Desde Londres

A una semana que un 41% de los diputados conservadores votara a favor de su destitución por el escándalo del Partygate, Boris Johnson apeló al más bajo de los instintos partidarios y nacionales para sobrevivir en su puesto: la lucha contra la Unión Europea (UE). Con el crédito político de la invasión de Ucrania agotado, su canciller, Liz Truss, presentó en el parlamento los fundamentos legales para enmendar unilateralmente el protocolo de Irlanda del Norte, un capítulo especial de la atribulada salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

La canciller explicó que esta modificación es “legal” y acabará con una situación "insostenible" en la que los ciudadanos de Irlanda del Norte son tratados de un modo diferente a los del resto del Reino Unido. La UE, el conjunto de la oposición británica, un importante número de diputados conservadores, casi todo el arco político de la provincia norirlandesa y los empresarios señalaron que es un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Reino Unido y expresaron temor por el impacto económico, en especial el peligro de una guerra comercial con el principal socio británico.

¿Qué es el Protocolo?

El Protocolo de Irlanda del Norte es el puente que permitió el Brexit después de cuatro años de turbulentas negociaciones entre el Reino Unido y la UE. El acuerdo que firmó Boris Johnson con el bloque europeo en noviembre de 2019 estipula que para evitar una aduana fronteriza terrestre entre la República de Irlanda (parte de la UE) e Irlanda del Norte (miembro del Reino Unido) se crearía una frontera especial en el Mar de Irlanda. En esta frontera se efectúan controles aduaneros de los productos que ingresan desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte para comprobar que sean compatibles con las leyes europeas: una vez aprobados esos productos pueden circular libremente desde Irlanda del Norte hacia la República de Irlanda y el resto del bloque europeo.

La propuesta de la canciller británica cambia unilateralmente este protocolo estableciendo un sistema regulatorio dual que permite a los empresarios elegir qué regulaciones quieren adoptar – si la británica o la europea – y pasa por alto el chequeo de productos que lleguen de Gran Bretaña a Irlanda del Norte si es que no van a circular de allí a la República de Irlanda.

El primer ministro de la República de Irlanda, Micheál Martin, lamentó que el Reino Unido incumpliera con un tratado internacional. “La expectativa natural entre países democráticos es que se honren los tratados internacionales que se firman”, dijo Martin.

El contraparte europeo de Liz Trus, Maroš Šefčovič, advirtió que el anuncio "dañaba seriamente la confianza mutua" y que la Comisión Europea podría relanzar su acción legal contra el Reino Unido por incumplimiento. "En primer lugar la comisión considerará si continuar con el procedimiento legal que pusimos en suspenso como gesto de buena voluntad en septiembre de 2021. Esta conducta unilateral del Reino Unido va directamente en contra de este espíritu de diálogo", amenazó Šefčovič.

Impacto económico

La Central de empresarios británicos, el CBI, que representa a 190 mil empresas, puntualizó que la actual política respecto a la UE hace que muchas compañías se lo piensen dos veces antes de invertir en el Reino Unido. “Muchas firmas globales ven todo este revuelo del Brexit nuevamente y piensan que no es el momento de apostar acá”, señaló Tony Danker, el director general del CBI.

La semana pasada la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, predijo que el Reino Unido sería la economía del G20 con peores índices de crecimiento con la excepción de Rusia. El cálculo de la Office for Budget Responsibility (ente autárquico, la Oficina de la Responsabilidad Presupuestaria), es que la economía va a achicarse más por el Brexit que por la pandemia. El PBI ha caído un 1,5% desde la salida definitiva de la UE el 31 de diciembre de 2019 y se reducirá un 2,5% más en los próximos años.

¿Qué hay en juego?

Está claro que la alicaída economía británica no necesita una guerra comercial con la UE. El problema es que en el centro del debate sobre el protocolo de Irlanda no está la economía o el Brexit o el futuro del proceso de paz de Irlanda del Norte: está la supervivencia política de Johnson.

En febrero la invasión rusa de Ucrania salvó al primer ministro de un virtual Knock Out por esa bola de nieve que era el escándalo del Partygate (las alrededor de 100 fiestas en 10 Downing Street durante el confinamiento). Ahora espera conseguir el respaldo del ala dura y nacionalista de los diputados conservadores euroescépticos congregados en torno al Grupo de Estudios Europeos (ERG en sus siglas en inglés). Este grupo fue fundamental para voltear a Theresa May y sustituirla por Johnson que prometía “concretar el Brexit” a cualquier precio.

Esa táctica sirvió en un país que se había hartado de la parálisis que producía la indefinición parlamentaria sobre el Brexit: Con la consigna de "get the Brexit done", Boris Johnson obtuvo una aplastante victoria en diciembre de 2019 que le dio una mayoría absoluta en el parlamento y un aire de invencibilidad.

Hoy las prioridades son distintas: el tiro le puede salir por la culata. Si el Proyecto de ley se empantana en la Cámara de los Comunes o la de los lores, si expone, como está haciendo, más divisiones entre los Tories, si significa un nuevo golpe a la economía, podría resultar un salvavida de plomo que precipite lo que Johnson quiere evitar a toda costa: una nueva votación interna del Partido Conservador que le cueste el puesto.