El caso del avión venezolano de origen iraní demorado en el aeropuerto internacional de Ezeiza tuvo un nuevo capítulo este domingo: los cinco tripulantes iraníes a los que Migraciones retuvo sus pasaportes podrán irse del país, según se desprende de la resolución del juez federal Federico Villena, que señaló que ninguno de ellos tiene prohibiciones para circular. A la vez, el magistrado dispuso abrir una investigación sobre el vuelo del Boeing en territorio argentino. 

Por ser parte de la tripulación, los iraníes tienen un permiso de estadía en el país de 15 días, al que podrán acogerse o, en caso de quererlo, salir en un vuelo de línea. Villenas consideró legal la retención de los pasaportes que hizo Migraciones, en vista de que las fuerzas de seguridad habían alertado que el vuelo les resultaba sospechoso. 

Por otra parte, el juez no se metió con el tema de aprovisionar al avión de combustible. El abogado de la aerolínea venezolana Emtrasur, Rafael Resnick Brenner, le había pedido que ordenara a YPF y Shell que así lo hicieran, pero Villenas señaló que no era un tema de su competencia. Por el momento, la nave continúa en Ezeiza, imposibilitada de volar por falta de combustible. 

"Una jugada política"

El avión, por su origen iraní, tiene una sanción del Departamento de Estado de los EE.UU. que generó señales de alerta. Desde Teherán, la empresa Mahan Air aclaró que hace un año vendió la nave a la aerolínea venezolana y agregó que los cinco iraníes que iban a bordo trabajan en la actualidad para esa empresa. La compañía aérea, de capitales privados, consideró a través de su vocero que "la confiscación del avión fue una jugada política". 

Hasta ahora está claro que los tripulantes no tenían restricciones de circulación vigentes, según los informes de Migraciones. De todas formas, durante este fin de semana Villenas no sólo recibió el pedido de habeas corpus del abogado de la aerolínea venezolana Emtrasur --que el juez denegó--, sino también un escrito de los diputados de la oposición Ricardo López Murphy y Gerardo Milman para que investigue a los funcionarios nacionales que “dejaron entrar a la aeronave, poniendo en riesgo la seguridad nacional”. Ese escrito fue girado a la fiscalía de turno, para su vista. La investigación que el juez ordenó abrir es independiente de la presentación de los diputados de JxC. 

El Boeing llegó a Ezeiza el lunes 6 de junio, con una carga de autopartes; integraban su tripulación catorce venezolanos y cinco iraníes. Previamente, por el mal clima, había hecho una escala en Córdoba. En el aeropuerto internacional, un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Migraciones, la Aduana y la Policía Federal revisó la carga; según fuentes de la PSA no encontró nada extraño, pero los efectivos retuvieron los pasaportes de la tripulación iraní y le impusieron como condición para salir del país hacerlo en un vuelo de línea. Nadie fue detenido, pero los tripulantes quedaron alojados en un hotel de Ezeiza. Tras la decisión de Villena, pueden solicitar sus pasaportes para dejar la Argentina.

La sombra de la Embajada

El vuelo quedó bajo un manto de sospecha, atizado por los medios que se nutren de información de la Embajada de Estados Unidos. Una de las observaciones que se hicieron al respecto fue que el avión tiene un pedido de captura del Departamento del Tesoro estadounidense. Otra, que según los registros viajaron siete iraníes, pero sólo cinco habrían aterrizado en Ezeiza. También hubo publicaciones que destacaron que el avión habría volado “con el transponder apagado, como si no quisiera ser localizado”. La versión difundida por esas fuentes apuntó a instalar que se trataría de iraníes ligados a la fuerza Quds, un grupo de la Guardia Republicana iraní cuyos movimientos siguen de cerca las agencias de espionaje norteamericanas.

El abogado de la tripulación, Resnick Brenner, que presentó el habeas corpus por la retención de los pasaportes y la restitución del avión, aseguró en su reclamo que el Estado nacional accionó de manera “ilegítima” al retener los pasaportes de los iraníes, ya que ninguno tenía sobre sí pedidos de captura ni inhibiciones para circular. Agregó que, al negarse YPF y Shell a abastecer de combustible a la aeronave, esta quedó retenida de hecho. El miércoles, el Boeing despegó rumbo a Uruguay para abastecerse, pero en el país vecino no admitieron que ingresara a su espacio aéreo. El ministro de Defensa uruguayo, Javier García, dijo que él dio esa orden debido a que “agencias extranjeras” dieron “informaciones” al Ministerio del Interior que lo pusieron en alerta. La nave tuvo que volver a Ezeiza.

El reclamo de AMIA y DAIA

La AMIA y la DAIA advirtieron que la compañía Mahan Air fue “sancionada por los Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas”; por esto, ambas organizaciones de la comunidad judía le reclamaron al Gobierno que dé “una información exhaustiva y detallada sobre las personas que viajaban en el avión y los motivos de su paso por el país”. 

Las entidades señalaron que los atentados del 17 de marzo de 1992 contra la Embajada de Israel y del 18 de julio de 1994 contra la AMIA “que aún permanecen impunes, fueron planificados y ejecutados por el Hezbollah, un grupo terrorista financiado y apoyado por la República Islámica de Irán”. “Algunos de los acusados iraníes, que en la actualidad son funcionarios del gobierno de dicho país, y que tienen pedidos de captura internacional, han circulado recientemente por países que los reciben y protegen, burlando la exigencia de la Justicia local y de Interpol”, agregaron. Y concluyeron que por eso, “resulta pertinente exigir a los organismos de control a cargo que brinden, con celeridad y precisión, la información requerida y los resultados de la investigación que se está llevando a cabo, ante un hecho que despertó sospechas y confusión”.