¿Qué es un protocolo? Es un conjunto de estrategias de intervención respecto de una problemática (que consistiría, por ejemplo, en campañas de difusión de programas de prevención, estipulación de formas en que se deben tomar las denuncias, organización de comités, etc) que las autoridades de la institución -en este caso, la Facultad de Filosofía y Letras-, tienen la obligación de hacer cumplir. En 2015, cuando el protocolo fue aprobado, el plazo que se fijó para su aplicación fue de 180 días, pero apenas se dieron unos pocos pasos. Uno de ellos, en marzo de 2016, fue la creación de la comisión “No a la violencia de género” que funciona en el edificio de la calle Puan. Ivana Otero, una de sus integrantes, participó de la charla que organizó el Colectivo de feminismo popular Berta Cáceres en el pasillo del tercer piso de la facultad a comienzos de mayo. La acompañaron también otrxs tres panelistas: Alba Rueda, Allan Prieto y Ezequiel Bassa. Entonces se debatieron no solo la escases de acciones concretas (Otero hizo hincapié en la necesidad de difusión y en las pocas posibilidades de conseguir, a partir del cambio de gobierno, lugares a donde derivar a las víctimas denunciantes en caso de necesitarse asistencia psicológica), sino tambien la urgencia de incluir una perspectiva sexual y de género diversa y disidente, ya que el Protocolo parece haber dejado afuera una serie de realidades, entre ellas las de la comunidad trans. Para traer a esta mesa la cuestión de la invisibilidad como una de las formas de violencia institucional y discriminación solapada más naturalizadas, expuso en primer lugar Allan Prieto, integrante de Capicúa. “Me parece que lo interesante de este encuentro es clarificar las cosas -dijo Prieto-. Que este protocolo incluya masculinidades trans y pensar en todo, por ejemplo, un baño que solo tenga mingitorios está excluyendo la realidad de los varones trans. Estas parecen cuestiones sencillas, pero es un bajón transitar espacios donde no se contemple que las corporalidades son distintas”. Toda distinción, todo matiz, es evidente que se aparta del lenguaje de la mayoría de las instituciones por sensibles y revolucionarias que puedan parecer: “Uno piensa que por tratarse de la facultad de Filosofía están más adelantados - dice Prieto- y cuando venís a plantear determinados debates, te das cuenta de que hay preguntas como las de Medicina y Psicología, las universidades donde más batallas, continua y constantemente, tenemos que dar porque nos siguen patologizando”. En cuanto al marco general normativo a nivel nacional, explicó Ezequiel Bassa, militante de la Organización Rebelión Popular y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que “las leyes de protección integral a las mujeres del año 2009 y la ley contra actos de discriminación, de 1988, tienen un sesgo heteronormativo, así como aparece en algunos lineamientos curriculares que se desprenden del programa de Educación sexual integral”. Entonces, no es de extrañar, que si el marco general y hasta la misma ESI están levantados sobre este criterio, en las universidades se lo reproduzca también, por más autónomas que se supongan a la hora de generar sus propias normas. La activista trans Alba Rueda, entre otras cosas, explicó cómo fue expulsada de una cátedra por su identidad en esa misma facultad y cerró la charla contando las resistencias de la burocracia institucional para que su nombre fuera respetado en los papeles, aun después de la sanción de la Ley de identidad de género. “Me parece que el protocolo puede enriquecerse en la medida en que pueda ponerle voz a la experiencia trans -dijo-, por ejemplo, poder decidir qué hacer cuando hay una persona trans y quiere cambiar su libreta universitaria siendo estudiante. Esta cuestión del coming out dentro de la institución, ¿cómo se traduce esto? ¿Con qué herramientas? En mi caso, me borraron la libreta con LiquidPaper y pusieron “Alba” y al final, después de que con la ley de identidad de género estaba explícito que los datos personales tenían que ser protegidos por la institución, aclararon: “Se procede a cambiar el nombre de fulanito por el de Alba”. Por su puesto que su caso es uno más de esos que las normativas protocolares parecen desconocer: “En la práctica -cuenta Ivana Otero- de cada denuncia se abren un montón de situaciones nuevas a contemplar. Muchas no cuadran en el protocolo, se salen de su formalidad”.