El 4 de junio se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento del general Enrique Mosconi, el principal impulsor en los años veinte del siglo pasado de la industria petrolera en la Argentina.
El petróleo había adquirido por esa época una mayor relevancia en la vida económica y política del país, respondiendo a las necesidades creadas por la creciente demanda de actividades industriales que habían sobrevivido a la posguerra y la expansión del mercado automotor. Si en 1922 las toneladas de petróleo importadas representan el 41 por ciento de las de carbón, en 1928 habían pasado a significar el 53 por ciento.
Este movimiento corría en paralelo a la disputa entre los ferrocarriles ingleses y los automóviles estadounidenses mientras la Argentina dependía cada vez más del aprovisionamiento externo de ese insumo básico. Por eso el 3 de julio de 1922, bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen se firmó el decreto que dio lugar al nacimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Indicios de la existencia de petróleo en territorio argentino ya se habían tenido en los años 60, 70 y 80 del siglo XIX en las provincias de Jujuy, Salta y Mendoza, aunque se reconoce como un hito decisivo el descubrimiento, en 1907, de un importante yacimiento en Comodoro Rivadavia, lo que comenzó a despertar el interés del gobierno nacional que creó la Dirección General de Explotación del Petróleo en 1910.
Control nacional de industrias estratégicas
Mosconi, por su parte, había realizado misiones militares en Alemania, que le permitieron observar las necesidades que demanda la incursión en un conflicto bélico y de vuelta en el país, en 1915, se desempeñó como subdirector general de Arsenales de Guerra, experiencias que contribuyeron a forjar su pensamiento en la materia. Nombrado director de YPF bajo el gobierno del presidente Alvear, al asumir el cargo declaró que “la independencia del año 1810 debe ser integrada con la independencia de nuestros cañones”.
Mosconi, entonces un coronel, representaba un amplio sector del ejército que, a contramano de la elite civil y partiendo de las preocupaciones por el aprovisionamiento de armamento y la disponibilidad del combustible indispensable para su utilización, bregaba por un control nacional de las industrias estratégicas en esos rubros.
La inauguración de la primera destilería de la empresa estatal en La Plata, el 23 de diciembre de 1925, permitió que la producción de petróleo en territorio nacional se viera sensiblemente acrecentada. La intervención decidida del Estado impulsó una postura más activa de las empresas extranjeras, que a partir de ese entonces se dedicaron en mayor grado a tareas de exploración y extracción. Así, mientras YPF ampliaba la capacidad de refinamiento y expandía su producción, el gobierno otorgó diversas concesiones a esas empresas, que mantuvieron un ritmo de crecimiento similar al de la petrolera estatal.
En consecuencia, la producción nacional se elevó más de cuatro veces entre 1921 y 1930. Pero la demanda no se quedaba atrás y, por ejemplo, entre 1923 y 1928 el consumo total de nafta creció de 213.998 metros cúbicos a 965.118 metros cúbicos, según el Anuario Geográfico Argentino de 1942. De allí que el peso de las importaciones se mantuvo en niveles cercanos al 60 por ciento.
Bandera del antiimperialismo
Durante la administración de Alvear se reservaron considerables extensiones de tierras públicas para el futuro uso de YPF y en 1927 se aprobó en Diputados un proyecto que nacionalizaba los yacimientos y reservaba para el Estado el monopolio de su explotación, fuese directa o indirectamente. Sin embargo, la iniciativa, sostenida vigorosamente por el sector yrigoyenista, nunca lograría superar la barrera del Senado, donde predominaba la bancada conservadora y los intereses de las provincias. El manejo del recurso estratégico se había convertido en uno de los ejes de la agenda política, y se transformaba en bandera del antiimperialismo.
En ocasión del debate del proyecto antes citado en la Cámara de Diputados, el legislador de la Unión Cívica Radical, Diego Luis Molinari aclaraba que la alternativa era elegir entre el monopolio de la Standard y la Anglo Persian y el monopolio de Estado, que es, en definitiva, el monopolio del pueblo argentino.
Mosconi sostendría que “la experiencia de las luchas incesantes que la organización fiscal ha debido soportar con las compañías privadas durante todo el tiempo que la hemos dirigido, nos condujo a la conclusión de que tales organizaciones, la fiscal y la privada, no pueden coexistir, pues representan dos intereses antagónicos distintos, destinados a vivir en lucha, de la cual sólo por excepción saldrá triunfante la organización estatal”.
Aquella política del radicalismo encontró en los núcleos conservadores de las provincias petroleras la oposición más enconada, superponiéndose la rivalidad entre Buenos Aires y el interior con la de conservadores y radicales. Este conflicto, que se había iniciado bajo la presidencia de Alvear, tuvo su epicentro en la provincia de Salta, donde la Standard Oil tenía importantes concesiones, que quería conservar. El caso se resolvería en 1932, ya derrocado el gobierno radical, en la Corte Suprema, que fallaría en favor de la compañía estadounidense.
Bajar los precios
Otra situación conflictiva surgió por el intento de YPF de ampliar su participación en el mercado local y tener mayor capacidad para regular los precios internos. Para ello, Mosconi redujo, sorpresivamente, el precio de los combustibles, obligando a las distribuidoras extranjeras a disminuir los suyos. Previamente, el gobierno argentino había negociado un acuerdo comercial con la Unión Soviética para importar combustible a través de la empresa de ese origen, Luyamtorg, que gozaba de personería jurídica desde fines de 1927.
Aunque las empresas petroleras extranjeras denunciaron como dumping las importaciones de combustible soviético, no tuvieron otra alternativa que plegarse a la reducción de precios dispuesta por YPF o perder el mercado argentino. Vale decir que esta estrategia de YPF contrariaba las bases del acuerdo alcanzado en septiembre de 1928 por la Royal-Dutch Shell y la Standard Oil de New Jersey (al que se sumó la Anglo-Persian), que estipulaba la distribución consensuada de los mercados a partir de la situación vigente al momento de sellarse el convenio, poniendo de ese modo un freno a la competencia de precios que había tenido lugar en los meses previos.
Se dice que el golpe de Estado de septiembre de 1930, que derrocó al gobierno de Yrigoyen tenía “olor a petróleo”: llamativamente, el gabinete del General Uriburu contará con la notoria presencia de sectores ligados a los intereses petroleros. Esto tornó difícil las tareas de Mosconi, que el 9 de septiembre de 1930 presentó su renuncia indeclinable al cargo, al tiempo que era detenido por las nuevas autoridades del país, después de haber participado en el intento de resistencia al golpe cívico-militar.
Luego de ser liberado y de negarse a colaborar con el régimen, fue nuevamente apresado el 6 de diciembre, acusado de “comunista” y de formar parte de intrigas para deponer al gobierno de facto. Para alejarlo del país lo enviaron a Europa, retornando bajo el gobierno de Justo, siéndole asignada la Dirección de Gimnasia y Tiro. Afectado por una hemiplejia que padecía desde algunos años antes, pidió pronto el pase a retiro y el tiempo del que disponía lo destinó a escribir un libro, El Petróleo Argentino, que fue premiado con la medalla de oro por parte de la Academia de Artes y Ciencias del Brasil. Falleció, como dijimos un 4 de junio de 1940, a los 63 años, en una casa adquirida mediante un préstamo del Banco Hipotecario, del cual aún restaban cancelar algunas cuotas.
* Economista e historiador.