e” y la “x” en lugar de la “a” y “o”, tradicionalmente utilizadas para señalar lo femenino y masculino.
“A partir de ahora los docentes de la ciudad de Buenos Aires tienen que respetar las reglas del idioma español”, ordenó Larreta y para respaldar su decisión y la de Acuña recurrió a un ejemplo un tanto particular. “Tienen que respetar el idioma español. Esto ya se hizo en Uruguay, en Francia y en otros países”, dijo como si en los colegios galos se hablara castellano.
Soledad Acuña: "Se tiene que cumplir"
Por su parte, Soledad Acuña fue menos tolerante a la hora de dar justificaciones. Sostuvo que el lenguaje inclusivo es “una traba” que afecta la comprensión lectora y de la escritura.
“La utilización incorrecta del lenguaje español de las pautas y convenciones en que nos comunicamos hacen que los chicos tengan trabas”. Y para solucionar esto, concluyó, “necesitamos sacar las trabas”.
Luego salió al cruce de las críticas que sindicatos como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) dirigieron en contra de su decisión: “Nosotros no les pedimos permiso a los sindicalistas para tomar decisiones en materia de política educativa. Decidimos sobre evidencia dialogando con especialistas y con todos los actores de la comunidad educativa”, lanzó.
Tampoco fue tibia a la hora de decir qué ocurrirá con lxs docentes que se nieguen a respetar esta disposición. “Como toda norma vigente, se tiene que cumplir. Hay mecanismos y procedimientos dentro de las regulaciones para garantizar que se cumplan y las autoridades educativas tienen herramientas para hacerlo”, disparó.
Luego trató de ser condescendiente. Dijo que la normativa “no busca perseguir ni sancionar”, sino que más bien pretende “ordenar la enseñanza en las aulas”. “Buscamos regular la actividad del docente en su rol frente al aula y las comunicaciones institucionales. No estamos persiguiendo ni (haciendo) caza de brujas. Queremos enseñar mejor para que los chicos aprendan”, concluyó.
