La Agencia de Protección Ambiental (APRA) de la Ciudad de Buenos Aires otorgó al Gobierno porteño el certificado de aptitud ambiental para avanzar con el proyecto del Distrito Joven (DJ) en Costanera Norte. Tras las audiencias públicas realizadas en febrero, en las que la ciudadanía manifestó su descontento con el proyecto, la Agencia que depende del propio Gobierno dio luz verde a la iniciativa que contempla la instalación de locales gastronómicos y boliches, sin tener detalles precisos del Master Plan de la obra. En la resolución publicada en el Boletín Oficial, la propia APRA reconoce que "el titular del proyecto no brindó mayor información de las obras". Las organizaciones que trabajan en defensa de las tierras públicas califican al DJ como "la reprivatización de los sectores de Costanera Norte privatizados en los '90".
Las audiencias de febrero tuvieron como objetivo la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de DJ, aprobado por la Legislatura en 2018. En las audiencias, las organizaciones llamaron la atención sobre algunas frases vagas con que el EIA hablaba de la iniciativa: "Para muchos aspectos de potenciales acciones de la fase de Obras o de Usos, no se cuentan con detalles específicos", "de las antiguas propiedades o concesiones, aún no se cuenta con información sobre cuáles se preservarán", "no se tiene información al detalle de las obras sobre calles, veredas, parques, plazas, volúmenes o espacios a concesionar", mencionaba la EIA sobre el Master Plan del GCBA.
Cuatro meses después, y con más de 200 rechazos cosechados en las audiencias, la APRA decidió otorgar igual el certificado de aptitud ambiental. El tiempo transcurrido no parece haberle servido para despejar las dudas planteadas en el EIA. En la Resolución N°124 que oficializó la decisión, la Agencia responde a "la inquietud planteada acerca del destino de las futuras concesiones, obras que se construirán o de las existentes", que "el titular del proyecto no brindó mayor información de las obras a realizarse en los distintos sectores". "Se presentó una EIA sin que exista un proyecto concreto del Master Plan que evaluar y la APRA autorizó un proyecto que también reconoce que no existe. Un verdadero delirio ambiental y urbanístico y una violación absoluta a la Democracia Participativa Ambiental”, dijo a Página/12 María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, e investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.
Son cuatro los sectores a los que la APRA dio el visto bueno desconociendo lo que se realizará. La ley de DJ dividió en cinco el tramo que va desde Costa Salguero hasta el inicio del Parque de la Memoria, y habilitó que se realicen concesiones privadas en algunas de las áreas que comprenden los terrenos sobre las márgenes del Río de la Plata. A pesar del cuestionamiento de las agrupaciones vecinales, la EIA excluyó el tratamiento de Costa Salguero --cuyo uso ya fue definido por la ley votada en diciembre pasado, aunque la venta aún está frenada por la Justicia-- y se centró solo en una superficie a concesionar que alcanza 14,19 hectáreas, casi el 20 por ciento de las 73 hectáreas ribereñas.
Aunque se desconocen los detalles del proyecto oficial, la mayor superficie destinada al uso privado se encontraría en los sectores 1 y 2, que incluyen la franja costera que rodea a Tierra Santa y Parque Norte, y tierra ganada al río junto al extremo norte del aeroparque. Con el argumento de que serán usadas por la juventud, las nuevas concesiones estarán destinadas a locales gastronómicos, bares o boliches. Allí deberían entrar los espacios anunciados por el GCBA en el programa "BA Costa", como el Parque del Arroyo Vega y una playita a su lado, proyectos que sumarían, entre los dos, ocho hectáreas de espacio verde.
"Eso se construirá rellenando el Río de la Plata, lo que está prohibido por el Plan Urbano Ambiental. El relleno se realiza porque el GCBA entregó ese sector a empresas y necesita rellenar para conseguir algo de espacio público. Un absurdo que sólo se entiende desde la perspectiva de los negocios y la caja política", dijo en este sentido Jonatan Baldiviezo, abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del movimiento "La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”. El abogado que presentó el amparo que mantiene frenada la venta de Costa Salguero aseguró que el DJ "es la reprivatización de los sectores de Costanera Norte que se privatizaron en los '90 para gastronomía y boliches. En vez de respetar la Constitución y recuperar esos predios para grandes parques públicos, el GCBA ha decidido dejarlos en manos privadas".
En este sentido, Koutsovitis recordó que las audiencias públicas se realizaron "estando finalizadas la mayoría de las concesiones del sector 1". “La prisa en hacer estos negocios es tan grande que en plena pandemia se comenzaron a adjudicar las primeras concesiones", advirtió. Según un relevamiento realizado por las organizaciones, antes de poner en discusión la EIA ya se habían concesionado diez espacios de ese sector a empresas del rubro gastronómico, de eventos o entretenimiento.
