El expresidente Evo Morales consideró que los 10 años de cárcel a los que fue condenada la exmandataria de facto de Bolivia Jeanine Áñez y sus "cómplices" es una pena "benigna en relación al daño que causaron a la democracia". A su vez el gobierno de boliviano festejó el fallo mientras la oposición de ese país convocó movilizaciones en contra de la sentencia, que además recibió el repudio de un grupo de políticos de la derecha iberoamericana que incluye a Mauricio Macri. 

Según escribió Morales en Twitter, "Pese a las mentiras, chicanas e incluso actuaciones para decir que estaba enferma o a punto de morir, la justicia sentenció que Áñez y sus cómplices asaltaron el poder con un golpe de Estado. Diez años de cárcel es una pena benigna en relación al daño que causaron a la democracia".

Áñez fue condenada el viernes a diez años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el "caso golpe de Estado II", en el que se analizó su decisión de asumir la jefatura del Estado en noviembre de 2019. La condena, que deberá ser cumplida en la cárcel de Miraflores, La Paz, fue el final de un extenso proceso, con numerosas interrupciones -algunas técnicas y otras relacionadas con la salud de Áñez- y constituye la primera resolución de relevancia sobre la salida obligada del poder del entonces presidente Morales y el Gobierno de facto que asumió en su lugar.

Áñez remarcó que actuaría de la misma manera si se repitieran las circunstancias. Antes de escuchar la decisión de la Justicia, en sus últimas palabras, Áñez dijo que fue sometida a un "simulacro de juicio", y que “actuaría "de la misma manera si se repitieran las circunstancias por las que asumió la presidencia.” También denunció que al Tribunal "el poder político le exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés". 

Para la defensa de Áñez, no debió juzgarse a la exmandataria por la vía ordinaria, sino que debería haber habido un juicio de responsabilidades en el Congreso, pero los denunciantes -y la justicia- argumentaron que se juzgaron acciones previas a la gestión.

Además de Áñez, seis exjefes militares y policiales fueron procesados por haber tomado decisiones contrarias a la Constitución y cumplirán sus condenas en la cárcel de San Pedro,también en La Paz. El excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y el excomandante general de la Policía, Vladimir Calderón, fueron condenados a 10 años de prisión. También fueron sentenciados los excomandantes de las Fuerzas Armadas Jorge Fernández Toranzo y Sergio Orellana Centellas (4 años); el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta (3 años) y el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce (2 años).

Según el Gobierno de Bolivia, este juicio es un paso a favor de la consolidación democrática en su país. "La sentencia por el caso Golpe II es un precedente histórico, para que no se vuelva a repetir un golpe de Estado a partir de la ruptura del orden constitucional. Establece ante la historia que la vía democrática y constitucional es la única ruta para llegar al poder", afirmó en un comunicado el Ministerio de Justicia tras conocerse el fallo. En su comunicado, el ministerio indicó que el proceso se enmarcó en las leyes y aseguró que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) verificaron que se respetaron los derechos humanos y "garantías jurisdiccionales" de la exmandataria de facto. 

A su vez el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo tuiteó: "El pueblo boliviano puede decir con orgullo que esta vez no quedará impune quien vulnera derechos, persiga personas, divida familias y provoque dolor en la gente." 

En cambio la oposición al gobierno boliviano repudió la condena y convocó a movilizarse en contra del fallo. “A partir de la próxima semana, iremos generando movilizaciones”, dijo el opositor Manuel Morales, del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

En tanto la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), que agrupa a líderes de la derecha iberoamericana como los expresidentes Mauricio Macri, el chileno Sebastián Piñera, el uruguayo Julio Sanguinetti y el Español José María Aznar, indicó en un comunicado que “se trata de una acusación inventada sobre un hecho que no existió” y que la exfuncionaria está detenida ilegalmente.

“Los poderes constituidos, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Constitucional Plurinacional, controlados por el partido de Morales, el Movimiento al socialismo (MAS), reconocieron el carácter constitucional de la presidencia de Jeanine Añez mediante sendas leyes que no sólo sancionó la asamblea y promulgó la presidenta, sino que prolongaron su mandato hasta tanto se realizaran elecciones prsidenciales, que se vieron postergadas por la pandemia mundial de coronavirus,” señala el comunicado.

Áñez tiene pendientes otros dos juicios, uno el "caso Golpe de Estado I", por sus actos como presidenta y otros por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, en las que se reprimió a protestas callejeras.