El 21 se conocerán la decisión de los jueces de la Cámara de Apelaciones y Exhortos de la provincia en cuanto a las oposiciones planteadas al trabajo del Ministerio Público Fiscal por el intendente Elpidio Guaraz (63), acusado de privar de su libertad y abusar de una joven. 

Carolina. V, la sobreviviente, quiso presenciar la audiencia, mientras Guaraz mandó a sus abogados defensores.

En diálogo con Catamarca/12, Luis Muñoz y Pérez, abogado de Carolina, confirmó que la joven quiso acompañarlo y presenciar la audiencia. De esta situación se habría aprovechado el defensor del Intendente de Bañado de Ovanta, para volver a insistir con que vuelva a declarar en el marco de la causa.

“Dijo que como ella estaba presente celebraba lo sucedido para que pueda testificar. Yo tuve que volver a repetirle que es la denunciante no una testigo y que atraviesa un proceso de revictimización. Pero ellos insisten en eso, por fuera de todas las normas de protección de violencia contra las mujeres”, contó.

Carolina tuvo que escuchar esos planteos, y remover el dolor de lo vivido.

Guaraz, además de haber pedido que Carolina vuelva a declarar, también solicitó que se le tome testimonio a la perito psicóloga que le realizó la pericia. “Ellos hasta pusieron un perito de parte en aquel momento, por lo que es menos comprensible su pedido”, dijo Muñoz y Pérez.

El pedido a que Carolina vuelva a declarar y que se le tome testimonio a la perito psicóloga, ya había sido negado en el marco de las leyes y Convenciones de Protección vigentes a las mujeres, por la fiscala Antonella Kranevitter y por la Jueza de Garantías Cecilia Más Saadi, sin embargo Guaraz insistió y apeló. En caso de que el Tribunal de Apelaciones vuelva a negar el pedido, aún le queda la opción de casación ante la Corte de Justicia.

En este contexto, Catamarca/12 tuvo acceso a un fallo en donde la Corte de Justicia ya habían advertido al abogado de Guaraz , Luciano Rojas, durante un proceso por homicidio culposo en donde le decían: “la articulación sistemática de recursos por parte del abogado defensor, repitiendo incluso los planteos que ya han sido resueltos oportunamente, conlleva a suponer que aquellos están siendo utilizados como instrumentos destinados a dilatar injustificadamente el curso del proceso, vulnerando el derecho de tutela judicial efectiva, además de exhibir una conducta obstructiva, evidentemente dilatoria y reñida con la buena fe procesal, lo que provoca un dispendio jurisdiccional improcedente, razón por la cual, cabe recordar al citado letrado que ajuste su proceder a la ley que informa el ejercicio de su profesión”.

Por temor a que esto suceda, Carolina en la carta abierta que le escribió a la Ministra de Mujeres y Diversidad de la Nación, cuando se cumplió un año de la denuncia, había escrito: “hoy, puedo expresar que las instituciones que deberían administrar justicia en Catamarca... se han convertido en viles puestos de trueque, dedicadas al negocio más nefasto para una víctima...` compra y venta de tiempo´. Esas instituciones a las que les confíe mis más íntimos dolores, solo demostraron que el tiempo tiene un precio... tiempo que mi abusador puede comprar, porque dispone del erario público ya que ostenta el cargo de Intendente municipal de la jurisdicción”.