Tarifazo
Con otro aumento de la tarifa del agua, el gobernador Miguel Lifschitz se suma al impiadoso embate sobre el bolsillo de los sectores populares y de las pequeñas y medianas empresas.
Un primer ajuste del 10% que se aplicará en la facturación de junio y un segundo ajuste también del 10% desde agosto, se sumarán a otros ya aplicados al inicio del año y se acumula un aumento total del 70,3%, durante 2017.
Un trabajador se encuentra hoy con que debe destinar casi la mitad de su sueldo en pagar impuestos y servicios. Esto es algo expropiatorio que debe considerarse inconstitucional. Pero además, todo se traduce en reducción del consumo del millones de personas, que finalmente atenta contra las PyMEs, la industria nacional y otras formas de producción, que además ven subir sus costos. Todo esto está llevando a despidos, pérdidas de empleos y desesperación.
Observo con preocupación que se considere al valor de los servicios como un "precio" de la economía, en donde el Estado no debe participar. Esto, que es el pensamiento político del macrismo, se repite en la provincia de Santa Fe. Lamento que el gobernador Lifschitz acepte estas subas en empresas provinciales, decidiendo una ausencia del Estado en su papel equilibrador del impacto sobre los sectores sociales más desprotegidos.
Se trata de un plan donde se ha decidido que ni un peso del Estado vaya a llevar alivio a los que menos tienen, generando así una Argentina donde el 20% viva bien, y el resto se las arregle como pueda.
Claudia Giaccone
Diputada provincial del Frente Para La Victoria (FJpV).
