La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió el pedido de los Fiscales Federales de Catamarca y de la de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y revocó la falta de mérito dictada en beneficio de Juan Pablo Morales en la causa por narcotráfico. El abogado y ex juez, deberá por consejo del Tribunal tucumano esperar un nuevo pronunciamiento en cuanto a su estado procesal. En tanto, los jueces decidieron no hacer lugar al pedido de recusación del Juez Federal catamarqueño Miguel Ángel Contreras, por lo que continuará investigando.

Morales, estaba acusado junto a 8 personas por del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el número de personas”, que estipula penas que van desde 6 a 20 años de prisión. Además, la justicia ordinaria lo acuso por “cohecho agravado”, situación que originó su renuncia como juez en la Cámara de Apelaciones de la provincia.

El 7 de diciembre, el juez Contreras había dictado la falta de mérito de Morales en la causa por narcotráfico. Ésta resolución fue apelada por las partes y por los fiscales. En abril, el fiscal Federal de Tucumán, Gustavo Gómez, había señalado que la decisión de liberar a Morales fue “infundada, arbitraria y con voluntad liberadora”. Dijo además que la pesquisa estuvo viciada por actos de “considerable gravedad institucional”.

La decisión de los jueces tucumanos se conoció ayer. Al respecto, los magistrados señalaron: “Entendemos que le asiste razón a los miembros de la vindicta pública, en relación a que existen elementos suficientes como para considerar factible la participación del encartado Morales en las maniobras relacionadas con el tráfico de estupefacientes. En efecto, de las constancias de  autos, resulta que había un trato fluido entre Morales y los demás procesados (principalmente Rearte), quienes asiduamente asistían a su estudio e intercambiaban llamadas”.

Además, explicaron que “del detalle de las intervenciones telefónicas, tanto en las que los supuestos miembros de la banda mencionan a Morales y en las que participó, sumado a la declaración del imputado colaborador, surge patente la eventual participación criminal de Morales en la supuesta organización criminal destinada al tráfico de estupefacientes. En efecto, el imputado mantuvo comunicaciones habituales con Rearte, Lazarte, un tal “Julito”, en las cuales refieren con distintos adjetivos, a lo que entendemos claramente como cocaína y su comercialización. También se deben considerar las diversas comunicaciones entre los otros procesados en las que se hizo mención al “doctor” o al “abogado” (cuando se referían a Morales), de las cuales surge su posible participación en los hechos investigados. Es evidente que no pueden considerarse casuales las comunicaciones mantenidas por Morales con distintas personas involucradas en la causa, las menciones múltiples a éste, la asidua asistencia a su estudio por parte de los demás imputados, ni mucho menos la declaración del imputado colaborador”, detallan.

Por esta razón mencionan que Contreras, no solamente descalificó desacertadamente las pruebas de escuchas telefónicas, sino que además omitió considerar el contexto probatorio de la causa principal “donde se acreditó la existencia de una posible organización criminal cuyo radio de actuación abarcaba varias provincias y cuyos partícipes cumplían roles preestablecidos. Así entendemos que las conclusiones a las que arribó el a quo no responden a una apreciación adecuada de la prueba reunida en autos, a la luz de la sana crítica”.

“En este contexto, entendemos que el auto de falta de mérito del encartado recurrido, resulta un acto jurisdiccional carente de fundamentación lógica por inadecuada consideración de los medios probatorios recabados”, señalan y hacen lugar al recurso de apelación disponiendo que vuelvan las actuaciones a origen a efectos de que se dicte nuevo pronunciamiento, conforme lo considerado.

Morales, al igual que los demás y por riesgo porcesal podría tener prisión preventiva.

Recusación

En cuanto a la recusación del Juez Contreras solicitada por los mismos fiscales, el Tribunal de apelaciones decidió rechazarla, argumentando que lo aludido no era suficiente para poner otro magistrado a cargo de la investigación.