El juez federal de Revisión Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, dispuso la apertura a juicio del caso seguido contra cuatro jóvenes imputados por el delito de secuestro extorsivo doblemente agravado por la edad de la víctima y por la participación de tres o más personas.

La acusación es por el secuestro de Víctor Giménez, presidente del directorio de la empresa de transporte El Cóndor SA, cometido a primera hora de la mañana del 30 de noviembre del año pasado, cuando el empresario iba a las instalaciones de la firma, en la avenida Ragone N° 1, zona este de la ciudad de Salta.

Héctor Mario Campos y Ezequiel Maximiliano Toledo, quienes se habían vestido de policías y simulaban un control sobre la calle de acceso a la empresa, lo redujeron y lo escondieron en una pieza. Por su liberación, pedían 50 millones de pesos, pero al atardecer de ese mismo día, los secuestradores fueron detenidos y el empresario fue liberado. 

La decisión de que este caso vaya a juicio se tomó en el marco de la audiencia de control de acusación, llevada a cabo entre el 2 y 6 de junio. En ese marco, el fiscal federal Ricardo Toranzos y el auxiliar fiscal Facundo Mirabella ratificaron la acusación y rebatieron cuestionamientos y planteos de las defensas, incluido un pedido de sobreseimiento de uno de los acusados.

Asimismo, se determinó que los acusados Ezequiel Toledo, Héctor Campos, su hermano Franco Jerónimo Campos y Héctor Joaquín Emanuel Rodríguez, sigan con prisión preventiva hasta la fecha del debate, que estará a cargo de un tribunal colegiado.

Además de la imputación principal, a pedido de la fiscalía, se resolvió que Héctor Campos y Toledo también respondan por los delitos de resistencia y atentado a la autoridad, en concurso real. 

La fiscalía mantuvo el pedido provisorio de penas de entre 12 y 17 años de prisión.

La querella adhirió a la imputación penal impulsada por la fiscalía y solicitó 17 años de prisión para los cuatro hombres acusados. En este proceso hay también actoría civil que demanda un resarcimiento de cinco millones de pesos por el daño moral, psicológico y psiquiátrico que sufrió el empresario con el secuestro.

En la audiencia también se debatió sobre las pruebas que se llevarán a juicio, tanto para el juicio de responsabilidad penal como para la etapa de determinación de la pena.

Planificación y frustración 

En el inicio de la audiencia de control de la acusación el fiscal describió el hecho. Sostuvo que Campos y Toledo fueron los encargados del secuestro del empresario y que Rodríguez los ayudó vigilando el trayecto de la víctima desde otro sector. Después de reducir a Giménez, los ahora acusados lo mantuvieron cautivo en la pieza de una vivienda del barrio Los Paraísos, en zona este de la ciudad. Ese lugar había sido alquilado un día antes por los hermanos Campos.

Según detalló la fiscalía, desde ese sitio, los secuestradores solicitaron a media mañana el rescate del empresario, por cuya vida pedían 50 millones de pesos, cifra que luego redujeron a 5 millones.

Antes de pedir el rescate habían intentado transferir dinero desde el teléfono celular de Giménez, pero al manipularlo se bloqueó y la maniobra se frustró.

Luego, Héctor Campos se presentó en una concesionaria para tratar de vender la camioneta del empresario, una Mercedes Benz, pero se frustró nuevamente porque se supo que estaba usando documentos falsos.

En el atardecer de ese día, Rodríguez y Franco Campos, que debían encargarse de cobrar el rescate, fueron detenidos cuando circulaban en un automóvil VW Voyage. Mientras, los otros dos circulaban por los alrededores en la camioneta de Giménez, y fueron vistos por policías, comenzando una persecución de varios minutos hasta que los alcanzaron en el barrio San Calixto.

Héctor Campos, que manejaba la camioneta, siguió escapando. Más adelante Toledo se lanzó del vehículo y siguió huyendo a pie y el conductor terminó chocando con una pared lateral y, a pesar de ello, siguió su fuga. La policía encontró en la camioneta al empresario, maniatado y con golpes por el choque. Y Héctor Campos y Toledo, que ya habían sido identificados, fueron detenidos poco después. 

La fiscalía destacó que el secuestro pudo resolverse gracias a un trabajo conjunto entre la Unidad Fiscal Salta, la Procuración General de Salta y otros organismos como la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) y la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE).

La intervención oficial fue a partir de un aviso del hijo del empresario a la Procuración General de la provincia y el procurador general, Pedro García Castiella, designó al fiscal Ramiro Ramos Ossorio y dio intervención a la Unidad Especial de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal de la provincia, compuesta por policías provinciales. Toranzos recordó en la audiencia que el fiscal provincial y el titular del Área de Casos Complejos trabajaron de manera conjunta, como lo promueve el Código Procesal Penal Federal.

La DAJuDeCO identificó el número de teléfono usado por los secuestradores, y se dispusieron intervenciones telefónicas.

Así se identificó a Toledo, luego, con "una explotación en las redes sociales", dieron con los otros hombres, y, informó la fiscalía, "se reunieron valiosas evidencias, las cuales daban cuenta de un accionar premeditado por los acusados, con una distribución de roles y responsabilidades".

El fiscal subrayó que entre otros aspectos, la investigación determinó que los hermanos Campos y Rodríguez tienen familiares que trabajan en la empresa dirigida por Giménez y que los acusados estaban al tanto de todos los movimientos de la víctima.