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Desde Santa Fe
El lawfare a la santafesina volvió a quedar a la vista en la Legislatura. La Cámara de Diputados se negó a tratar sobre tablas un “beneplácito” por la resolución 271 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario que ponderó las investigaciones de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery que destaparon los vínculos del crimen organizado con el poder político, judicial y económico en la provincia porque el pronunciamiento de la UNR expresó también su “solidaridad” con la abogada Nadia Schujman, quien está “sometida a una investigación de características inapropiadas y alejadas de normas procesales expresas, con seria afectación de sus derechos y dignidad”. El apoyo al documento de la UNR lo propuso la diputada peronista Matilde Bruera para que se tratara en la sesión del jueves, pero se topó con el rechazo –entre otros- del presidente del bloque radical Maximiliano Pullaro, uno de los perseguidores del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y de su equipo, que integró Schujman. “No me aceptaron el tratamiento sobre tablas por que la Universidad se solidarizó con la abogada de Hijos. Eso me dijeron. Porque dicen que yo afirmo que es una persecución arbitraria. No lo digo yo, lo afirma el Consejo Superior, que integran juristas y representantes de todas las expresiones políticas”, retrucó la legisladora. La declaración de la UNR fue aprobada por unanimidad por su máxima autoridad académica, en un espacio plural que tiene mayoría de radicales alineados con el rector Franco Bartolacci.
Bruera presentó la minuta la semana pasada para que la Cámara de Diputados declare su “beneplácito” por la resolución 271 del Consejo Superior de la UNR, que es un documento que se pronunció sobre tres asuntos: 1) Manifestó su “reconocimiento y valoración” a las investigaciones de Schiappa Pietra y Edery, entre ellas una causa por corrupción en la que pidieron el desafuero del senador Armando Traferri, en diciembre de 2020. 2) Expresó su “solidaridad” con Schujman, que hoy “está sometida a una investigación de características inapropiadas y alejadas de normas procesales expresas, con seria afectación de sus derechos y dignidad”. 3) Y exhortó a Legislatura a preservar la “división de poderes” y la “independencia" del Ministerio Público y derogar una ley votada sobre tablas en las dos Cámaras, en noviembre de 2017, que sometió a los fiscales a la “potestad disciplinaria” de la comisión de Acuerdos y de la Asamblea Legislativa. El autor de la ley es Traferri, quien el 21 de abril amplió su denuncia a Schiappa Pietra y Edery para que los remuevan de sus cargos. El primer proyecto para derogar la ley antifiscales lo presentó Bruera en abril de 2021 y este año se sumaron otros dos de su colega de la UCR Fabián Palo Oliver y del bloque socialista.
El jueves, en la comisión de Labor Parlamentaria que integran los jefes de bloques, Bruera propuso que el apoyo a la resolución 271 de la UNR se tratara sobre tablas, pero le dijeron que no. “No lo aceptaron por Shujman. Eso me dijeron. Porque dicen que yo afirmo que es una persecución arbitraria. No lo afirmo yo, lo afirma el Consejo Superior de la UNR, donde hay juristas y representantes de todas expresiones políticas”, replicó. El documento se votó por unanimidad el 28 de abril y tomó estado público ese mismo día por el rector Bartolacci y el decano de la Facultad de Derecho Hernán Botta, quienes participaron en el Encuentro de la Asociación de Profesores de Derecho Penal que deliberó en Rosario. En la mesa de apertura, “hicieron conocer que por decisión unánime, la UNR había expresado su aval a los fiscales Schiappa Pietra y Edery por sus investigaciones al crimen organizado” y “a la abogada Nadia Schujman por la persecución arbitraria que está sufriendo”, recordó Bruera, que presidió el encuentro. “Esto se hizo público ante penalistas de todo el país”, entre ellos el ex juez de la Corte Suprema de la Nación Raúl Zaffaroni y el ministro de la Corte Suprema de Santa Fe Daniel Erbetta. “El apoyo a los fiscales y a Schujman se originó en un petitorio firmado por todos los profesores de la Universidad”.
La negativa de los radicales de Pullaro a tratar el apoyo a la declaración de la UNR marcó otro contraste. El Consejo Superior de la Universidad de Rosario tiene mayoría de radicales. Y es público el vínculo político del rector Bartolacci y de su esposa y presidenta del Concejo Municipal de Rosario María Eugenia Schmuck con el intendente Pablo Javkin.
Ante el cajoneo del tema en el recinto, Bruera utilizó el tiempo de las “manifestaciones” para decir lo que había que decir. Valoró el documento de la UNR como una defensa del “sistema republicano”, de la “división de poderes” y la “independencia de los fiscales”. Y mencionó a Schiappa Pietra y Edery que “tanto hacen por esta tarea”.
“Además, el Consejo Superior expresó su solidaridad con la abogada Nadia Schujman, referente ineludible en materia de defensa y promoción de los derechos humanos, sometida a una investigación de características inapropiadas”, agregó. “Hace seis meses que (los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez) le secuestraron su teléfono personal y elementos que hacen a su intimidad y a su privacidad. Lo hicieron sin orden judicial. Lo escandaloso es que después los mandaron al extranjero (a Brasil)” y pagaron “una cantidad de dinero impresionante para peritar un teléfono privado secuestrado irregularmente y por el cual no hay ninguna causa porque Schujman no está imputada de ningún delito”. “Creo que ni siquiera se mandaron a peritar los teléfonos de Alvarado en estas condiciones y sí se mandó a peritar el de Nadia Schujman”.
El aval de UNR a Schiappa Pietra, Edery y Nadia Schujman expresa el “compromiso de la más alta casa de estudio con el funcionamiento y la transparencia de las instituciones y del sistema republicano y democrático”, señaló Bruera.
