Los altos niveles de inflación han obligado al gobierno a intervenir más activamente en materia de ingresos durante los últimos meses, pero las principales medidas desplegadas, si bien oportunas y necesarias, resultan aún acciones parciales para atender la retracción general de ingresos y salarios registrada desde 2016.
El cuadro de situación resulta complejo en términos estructurales dado los efectos pre-pandemia y pandemia todavía vigentes, sumado a la renegociación del endeudamiento externo y los impactos recientes de la guerra entre Rusia y Ucrania. Un análisis hasta fines del año pasado mostraba que a nivel de ingresos los trabajadores registrados habían tenido una caída promedio de al menos el 20 por ciento y un declive aún más pronunciado en el sector informal, en el período comprendido entre el gobierno de Cambiemos y los dos primeros años del gobierno de Alberto Fernández.
El fuerte desplome acentuado en los últimos meses, pone en cuestión la matriz distributiva en un contexto de fuerte crecimiento de la economía y disminución, aunque con persistencia de precariedad, de los índices de desempleo. Del mismo modo, la baja de la pobreza al 37,3 por ciento y la disminución de la desigualdad en el índice de Gini para el cuarto trimestre de 2021, aparecen como datos positivos que quedaron desdibujados ante la escalada inflacionaria de estos primeros meses.
Según un estudio de CIFRA, hacia el 2016 luego de doce años de kirchnerismo la participación de los asalariados superaba la mitad del Producto Bruto Interno y alcanzaba un 51,8 por ciento. Con el macrismo empezaría a caer desde el año 2018, alcanzando un 46,1 para 2019, repuntando con el gobierno del Frente de Todos en 2020 con un 48 de participación y cayendo a sus niveles más bajos en 2021 con un 43,1 por ciento. Como contracara, el excedente privado se incrementó paulatinamente del 49,1 por ciento en 2018 y 49,4 en 2019, al 50,5 en 2020 y 54,3 por ciento en 2021. Estos datos muestran así que la concentración del ingreso constituye una tendencia a lo largo del período y se amplía fuertemente con la pandemia.
A partir de la caída salarial de los trabajadores registrados, el gobierno, la CGT y la UIA desarrollaron conversaciones con el objeto de coordinar acciones para enfrentar de manera más efectiva el problema de la inflación y vía paritarias (ante la oposición sindical en general a las sumas fijas) compensar las pérdidas registradas. En las paritarias que se vienen discutiendo, la mayor parte de los acuerdos alcanzan entre el 45 y 60 por ciento de aumento, tomando esta última cifra como la inflación de base prevista.
La fuerte dinámica inflacionaria para los próximos meses, obliga indudablemente a pensar en políticas de mayor alcance y envergadura ante los desafíos excepcionales que impone la etapa histórica. De igual forma, si se considera que según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares la mitad de la población que tiene ingresos perdió contra la inflación en 2021 y que en la evolución de la canasta familiar 9 de cada 10 asalariados reciben una remuneración menor a la canasta básica total, estamos ante una situación sumamente preocupante.
Revertir este cuadro de empobrecimiento de los asalariados con medidas estatales más activas de contención de la inflación, intervención sobre cadenas productivas concentradas y desacople de los precios internos respecto a los internacionales, como el desarrollo de una política de ingresos más robusta con instrumentos novedosos y la captación de rentas inesperadas o extraordinarias sobre los sectores económicos más ganadores, resulta relevante e imperioso en esta coyuntura.
* Investigador-docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento/CONICET. Co-Director del Programa de Investigación Interinstituto “Empleo, Trabajo y Producción”, UNGS.
