“A Luna la engañaron.” “Se la llevaron para prostituirla.” “Hicieron lo que quisieron y la descartaron.” “Anularon su voluntad.” Palabras a borbotones de amigas, familiares, vecinas que conocían a Luna Marianella Ortiz desde chica comienzan a fundirse en una protesta rabiosa frente a su desaparición y muerte, entre el viernes 2 y este sábado 3 de junio en el barrio Kanmar de Benavídez, partido de Tigre, un territorio denunciado durante los últimos años por las desapariciones de adolescentes y el vínculo de esos hechos con el accionar de redes narco y de trata. El único detenido bajo la carátula “abandono de persona seguido de muerte y suministro de sustancias estupefacientes a título gratuito”, es Isaías Villarreal, un individuo que dijo conocerla circunstancialmente a través de facebook, que salió con ella del Casino de Tigre a rastras, prácticamente desvanecida, según registraron las cámaras de seguridad, y que después la llevó a recorrer villas de la zona y diferentes lugares para obtener droga, pero se cree que fue trasladándola para prostituirla. “¿Cuántas veces se puede revictimizar a una mujer durante 48 horas?”, arroja Pamela, allegada a la familia y formadora de una red de cuidado popular y colectivo “para acompañarnos y contenernos en sororidad”. La muerde la impotencia por el caudal escandaloso de procedimientos policiales y judiciales cuestionables que sumieron a los padres de Luna en la búsqueda desesperada del cuerpo, porque ni la policía ni el fiscal a cargo, Marcelo Fuenzalida, precisaban a dónde lo habían llevado. Tampoco les permitieron reconocerla hasta después de la autopsia, y llegaron a ensayar un intento de entrega a cajón cerrado.

“Hay mucho para preguntar y averiguar. Estamos esperando ver el expediente y conocer el resultado de las pericias y la autopsia. No sabemos qué pasó en esos dos días con el cuerpo de nuestra hija”, manifestó Facundo Ortiz, el padre de Luna. “Todo sucedió a unas diez cuadras de casa. Nos dijeron que murió por sobredosis, que se encontró con Villarreal, que la alcoholizó y la llevó de casa en casa, inconsciente, para intercambiarla por droga.” Las cámaras de seguridad captaron la salida del Casino de Tigre con Luna llevada en andas por el individuo, pero ninguna fuerza los interceptó. “El fiscal nos dijo que las cámaras registran que la llevan inconsciente. ¿Entonces por qué no hicieron nada? Nos dijeron muchas mentiras”, dijo su mamá, Marisa Rodríguez. Que estaba en la morgue de San Fernando, que estaba en una cochería en San Francisco Solano, que al final estaba en otra de El Talar. “Buscando nos enteramos de que una cochería había trasladado el cuerpo al cementerio de Benavídez”, relató Marisa. “Queremos que se haga Justicia y que no cierren todo esto como un caso de sobredosis.”

Luna quería salir adelante con la búsqueda de un trabajo. El viernes 2 a las 18.30 se puso el jean, la campera de siempre y se colgó el bolso gris para ir a la zapatería Diez Puntos, un local en Alvear entre Jujuy y La Rioja que necesitaba empleada. No volvió más. Marisa le envió un whatsapp que recién contestó a las 3 de la mañana. “Acá estoy, estoy bien…” El mensaje se repitió un par de veces más, los puntos suspensivos inquietaron. Fue la última “conversación” que tuvo con su familia. El 3 de junio a las 18, cuando la movilización convocada por Ni Una Menos abrazaba otra jornada histórica, tres patrulleros se presentaron en la vivienda de los Ortiz para llevarlos a la 4ta de Benavídez, donde el comisario Ceferino Hernández les comunicó que su hija murió de sobredosis en la casa de la parienta de un fulano, cerca de ahí. Un oficial de apellido Machado les mostró una foto en blanco y negro impresa en un papel. Era el rostro de Luna con los ojos cerrados. Facundo creyó que era una imagen de su hija durmiendo. Otro policía les contó “de favor” que el único detenido era Villarreal, que declaró haber conocido a la chica por las redes sociales y que el viernes tomaron algo en un lugar que no recordaba. De ahí al Casino y después a una villa cercana -La Garrote probablemente-. Y aquí el recorrido se pierde porque en esa zona las cámaras no funcionan. “Pero se la ve saliendo a rastras del Casino y aún así la policía no hizo nada”, lamentó Mariana, tía de Luna y una de las mujeres que la acompañaron en el tratamiento de rehabilitación que realizaba desde diciembre del año pasado.

“Estamos desconsolados y muy enojados por todas las idas y vueltas y por el destrato institucional que recibieron los padres”, advirtió Mariana. “Ese papel en blanco y negro que pretendía ser una foto, el hecho de comunicarles qué había pasado con su hija como si les estuvieran haciendo un favor, y encima el capítulo del fiscal, que el domingo 4 a la mañana los atendió de mala manera, dándoles a entender a los padres que Luna era una adicta y que así terminan estas personas. Nos dio información errónea sobre dónde estaba depositado el cuerpo y estuvimos viajando todo el domingo por morgues y cocherías.” Marcelo Fuenzalida es el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Tigre. De su currículum no surge una formación en la temática. Es quien no permitió que los Ortiz pudieran reconocer el cuerpo de Luna hasta después de la autopsia, posiblemente bajo el argumento de “no alterar” la prueba. Pero es injustificable que la familia de la adolescente no supiera dónde se encontraba ni qué tratamiento iba a recibir el cuerpo.  

