Esta semana un nuevo debate se instaló en la opinión pública: la prohibición del lenguaje inclusivo. Según una nueva normativa tomada por el gobierno porteño, estará prohibido usar el lenguaje inclusivo en las aulas de las escuelas públicas y privadas. El argumento que utilizan el jefe de Gobierno y la ministra Acuña es tan liviano como absurdo y evidencia el nivel de compromiso que tiene esta gestión con la educación: el inclusivo es una "distorsión" que genera dificultades para aprender las reglas básicas de la lengua. Lo dicen, además, reconociendo que no tienen ninguna evidencia.
¿Alguien realmente puede creer que el bajo rendimiento que obtuvieron lxs alumnxs en las evaluaciones de comprensión lectora se deba al uso del lenguaje inclusivo? Incluso si hubiera algún mínimo indicio de esto, tampoco justifica semejante respuesta autoritaria. Esta es una medida rápida y efectista que, lejos de mejorar la educación de las nuevas generaciones, se toma en busca de la difusión mediática.
Como ya les comenté en otras oportunidades en esta humilde columna, la escuela no fue un lugar fácil de transitar para las personas como yo. Sentirme diferente al resto de mis compañeres dejó una huella muy profunda en mi interior. En esa época no existían los derechos, las leyes ni la oportunidad de vivir esta etapa maravillosa de la vida con libertad. A pesar de eso, sobrevivimos y muchxs salimos a luchar por nuestros derechos.
El mismo lenguaje inclusivo que irrita tanto a algunxs es el que les permite a personas de las nuevas generaciones formar parte, no sentirse excluidas. El poder nombrarse o definirse como realmente unx se siente no tiene comparación con nada. Ojalá hubiera existido esta posibilidad cuando iba al colegio.
En la escuela, la educación no solo es académica, también es un espacio en que se construyen autoestimas. ¿Cómo será la de estxs niñxs y adolescentes que no se sienten representadxs por el binarismo? Que este grupo no sea el mayoritario ¿justifica que se lo excluya? ¿El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la ministra Soledad Acuña no deberían garantizar la igualdad de oportunidades a todas las infancias y adolescencias? La medida va en contra de algunos lineamientos que plantea la ESI y del decreto 476/21, que permite que un menor de 16 ya pueda obtener un DNI con la categoría no binaria. Es la escuela, entonces, la que va a violar ese mismo derecho a la identidad.
Por otra parte, me surgen muchas preguntas en torno a cuál es la verdadera causa del rechazo por este modo de expresarse. ¿Qué es lo que no soportan quienes se ven amenazados por el lenguaje inclusivo? ¿Se le teme a la equidad, al acceso a derechos, oportunidades y libertades para todas las personas?
Ya se ha hablado mucho sobre lo profundamente político que es el uso de este lenguaje, por eso es profundamente política su prohibición. Es muy probable que dado que el inclusivo es una marca de discurso que permite a las personas expresar un posicionamiento ideológico, lo que moleste en el fondo sea eso. Lo que se prohíbe no es un uso específico de la lengua, sino la expresión de su posición, la de la incomodidad ante la naturalización de algunos órdenes que resultan injustos, artificiales, asimétricos. Y lo cierto es que si la imposición fuera al revés y se obligara a la gente a usar la «e» o la «x», también se estaría faltando al gesto democrático.
Si este modo de nombrar al mundo sirve, además, para generar un pensamiento colectivo acerca de qué tipo sociedad queremos, ¡la discusión debe abrirse en vez de cancelarse! Lamentablemente una vez más el odio y las grietas políticas le ganan a la libertad.