La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) rechazó la resolución del Ministerio de Educación del gobierno porteño que prohíbe la utilización del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad. Lo catalogaron como una decisión “autoritaria”, que "no tiene ningún argumento ni fundamentaciones científicas o pedagógicas".

A este reclamo también se sumaron el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ademys).

"Esta medida es autoritaria, dado que impide que cada docente se exprese libremente según sus convicciones", señalaron desde Ctera. Y agregaron: "Además, implica un desconocimiento respecto de ciertas características del lenguaje: la lengua es dinámica, la hacemos las personas que la hablamos, se modifica de la mano de las transformaciones sociales, no se pueden imponer cambios en los usos lingüísticos".

En esa misma línea, el titular de Suteba, Roberto Baradel, dijo que “esto tiene que ver con la matriz autoritaria de pensamiento de un gobierno al que le importan más los focus groups que lo que le sucede a la sociedad o cómo ampliar derechos”.

Por su parte, la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola, señaló que la decisión del Gobierno porteño "no tiene ningún argumento ni fundamentaciones científicas o pedagógicas".

“Ellos hablan de que estaría afectando la adquisición del lenguaje por parte de las chicas y chicos, y la verdad que no hay ningún especialista que avale esto, de hecho, en los últimos días ha habido pronunciamientos de lingüistas, instituciones y especialistas que lo contradicen", sostuvo la secretaria. 

En esa línea, desde Ctera señalaron: "No hay ninguna investigación que avale los dichos de la Ministra de Educación respecto de cierta relación entre las dificultades que pueden tener estudiantes en el proceso de alfabetización inicial y el uso del lenguaje inclusivo. Hace décadas que se ha comprobado en múltiples investigaciones que las dificultades en este proceso complejo son pluricausales, con una importante incidencia en el nivel socioeconómico de partida de quienes se están alfabetizando".

Crisis educativa

El viernes pasado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió que en sus escuelas se utilice en documentos oficiales y que los docentes enseñen contenidos curriculares escritos con lenguaje inclusivo mediante la Circular 4/2022 del Ministerio de Educación.

La resolución indica que en los colegios se deberán "desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza".

El argumento de la cartera educativa de Juntos por el Cambio fue que los últimos exámenes de comprensión lectora mostraron que “hubo un retroceso de al menos cuatro años” en esa materia.

Sobre este punto, Baradel sostuvo: “Intentan esconder un debate sobre la situación educativa en CABA. Lo planteó hasta (el diputado radical) Facundo Manes. Hicieron un recorte del presupuesto educativo. Con todo eso tiene que ver la decisión de plantear esta prohibición”.

Además, Suteba planteó, en un comunicado, que "con esto, demuestran la escasa lectura -vaya paradoja- del impacto de la pandemia en niños, niñas, niñes, adolescentes y jóvenes a escala mundial".

"Valdría que se preguntaran si la ausencia del Estado de CABA durante las etapas más duras del ASPO, que imposibilitaron la continuidad pedagógica, tuvieron algo que ver en las dificultades que hoy se presentan", indicaron desde el gremio.

En coincidencia, desde Ademys consideraron que el Gobierno porteño "corre la pelota" sobre la crisis educativa. "La pandemia ha profundizado muchos de los problemas que ya teníamos. Hoy dicen que es el lenguaje inclusivo, ayer fueron los docentes, otras veces son los sindicatos, pero nunca las políticas de vaciamiento y las faltas de presupuesto que vienen bajando los últimos años", explicó Scayola.

Además, la secretaria Scayola argumentó que hacen falta recursos para evitar la crisis. "Esas pruebas, que están estandarizadas, sin dudas refleja lo que los docentes vemos todos los días en las escuelas".

"La ministra Soledad Acuña es la misma que no garantizó equipos y conectividad en la ciudad más rica del país, y que hoy no está garantizando psicopedagogas, asistentes sociales o fonoaudiólogas para estudiantes que necesitan un acompañamiento. Las maestras están cargado solas esta situación",remarcó. 

El lenguaje como transformación y construcción de sentido

En "una ciudad que se autodenomina 'gayfriendly', en la que se construyó el 'lunfardo', habitada por migrantes de diferentes zonas del país y el mundo, nos presenta hoy un hecho de prohibición como mero acto punitivista que no respeta el marco legal, incluyendo al que cita en la propia resolución, desconociendo que el lenguaje es un instrumento de transmisión y construcción de sentidos comunes", explicaron desde Suteba.

Y agregaron: "Como en cualquier otro proceso de transformación cultural, los debates deben estar presentes para que el discurso hegemónico, un poderoso modo de opresión y reproducción de la desigualdad, sea interpelado".

Luego, señalaron que "el modo en que hacemos uso del lenguaje nunca es neutro", y precisaron que "el lenguaje no binario es solo una pequeña parte del llamado lenguaje inclusivo, que también incluye estrategias lingüísticas, anticapacitistas, antirracistas y anticolonialistas, entre muchas otras".

"Nos solidarizamos con el conjunto de la docencia porteña que enfrenta, una vez más, el autoritarismo, la unilateralidad en las decisiones que hacen al trabajo docente y la falta de respeto a las diversidades que habitan las escuelas", agregaron.

En tanto, Ctera sostuvo que esta decisión del gobierno porteño "se opone a la ley nacional de identidad de género, ya que la misma indica el derecho a que cada persona tiene a ser nombrada según su identidad autopercibida ¿cómo se denominaría aquellas personas que no se identifican con el masculino o femenino?"

"Esta prohibición implicaría que dejáramos de nombrar como nos solicitaron a compañeres, familiares o a nuestres estudiantes, negándoles su derecho a la identidad y excluyéndoles del lenguaje, profundizando las desigualdades", sumaron.

Y concluyeron: "Esta medida apunta a disciplinar a las, los, les trabajadorxs de la educación, a excluir disidencias y no a favorecer una educación de mejor calidad ni más democrática".