En los últimos días creció la preocupación por el aumento de prisiones domiciliarias a represores que actuaron en la última dictadura. Entre los favorecidos estuvieron el exdirector general de Investigaciones de la policía de Buenos Aires Miguel Osvaldo Etchecolatz –pese a que el beneficio no se hará efectivo por el momento– y dos exintegrantes de la estructura de inteligencia del Ejército que fueron condenados en el juicio de la Contraofensiva. Tanto la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense salieron a repudiar las decisiones judiciales, a reclamar que se escuche a las víctimas y a decir que redoblarán sus esfuerzos ante un panorama que se advierte cada vez más negativo.

Mario Guillermo Ocampo duerme desde el viernes en su cama en el country Bermudas del partido de Pilar. Ocampo, que tiene una condena a perpetua por su rol en la persecución a los militantes montoneros que volvieron en el marco de la Contraofensiva contra la dictadura, había usado ese selecto barrio privado como su escondite particular durante largos siete años. A Ocampo inicialmente lo indagó la Justicia Federal de Mendoza por su rol en la Compañía de Ingenieros de Montaña de Campo Los Andes. Cuando lo quisieron indagar en San Martín por la Contraofensiva, advirtieron que Ocampo no aparecía. Desde hacía dos años, tenía orden de captura internacional.

Lograron detenerlo recién en febrero de 2019. Lo encontró la Policía Federal Argentina (PFA) cuando comprobó la IP desde la cual el represor y su esposa ingresaban a sus cuentas de correo electrónico. Lo hallaron en el country de Pilar, al que acaba de volver por decisión de dos de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques. La tercera integrante de la Sala II, Ángela Ledesma, solo atinó a decir que, si le daban la domiciliaria, debían colocarle tobillera electrónica.

Eso fue lo que demoró unos días la salida del represor de 74 años de la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde estaba detenido por decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de San Martín. Los jueces de San Martín decidieron también que Luis Firpo, el otro represor al que la Sala II de Casación Penal mandó a su casa, se vaya a Mar del Plata cuando tenga el dispositivo de control. El informe se hará recién este lunes. Firpo podría salir horas después.

Firpo fue jefe de la Central Contrainteligencia y de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601 durante la dictadura. Estuvo en domiciliaria desde 2014 hasta noviembre de 2020, cuando un vecino lo registró saliendo de su casa en Mar del Plata, subiéndose a un auto y yendo a hacer las compras. Tras una temporada en la Unidad 34, la defensa consiguió que el represor de 90 años vuelva a La Feliz.

Por el momento, Etchecolatz no va a tomar la Ruta 2 como Firpo, pero él también logró que la Sala II dijera que le correspondía la domiciliaria en una causa en la que está procesado por el asesinato del militante Horacio Alejandro “Chupete” Benavides. Otra Sala de Casación, la I, también le ordenó al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que vuelva a evaluar si no le corresponde irse a su casa.

Etchecolatz lleva ya unas semanas internado en cuidados intensivos en una clínica de Merlo. Cumplió allí sus 93 años y recibió también su última condena a prisión perpetua, la que le correspondió por los secuestros y desapariciones de militantes del barrio de Los Hornos que fueron llevados al centro clandestino de detención que funcionó en Arana –entre ellos, Jorge Julio López–. Por la cantidad de causas que tiene y por la cantidad de jueces o tribunales que lo tienen a su disposición, es improbable que Etchecolatz pueda irse a casa en cuanto le den el alta. 

La situación genera preocupación, como ya le dijo días atrás el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, a este diario. Desde ese organismo dijeron que la tendencia hacia las domiciliarias se profundizó en el último tiempo. Solo un tercio de las 2200 personas que están siendo investigadas por delitos de lesa humanidad o que ya han sido condenadas están detenidas bajo alguna modalidad. La gran mayoría de ellas están en sus casas (565) mientras que 185 siguen en las cárceles, según datos aportados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH).

“Los crímenes que se investigan en estas causas representan graves violaciones a los derechos humanos que el Estado argentino tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar, y cuyas penas deben ser cumplidas de manera efectiva y completa como parte de la reparación a las víctimas y a la sociedad”, le dijo a Página/12 el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, en la misma línea.

Los dos demonios

El panorama se ensombreció mucho más con el fallo de la Cámara Federal porteña que anuló la decisión de la jueza María Servini de mantener cerrada la causa por la bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal del 2 de julio de 1976. Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia le dijeron a Servini que no había explorado las nuevas hipótesis que aportaron las organizaciones pro-represores que impulsan la causa y que buscan sentar en el banquillo a los militantes de los años ‘70. Las “hipótesis” incluyen que Montoneros podría haber tenido apoyo de otros países o del terrorismo islámico en un giro bizarro.

La denuncia por la bomba en Coordinación Federal –donde funcionaba un centro clandestino de detención y era la sede del servicio de inteligencia de la PFA– se presentó en 2003 como respuesta de los sectores pro-impunidad ante el avance de las investigaciones por delitos de lesa humanidad, en busca de equiparar el accionar de los grupos de izquierda con los crímenes estatales en masa. En 2011, la Cámara de Casación analizó la denuncia y desestimó que se tratara de delitos contra la humanidad, por lo que la acción está prescripta. La Corte desestimó todos los recursos en 2012.

Ahora, los impulsores de la reapertura son Eduardo Kalinec –un comisario retirado conocido como “Doctor K” y condenado a prisión perpetua por su rol en el centro clandestino conocido como Club Atlético–, la asociación Justicia y Concordia y Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica –que funcionan como aglutinadoras de abogados que defienden a imputados por crímenes de lesa humanidad–.

La denuncia de Coordinación Federal siguió un derrotero similar a la de la muerte del militar Argentino del Valle Larrabure –por la que buscan responsabilizar a integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)--. En esa causa, el Ministerio Público sostuvo que no correspondía investigar por no ser delitos de lesa humanidad ni crímenes de guerra, a través de una resolución que Esteban Righi firmó en 2007, haciéndose eco de un dictamen de los fiscales Jorge Auat y Pablo Parenti. Esa línea se mantuvo hasta diciembre de 2018 cuando los camaristas Alejandro Slokar, Ledesma y Yacobucci rechazaron los planteos de la familia Larrabure. Ese expediente está a análisis y de la Corte y casualmente se movió un día antes de que la Cámara Federal les abriera la puerta a los dos demonios.