Carlos Stornelli impulsa toda aquella denuncia que cae en sus manos y que pueda generar algún dolor de cabeza en el gobierno. En la última semana, apuró la investigación por el off que distribuyó el entorno de Matías Kulfas, sembrando dudas sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, que lo terminó eyectando del Ministerio de Desarrollo Productivo; también mandó a su auxiliar a buscar documentación al Ministerio de Defensa con la hipótesis de que el gobierno demoró una presentación judicial para ceder tierras a las comunidades originarias; imputó al presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI), Leopoldo Moreau, e incluso desde su fiscalía buscaron darle una mano al espía de la Policía Federal Argentina (PFA) Américo Balbuena que estuvo infiltrado por más de diez años en la agencia alternativa de noticias Rodolfo Walsh. Todas estas acciones son posibles porque los sumarios que se iniciaron por sus andanzas con el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio no avanzaron o terminaron en una sanción leve en la Procuración –que conduce el interino Eduardo Casal–.

En los últimos diez días, Stornelli volvió a pasearse por los medios de comunicación. En TN dijo que algunos elementos que había apuntado Kulfas en su carta de renuncia eran “interesantes” como preámbulo a la declaración testimonial que el exministro brindó el viernes ante el fiscal y el juez federal Daniel Rafecas. Kulfas probablemente terminó defraudando a Stornelli porque negó haber estado al tanto de ningún tipo de delito en la construcción del gasoducto. 

Antes de su incursión por TN, Stornelli había estado en el Canal de la Ciudad. En esa oportunidad, se pronunció en contra de la ampliación de la Corte Suprema –iniciativa que impulsan el Ejecutivo nacional y los gobernadores aliados– e incluso llegó a inscribirse dentro de una línea de fiscales “perseguidos” que incluía a José María Campagnoli y sorprendentemente a la fiscala Gabriela Boquin –la principal apuntada por Mauricio Macri por intentar que su familia pague la deuda que tiene por la quiebra del Correo Argentino–.

El show de Stornelli debe seguir

Hace un mes, el auxiliar fiscal de Stornelli, Ariel Quety, fue hasta la sede del Ministerio de Defensa para llevarse documentación tendiente a saber si el gobierno buscó favorecer judicialmente a las comunidades originarias en un pleito que hay por tierras con el Ejército en Bariloche. La denuncia fue presentada por referentes de la oposición y el procedimiento se publicitó como un allanamiento, pese a que no se llevaron más que documentación que era pública o accesible desde internet, explicaron fuentes con acceso al expediente.

Un par de días después, Quety firmó un recurso para intentar ayudar a Balbuena, un espía de la PFA que estuvo infiltrado en la Agencia Walsh durante casi once años, para seguir demorando el juicio que debe afrontar. Balbuena fue procesado en 2019 por el juez Sergio Torres y ese mismo año la querella que encabezan Myriam Bregman y Matías Aufieri pidió su elevación a juicio. Hace unos meses, la defensa de Balbuena –que encabeza el exfiscal federal Jorge Álvarez Berlanda– recién advirtió que faltaba una firma en el pedido. Rafecas, que es quien debe sustanciar el juicio, rechazó el planteo. La sorpresa fue que Álvarez Berlanda no recurrió sino que lo hizo el propio fiscal con el argumento de que debía preservar el proceso. Cuando llegó a Casación, el fiscal Javier de Luca no se plegó a la intentona de sus colegas de primera instancia. 

Stornelli, además, tuvo posibilidad de impulsar una denuncia contra Moreau, que lidera la CBI que lo investigó por sus vínculos con D’Alessio. El fiscal se hizo eco de una presentación que decía que la Bicameral se había interesado indebidamente en una causa que involucraba a dos dirigentes de Camioneros. Pese al deseo de Stornelli de tornar al investigador en investigado, Rafecas sostuvo que la causa debía llevarla Ariel Lijo, que fue el primer juez en recibir una de las denuncias presentadas por la oposición o por abogados con vínculos con ella. Hasta donde pudo saber este diario, se estaban haciendo certificaciones y esa pesquisa no había avanzado pese al apuro inicial de Stornelli.

Procesado bajo la sombra de D’Alessio

Si bien la Cámara Federal de Mar del Plata alivió en mucho su situación, Stornelli sigue procesado por dos hechos que investigó el juez Alejo Ramos Padilla mientras estaba en Dolores. Por un lado, sigue procesado por una cámara oculta que le encargó a D’Alessio para que le hiciera al abogado José Manuel Ubeira –que actuaba en dos expedientes sensibles en un sentido contrario al que podía interesarle a Stornelli: Cuadernos y la llamada “Ruta del dinero K”--. Por otro lado, la Cámara mantuvo el procesamiento por haber mandado a D’Alessio a investigar a Jorge Castañón, la expareja de su actual esposa, por recibir la información que le pasaba el espía y por pedirle que tramara algo para perjudicarlo.

La situación de Stornelli está siendo evaluada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal con una conformación diferente a la habitual por la cantidad de excusaciones y recusaciones que generó esta causa. Serán los camaristas Guillermo Yacobucci, Eduardo Riggi y Ángela Ledesma quienes deban pronunciarse. Mientras tanto, en el juzgado de Julián Ercolini –donde tramitan los expedientes desde que la propia Casación los sacó de Dolores– esperan que se defina en la instancia superior qué suerte corre Stornelli, que juega de local en Comodoro Py.

Stornelli buscó por todos los medios esquivar su responsabilidad en el D’Alessiogate. Citado inicialmente a indagatoria el 27 de febrero de 2019 por Ramos Padilla, se presentó después de nueve meses en rebeldía. Durante el tiempo en que se escondió de la justicia, Stornelli dijo que no comparecía para “proteger la causa Cuadernos”. El argumento fue insostenible incluso en la Procuración y Stornelli terminó con un apercibimiento --una sanción leve para la gravedad del caso--.

En septiembre pasado, Casal inició un sumario porque el juzgado de Dolores denunció que Stornelli usaba las causas que tenía como fiscal para intentar forzar la mudanza a Comodoro Py del expediente del D’Alessiogate. En otras palabras, Stornelli quería ser fiscal de la causa en la que está procesado. Para llevar adelante esa maniobra, se habría valido de dos expedientes: el que investiga las maniobras de inteligencia que terminaron con el apartamiento del excarapintada Juan José Gómez Centurión de la Aduana en 2016 y el que investigaba si se pagaron sobreprecios en la adquisición de gas natural licuado (GNL), la causa madre de los Cuadernos. Fue en este último expediente donde supuestamente se forjó el vínculo entre Stornelli y D’Alessio. Según declaró el fiscal, fue el periodista Daniel Santoro quien presentó al falso abogado como un agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA o de la embajada de ese mismo país.

Al momento de abrir el sumario, Casal le dio 60 días al fiscal Adrián Guillermo Péres para investigar la conducta de Stornelli. Péres es uno de los integrantes del Ministerio Público que firmaron una solicitada contra la reforma de esa institución que impulsó el Frente de Todos. Los 60 días pasaron con creces, pero en la Procuración dijeron a este diario que el sumario aún está en trámite.