La Justicia absolvió al sindicalista Omar "Caballo" Suárez, al término del juicio oral que enfrentaba por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en el Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), por una causa iniciada en 2012. 

La fiscalía había pedido una condena de 6 años y 8 meses de prisión, al considerarlo "jefe de una asociación ilícita que cometió fraudes en perjuicio del sindicato, la obra social y la mutual de los empleados marítimos". En su alegato final, el fiscal Patricio Garcia Elorrio, sostuvo que hubo una "deliberada y sistemática decisión de realizar un abuso de la estructura sindical que se extendió al ámbito de la mutual y de la obra social del SOMU, valiéndose de empresas vinculadas o controladas" en perjuicio de los asociados y afiliados.

Los fundamentos del fallo del Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Daniel Obligado y Gabriela López Iñiguez, se darán a conocer el próximo 25 de agosto. El Tribunal también absolvió a otros 24 imputados. Los jueces dispusieron además el cese de todas las medidas coercitivas que pesan sobre Suárez. 

En relación con el delito de administración fraudulenta, el Tribunal absolvió por unanimidad a todos los imputados valorándose que la pericia contable de la CSJN no arrojó resultados concluyentes acerca de que hubiesen existido maniobras defraudatorias dolosas en perjuicio del gremio ni de la mutual sindical.

En relación con el delito de asociación ilícita, los jueces consideraron que el Fiscal no dio argumentos convincentes referidos al hecho de que una asociación sindical que lleva adelante medidas de fuerza, resulte ser una “asociación ilícita” en los estrictos términos del Código Penal.

En cuanto a las imputaciones referidas al delito de entorpecimiento de la navegación que involucraron a diversas embarcaciones de mediano porte hubo una absolución unánime porque el Fiscal no acusó.

En mayo de 2012, Miguel Ángel Doñate presentó una denuncia contra el SOMU, Suárez y los delegados Rigoberto Suárez y Jorge Vargas, en representación de la Cámara de Armadores de Lanchas de Prácticos (CALAPRAC), por entorpecimiento del transporte por agua, compulsión a la huelga y asociación ilícita.

En su denuncia, Doñate hablaba de “medidas extorsivas" para obtener beneficios injustificados, "obligando a las empresas nacionales, extranjeras y/o aquellas de las cuales es partícipe a que realicen actos que no guardan ningún tipo de relación con la actividad sindical ni la defensa de los trabajadores”.