Es miércoles, mitad de semana, solo 3 jornadas más y arriba el fin de semana con sus promesas de descanso. Mariana tiene que llevar a Agustín, su hijo, a la primaria pública a la que asiste en Villa Urquiza para luego intentar llegar a tiempo a su trabajo. Hace el repaso mental: el guardapolvo está bastante sucio, pero no alcanzó a lavarlo. La vianda, lista. Y ella, ¿qué iba a almorzar? No sabe, después ve. La ropa de fútbol la deja a mano para que apenas vuelva pueda ir a practicar. ¿Y la cena? Ya se ocupará Paula, le va a decir que la deje lista. Piensa que no quiere quemar la carta de los fideos así la guarda para una urgencia. Paula está por llegar a la casa de Mariana, tarde porque el padre de sus dos hijos avisó que no podía buscarlos ese día. Ella trabaja ahí, limpia, lava, cocina. Tiene 23 años. Se pregunta qué les darán a sus hijos en el comedor, si les alcanzará para todo el día, si el bondi del mediodía que tiene que tomarse para ir a cuidar a su abuela Pía tardará tanto cómo siempre, si Pía habrá conseguido las pastillas por la obra social o si va a tener que comprarlas ella como la última vez.

Las mujeres dedican más del doble de tiempo que los varones a realizar trabajos de cuidado no pagos. Con los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo recién publicados, se pone en evidencia que las mujeres terminan trabajando más horas que los varones sumando trabajo remunerado y no remunerado.

En el relato anterior, se pueden observar dos cosas: por un lado, la carga mental que implican los trabajos no pagos. Por el otro, de qué manera el Estado es determinante en cómo se lleva a cabo esta labor: escuela pública, comedor, transporte público y otros servicios sociales. 

El gasto público

Para garantizarlos, el Estado gasta dinero. Cuánto y en qué va a gastar lo define el Presupuesto Nacional y las políticas que allí describe pueden tener en cuenta las desigualdades de género, o pueden no contemplarlas. Si este es el caso, probablemente el Presupuesto vaya a reproducir las desigualdades. Quizás Mariana y Paula también se pregunten si un Presupuesto con perspectiva de género lograría que los días pesen menos.

Las políticas públicas tienen el poder de transformar la vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres. La fragilidad que está a la vista en la creciente feminización de la pobreza puede combatirse con acciones que tengan en cuenta sus causas. La tendencia de las mujeres a insertarse en trabajos informales y en ramas feminizadas peor pagas es uno de los tantos frentes que la política de empleo tiene la capacidad de alterar. En ese sentido, es fundamental revisar cómo es la inversión social del Estado y medir los impactos que tiene sobre los géneros cuando ejecuta una política pública.

Pero en todas las políticas, no sólo en las que tratan “temas de mujeres”, como las políticas de cuidados, las trabajadoras domésticas o la violencia de género. Insistimos: en todas las políticas y en todos los temas. Si las mujeres tienden a moverse más por la ciudad en horarios no pico, tiene que estar reflejado en la frecuencia del transporte público. 

Si su participación es excesivamente baja en ramas típicamente masculinizadas (como la construcción o la industria del software), tiene que tenerse en cuenta a la hora de diseñar políticas productivas. Si suelen insertarse en trabajos informales y no consiguen los suficientes años de aportes para jubilarse, la política previsional debe contemplarlo. Y así con todas las esferas del gasto: eso es transversalizar la perspectiva de género.

Preguntas correctas

Para evitar que los recursos se asignen en los presupuestos públicos como si no impactasen de forma distintiva en los géneros, es conveniente hacernos las preguntas correctas. ¿Qué porcentaje del presupuesto está destinado a políticas que contribuyen a cerrar brechas de género? ¿Qué áreas son las más rezagadas en cuanto a recursos? ¿Son las que tratan temas de género?

El proceso de formulación del Presupuesto es arduo y es extenso. Primero lo coordina el Poder Ejecutivo y luego lo aprueba -o rechaza, como sucedió este año- el Congreso. Se resiste a cambios bruscos. A pesar de esto, gracias a enérgicas demandas por parte de la sociedad civil y la voluntad de distintas áreas de gobierno, en 2019 Argentina incorporó la perspectiva de género en el ciclo presupuestario nacional. 

Al calor de la insistencia ciudadana, la herramienta elegida para comenzar fue el etiquetado “PPG”, algo que suele usarse para los primeros pasos de reconocimiento de los gastos que se realizan. Funciona como una estampa o un sello: se repasa todo el presupuesto y se le asigna la sigla “PPG” a programas o actividades presupuestarias de distintos organismos que persigan el objetivo de cerrar brechas de género.

¿Se puede decir que hubo avances? Sí: de 28 actividades identificadas en el primer año se pasó a 55 en 2021. Además, ya están por sumarse más programas de más ministerios para 2022, que no estaban etiquetados. Se buscará incorporar políticas que pueden tener impacto en la desigualdad, pero que no fueron específicamente diseñadas con el objetivo de reducirla. Sin ningún lugar a dudas, la incorporación del etiquetado PPG es un triunfo de quienes militan por asignaciones presupuestarias más feministas. Pero la marcha no termina ahí.

Presupuesto y planificación

Aunque es útil etiquetar programas, no es un fin en sí mismo, sino un proceso lento que se enmarca en un proyecto todavía más desafiante: hacer que el presupuesto con perspectiva de género se vuelva algo normal, natural, corriente al momento de hacer políticas. 

Esto es institucionalizarlo, instalarlo y desligarlo de la autoridad política de turno o de los recursos disponibles para impulsarlo. No será tarea fácil: faltan datos desagregados por género, la coordinación entre organismos no es ideal y todavía no tenemos una regulación legal del PPG. 

La buena es que empujar para que esto mejore también haría que las políticas públicas sean más eficaces en general, porque todas son “buenas prácticas” estatales.

Entonces, ¿cómo seguimos? Para adelante, sin olvidar todo lo aprendido. A pesar de los obstáculos y las rigideces, hay una variedad de métodos simples para ensayar: se puede mirar con lentes violetas y de antemano identificar quiénes se benefician del programa diseñado, o pueden establecerse compromisos de género en cada organismo. 

Para eso hay que entender que el presupuesto no es ajeno a la planificación de políticas y que la sociedad civil tiene mucho para decir al respecto. Este es un proceso que empezó de abajo hacia arriba y los avances están a la vista: lo mejor es que siga ese camino.

* Analista del Área de Géneros de Fundar. Es licenciada en Economía por la UBA y cursa una maestría en Planificación y Evaluación de Políticas Públicas en la Unsam.