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Desde Río de Janeiro
A tres meses y medio de las elecciones generales, lo que se ve en Brasil es una tensión que no hace más que incrementarse de manera acelerada a cada día.
Días de furia
El ultraderechista presidente Jair Bolsonaro (foto) no solo repite si no aumenta el tono de sus ataques diarios al Supremo Tribunal Federal y al Tribunal Superior Electoral, reiterando que no aceptará resultados que no sean “auditables”, exigiendo el retorno de la votación en cédulas de papel. Ni siquiera sus aliados más cercanos y experimentados dirigentes políticos asociados a él logran bajar la intensidad de las agresiones y amenazas. De nada valen los avisos de que su furia descontrolada puede ahuyentar electores que no son exactamente “bolsonaristas” pero no quieren un eventual retorno de Lula da Silva al sillón presidencial.
Se consolida cada vez más la perspectiva de que una derrota de Bolsonaro podrá provocar serios conflictos callejeros entre sus seguidores más extremistas y opositores.
Armas
Hay un dato específico que sirve como base para ese temor: gracias a la liberación indiscriminada de armas a la población, hoy día entre clubes de tiro al blanco, cazadores registrados, ciudadanos comunes, los sicarios y la policía militar (fuerte base electoral del ultraderechista) hay más gente que en las tres Fuerzas Armadas.
La situación económica sigue en franco deterioro, con una inflación superior a 11 por ciento en los últimos doce meses. No hay ninguna señal en el horizonte de que tal cuadro pueda invertirse a corto plazo debido a la ausencia absoluta de cualquier política económica viable.
Mientras, datos revelados por el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), uno de los pocos órganos gubernamentales que no fueron manipulados por Bolsonaro, indican que entre 2020 y 2021 la renta promedio de los brasileños alcanzó su nivel más bajo en diez años. Y más: el año pasado 106 millones de brasileños – la mitad de la población – logró sobrevivir con alrededor de dos dólares y medio por día. Eso significa una baja de 15 por ciento en relación a 2020, mientras creció la inflación y el hambre.
Pandemia
Tratando de eximirse de cualquier responsabilidad por la crisis social provocada por la debacle económica, Bolsonaro dice que los culpables son intendentes y gobernadores que defendieron el aislamiento social en el auge de la pandemia que llevó la vida de al menos 670 mil brasileños.
A ese cuadro de fuerte convulsión interna se sumó a lo largo de la semana una nueva y contundente presión externa, ejercida por varios gobiernos extranjeros – a empezar por el británico – y por la misma ONU.
Desde la mañana del domingo pasado están desaparecidos en la región del vale de Javarí, cercano a la frontera del estado de Amazonas con Perú y Colombia, el periodista británico Dom Phillips, colaborador permanente de diarios como The Guardian y The New York Times, y el indigenista brasileño Bruno Pereira, uno de los más activos y eficaces defensores de los pueblos originarios de la amazonia.
Indígenas
El brasileño era blanco frecuente de amenazas de invasores, mineros ilegales, narcotraficantes que, bajo el incentivo del gobierno de Bolsonaro, no solo intensificaron sus acciones como incrementaron la violencia, frente a la inmovilidad de las autoridades responsables por la defensa tanto del medioambiente como de la población indígena.
La increíble lentitud del gobierno en accionar equipos de rescate movilizó dirigentes indígenas, que se encargaron de buscarlos.
La intencional inercia gubernamental provocó críticas durísimas dentro y fuera de Brasil. Como ejemplo redondo está la declaración contundente de Ravina Shamdasani, vocera del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, el pasado viernes, en que directamente exige que el gobierno brasileño abandone la actitud “extremadamente lenta” demostrada hasta ahora y “redoble los esfuerzos” para localizar Dom Phillips y Bruno Pereira.
También el viernes, y mintiendo como siempre, Bolsonaro aseguró en Los Angeles que su gobierno realiza una “búsqueda incansable” de los dos. Olvidó mencionar que recién el jueves, luego de cuatro días de la desaparición de Phillips y Pereira, su gobierno mandó un helicóptero para la región.
En amarga coincidencia, el mismo viernes Alessandra Sampaio, compañera de Phillips desde hace nueve años, reconoció en entrevista al diario O Globo que ya no tiene esperanzas de que él esté vivo. Dijo que espera recuperar el cuerpo para darle entierro digno.