Los funcionarios judiciales suelen aducir una sobre saturación de expedientes que no hace más que enfatizar la desprolijidad histórica de algunos ministerios públicos fiscales de la provincia de Buenos Aires y el desprecio por la capacitación con perspectiva de género. Organismos sociales, de derechos humanos y de monitoreo demandan hace años la intervención de  unidades fiscales especializadas en violencia de género desde el inicio de las investigaciones penales. Proponen que esas unidades cuenten con un  cuerpo de investigadores especializados en la materia, que dispongan de inmediato las medidas de instrucción. Como por ejemplo librar la orden de captura del femicida, preservar y analizar la escena del crimen, disponer allanamientos, tomar declaraciones a los testigos y producir y analizar pruebas periciales desde una perspectiva de género. Nada de esto ocurrió en el caso de Luna, como tampoco en el de Araceli Fulles, para dar una pincelada de memoria urgente. 

La tía de Luna no cree que el detenido resulte un nadie. Era del barrio, supone que a su sobrina “la tenía vista” y que hay conocidos en común. “En octubre ella salía con una persona que a sus padres no les gustaba. En diciembre la encontraron tirada en un arroyo en Benavídez, inconsciente. Había sufrido un hecho grave de abuso y violencia física. Comenzó el tratamiento de rehabilitación, y meses después hubo otras situaciones pesadas. Creemos que estuvo cautiva en General Pacheco, y esos episodios la marcaron.”  Vivía aterrorizada, dicen. No quería contar lo que le había pasado. Tenía miedo de ir sola por la calle y de que la encontraran los que la habían llevado. “Estoy segura de que pusieron a este perejil que detuvieron para volver a llevársela”, dijo Mariana. “¿Dónde están los otros que abusaron de ella esa noche y las otras personas que estaban en la casa donde apareció muerta? Aquí hay redes narco y de trata para explotación sexual que se llevan a las pibas todo el tiempo.” Se habla de cautiverios organizados para transa y prostitución, con entrada y salida de adolescentes en el propio territorio. 

Desde 2015, organizaciones sociales de Tigre, amigxs, vecinxs y familiares de las víctimas reclaman al intendente Julio Zamora el esclarecimiento de crímenes que estarían vinculados con redes de trata y narcotráfico bajo amparo policial, judicial y político. Exigen el desmantelamiento de esas redes y la aparición con vida de las jóvenes desaparecidas, y acumulan denuncias contra los abusos policiales y el maltrato que reciben por parte del Centro de Operaciones Tigre (COT) y la comisaría de la mujer del distrito. Quieren lograr condiciones dignas en los barrios para evitar la inseguridad, más iluminación y que los descampados y baldíos se destinen a la construcción de viviendas populares, antes de que sean tomados por nuevos kioscos de droga. Aún no hay respuesta.

 “La niña es solamente algo que sirve en el refuerzo del pacto de la alianza mafiosa, de la alianza masculina. El interés es por la niña pero no por la niña. ¡Cuidado! Porque las niñas son intercambiables entre sí, no importa quién, es alguna niña. Todas reciben de la misma identidad falsa al mismo tiempo los llamados y las amenazas. Esto quiere decir que la niña es cualquiera que sirva a ese pacto. Es como una víctima sacrificial que alimenta un pacto que debe ser sellado”, explicaba la antropóloga Rita Segato en agosto de 2016, en una jornada de reflexión coordinada por Ileana Arduino, publicada en “Los cuerpos de las mujeres en la mira de los poderes territoriales. El caso de las niñas y adolescentes desaparecidas en el Bajo Flores”, de la Comisión Investigadora de la Violencia en los Territorios. Dice Segato que “(…) La niña es funcional, su captura es funcional a esa progresión de escala en la carrera mafiosa. Entonces el análisis tiene que ser sobre la estructura del pacto masculino mafioso, que es un pacto de negocio, un pacto corporativo, o un pacto de personas que están en el mismo negocio y que necesitan dar pruebas progresivas para poder escalar posiciones. Son pruebas de crueldad, de capacidad de engaño. En un mismo sentido, el peso fundamental de la interpretación debe estar no en los cuerpos de las niñas -aunque la niña está, por supuesto- sino en el pacto de silencio. El pacto corporativo es el centro de gravedad de toda esta escena que estamos intentando comprender”.

Luna era una “piba silvestre”, en los términos que el Colectivo Juguetes Perdidos caracteriza como una pulsión de vida que atraviesa a chicas y chicos de los barrios con intensidad desbaratadora, por ser una perspectiva que nace en márgenes agitados, creando estrategias dentro de territorios que mutan permanentemente y donde circula el consumo, los circuitos represivos y la precariedad. Surfeó con el ansia de reconstruirse desde una autonomía genuina. Muerta ahora en la nebulosa de una causa de visible matriz patriarcal, la Justicia racista y sexista y un Estado ausente eligen culpabilizarla a ella antes que a esa cadena mafiosa de tráficos y ultrajes que ponen fecha de vencimiento a la vida de las pibas.