Tras una investigación encabezada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (MPF CABA), se rescataron más de 120 ves autóctonas con protección legal y en riesgo de extinción en una casa del barrio de Villa Devoto.

Según lo comunicado oficialmente, el operativo se inició a partir de una denuncia realizada por vecinos del lugar, una vivienda situada en la calle Navarro al 4800 del mencionado barrio porteño. De esta manera, el fiscal Carlos Rolero Santurián solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por la jueza Natalia Molina.

En este contexto, se verificó la existencia de aproximadamente 125 palomas en un sitio "inadecuado para su bienestar animal, carente de higiene y propiciando la propagación de enfermedades zoonóticas". 

Además, se encontraron jilgueros amarillos, reina mora, cabecita negra, corbatita negra común y cardenales amarillos. Respecto a estos últimos, están en peligro de extinción, con una población a nivel mundial que ronda los 2500 especímenes.

Ante esta situación, el fiscal titular de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) dispuso el secuestro de la totalidad de las aves autóctonas, las cuales fueron trasladadas al centro de rescate de aves silvestres de la Reserva Ecológica Costanera Sur. 

En esta sede perteneciente al Ecoparque porteño, se iniciará el proceso de cuarentena para la evaluación y tratamiento de los pájaros con el objetivo de que sean reubicados en sus hábitats naturales.

Por último, el fiscal Rolero ordenó la detención del responsable del lugar, quien finalmente fue liberado en el lugar por su avanzada edad y delicado estado de salud. El hombre quedó imputado por los delitos de crueldad animal y por tenencia ilegal producto del tráfico, estipulados en las Leyes 14.346 y 22.421 de Tráfico de Fauna Silvestre.

A fines de mayo, el mismo representante del MPF ya había clausurado un criadero ilegal de aves que funcionaba en una casa del barrio de Monte Castro, donde se rescataron 24 ejemplares silvestres por un valor cercano a los 450.000 dólares,

En aquel entonces, los operativos estuvieron a cargo del Departamento de Investigaciones de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) con la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF; la Agencia de Protección Ambiental (APRA); y la Dirección General de Fiscalización y Control Ambiental (DGCONTA).