Después de una ola de fallos a favor de la domiciliaria o de la libertad condicional a los genocidas, llegó el primer gesto de acercamiento entre el Poder Ejecutivo y la Cámara Federal de Casación –el máximo tribunal penal del país y el único que aparece ahora como un interlocutor en materia de lesa humanidad después de que la Corte Suprema discontinuara las reuniones de la llamada “Comisión Interpoderes”. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, estuvo este martes al mediodía en Comodoro Py reunido para pedir medidas para acelerar los juicios y que se cierre el grifo de las solturas de represores.

“Fue una buena reunión”, le dijo Pietragalla Corti a Página/12 después del encuentro en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py en el que estuvieron el presidente de la Casación, Alejandro Slokar, y sus dos vicepresidentes, Ana Figueroa y Mariano Borinsky.

El clima venía tenso después de que la misma Cámara de Casación –particularmente su Sala II– hubiese otorgado tres domiciliarias la semana pasada: al exdirector de Investigaciones de la policía bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz y a los militares Luis Firpo y Mario Ocampo, exintegrantes de la estructura de inteligencia del Ejército y condenados a perpetua por la represión a los militantes montoneros que regresaron al país en el marco de la contraofensiva. El cuadro de situación lo terminó de agravar un fallo de la Cámara Federal que entreabrió la puerta de los dos demonios al darle un nuevo impulso a la investigación sobre la bomba a la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) en julio de 1976 –una causa que es un caballito de batalla de los sectores pro-represores en su afán por poner en el banquillo de los acusados a militantes de los años ‘70.

Tanto en la Casación como en el gobierno remarcan que no se habló de casos particulares, sino que se concretó –en un contexto particular– una reunión que venía postergada. El mes pasado, Pietragalla Corti tenía agendado un encuentro en Casación, pero tuvo que suspenderla porque viajó a Roma, donde mantuvo una entrevista de 50 minutos con el Papa Francisco.

En marzo, antes de que se cumplieran los 46 años del golpe, la Cámara reactualizó las reglas prácticas que se aplican en los juicios por crímenes durante el terrorismo de Estado. Por primera vez adoptadas en 2012, las reglas habían sido un espaldarazo para reclamarles a los jueces que imprimieran mayor celeridad a las causas de lesa humanidad –algo que, desde 2015, está en declive. La presentación de esas reglas prácticas fue ante un grupo de integrantes de organismos, pero había quedado para más adelante el encuentro con la Secretaría de Derechos Humanos.

La propuesta del gobierno

“Les llevamos a los jueces de Casación un aporte para acelerar los juicios. Vemos con preocupación las pocas horas que se les dedica a estos procesos, lo que hace que sean eternos y que se revictimice a las víctimas”, remarcó Pietragalla, que fue acompañado por Andrea Pochak –subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos– y Federico Efron –director nacional en Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos.

La propuesta de la Secretaría consiste básicamente en optimizar los tiempos porque desde que se dictó la primera sentencia en 2006 hasta ahora se registra un número similar de condenados y de muertos (1070 condenados y 1013 fallecidos), lo que muestra que la impunidad biológica está a la vuelta de la esquina. Entre otras iniciativas, el gobierno sostiene que:

  • Se deberían hacer, al menos, dos audiencias semanales en los juicios que están en trámite. Muchas veces, cada tribunal hace una audiencia por semana y, en ocasiones, cada dos semanas;

  • Debería haber un plazo para que los jueces resuelvan los pedidos de indagatoria;

  • Las largas lecturas de los pedidos de elevación a juicio deberían reemplazarse por una breve exposición oral;

  • Se debería adoptar un criterio para que las personas que ya testimoniaron en otras causas no tengan que volver a hacerlo y se pueda incorporar su testimonio;

  • Las demoras en las instancias revisoras –en la propia Casación o en la Corte– deberían resolverse (hay algunos casos que dan vueltas en la calesita judicial durante más de ocho años);

  • La Casación debería controlar que se cumpla con sus acordadas y procurar que haya veedores en cada juicio.

En Casación tomaron nota, destacaron la reunión, pero también recordaron que hay una responsabilidad del estamento político en las demoras: existe un 25 por ciento de vacantes en los tribunales que deben llevar adelante los juicios y que el Consejo de la Magistratura no logró cubrir. Hay algunos lugares como el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata donde no hay jueces titulares y por ahí pasan todas las causas de la jurisdicción.

Un mensaje para la Corte

Entre 2016 y 2020, el máximo tribunal no convocó a la comisión interpoderes, que se había creado en 2008 para acelerar los juicios. La falta de actividad coincidió con el gobierno de Mauricio Macri. Recién hacia finales de 2020, Carlos Rosenkrantz le pasó el plumero a la comisión y la convocó. Fue justamente después de que pidieran su juicio político por la postura frente a los juicios de lesa humanidad. Ni el Ministerio de Justicia ni la Secretaría de Derechos Humanos ni la mayoría de los organismos aceptaron la invitación. Con la nueva presidencia de Horacio Rosatti no hubo llamado tampoco, así que Casación aparece ahora como un puente entre el gobierno, los organismos y el Poder Judicial.

“No hay ninguna señal de la Corte para el avance del proceso de verdad y justicia en momentos en que se la necesita”, dijo Pietragalla a este diario. En concreto desde la Secretaría remarcaron que el máximo tribunal no cubre los cargos en la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), que es, nada más y nada menos, la encargada de monitorear a los represores cuando salen de prisión. El tema es un eje de tensión entre Casación y la Corte. En mayo, los casadores volvieron a recordarles a los cortesanos que están en falta.