El desfinanciamiento de la cultura, el acervo identitario y miles de puestos de trabajo. Eso es lo que se jugaba en el debate que comenzó en la tarde del miércoles en la Cámara de Diputados. El 3 de mayo la Comisión de Presupuesto había aprobado el dictamen de mayoría para llevar al recinto el proyecto presentado por el diputado Pablo Carro (FdT, Córdoba), que establece una prórroga por 50 años para las asignaciones específicas que garantizan los fondos destinados a las actividades culturales. El colectivo Unidxs por la Cultura –que hace dos semanas organizó una conferencia de prensa frente al Congreso– convocó a una vigilia para garantizar la votación y evitar el apagón cultural. Desde la mañana asistieron numerosas organizaciones, sindicatos, centros de estudiantes, bibliotecas populares, medios comunitarios y miembros de los diversos sectores involucrados. Pasadas las 22, el recinto aprobó con 132 votos a favor, 5 en contra y 92 abstenciones, la mayoría de JxC. Ahora le toca al Senado.

La fecha límite –31 de diciembre de 2022– fue establecida en el artículo 4° de la ley 27.432 sancionada en diciembre de 2017, que establece la caducidad de estas asignaciones. El párrafo afecta a instituciones como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), el Instituto Nacional del Teatro (INT), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) o el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). La sanción no fue un episodio aislado sino que formó parte de un proyecto cultural que intentaba reducir el Estado a su mínima expresión. Durante la gestión de Mauricio Macri el Ministerio de Cultura fue degradado a Secretaría, entre otras medidas.

María Laura Vasquez, cineasta y presidenta de Realizadores Integrales de Cine Documental (RDI), explicó a Página/12: “Hoy se juega la posibilidad de evitar la caducidad del Fondo de Fomento a la Cultura. Reclamamos que se mantengan estas asignaciones que subsidian los créditos y la producción de diferentes ramas. Necesitamos que se vote esta ley para continuar produciendo cultura, que genera un gran porcentaje del PBI, es un ente promotor de trabajo y de riqueza. Cultura es absolutamente todo lo que hacemos, habría que deslindarla de esa construcción de elite asociada a niños malcriados que se ponen a jugar con el dinero del Estado. Decir eso es no entender el concepto de soberanía. Todo lo que hace el ser humano es cultura; estos fondos apoyan la expresión artística, que es tan sólo una parte”.

“Estoy acá para apoyar y me gustaría que fuésemos muchísimos más; veo poca presencia actoral”, expresó el intérprete Diego Velázquez. “Me parece que está en juego mucho más de lo que creemos, porque si no tendríamos que estar todos. Hoy se juega el futuro del cine, el teatro, la música y aquellas artes que no tienen a los grandes productores detrás. El Estado debe apoyar las expresiones que no buscan un rédito económico, porque si no es el mercado el que regula todo. Sin esos apoyos se decreta la muerte de esas voces que no tienen cómo existir. También es importante que las provincias puedan tener su propia mirada. Mucha gente dice que no le importa el cine independiente o que no lo consume y es ahí donde tiene que entrar el Estado para garantizar las voces de las minorías, porque las mayorías ya tienen su lugar. Debemos entender que todas las voces son las que nos dan identidad, no una sola”.

La letra chica del ajuste fue escrita en 2017 pero explotó recién ahora, durante la gestión de Alberto Fernández. Los medios comunitarios fueron otros actores afectados por la normativa. Agustín Antoniades, miembro de Barricada TV, definió a su sector como “una gran fuente de trabajo” y opinó que “es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Además, aportamos algo distinto a la comunicación, otra mirada. Desde ahí entendemos el periodismo y siempre decimos que sin medios comunitarios no hay democracia”.

Esta lucha fue encabezada desde el inicio por el Colectivo de Cineastas, pero rápidamente se plegaron diversos sectores que dejaron muy clara la unidad. “Nuestra fuerza está en la calle”, reza el lema de la vigilia, y ese es uno de los puntos que destacó Ingrid Urrutia, delegada de ATE-INCAA: “Desplegamos acciones que visibilizan esta pelea en las calles. Hicimos una conferencia frente a un cine emblemático como el Gaumont; acciones frente al INCAA que terminaron con el pedido de renuncia a Luis Puenzo; un festival frente al Congreso para evitar el apagón cultural; una conferencia de prensa con números artísticos y la jornada de hoy. Nosotres queremos hacer hincapié en los 50 años porque es el plazo mínimo que deberían tener los recursos para la cultura. Estos fondos no deberían tener fecha de caducidad, deberían ser garantizados por el Estado a perpetuidad”.

Los 50 años fueron uno de los puntos sensibles en el tratamiento. Juan Mascaró, presidente de DOCA, informó desde el Congreso que la negociación giraba en torno a esa demanda: “La oposición sigue insistiendo en que sean 10 años o menos. Para nosotros es un plazo muy pobre porque tardamos 6 años en revertirlo si es que se da hoy, entonces en 2 o 3 años tendríamos que estar militando de nuevo por la caducidad. La gente está muy activa y hay una gran unidad del sector, pero consideramos que es una lucha defensiva; estamos tratando de no perder algo, no de ganar nuevas conquistas. Antes de todo esto se estaba discutiendo el gravamen a las plataformas, un gran tema pendiente”.

En relación a la prórroga, la actriz Elvira Onetto declaró: “Con los 10 años corremos el riesgo de que el gobierno de turno decida el destino de estos fondos. Los impuestos se recaudan igual, el tema es que no quede a voluntad de quien gobierna llevarlos hacia la cultura. Es importante que la ley sea aprobada porque cada pueblo refuerza su identidad con estas expresiones. Si perdemos eso somos un producto, quedamos en manos de las plataformas o los grandes grupos económicos que determinan qué es lo que tenés que decir”.

El actor Gonzalo Urtizberea pidió a los diputados “un poco de conciencia” y señaló: “A veces creo que hay una gran ignorancia de la derecha porque ni siquiera saben qué es lo que están atacando. Tienen que informarse un poco; de todos modos, sus adherentes son tan ignorantes como ellos. En el conservatorio Juan Carlos Gené me enseñó que la cultura es todo lo que pertenece a un pueblo”. La actriz Natacha Méndez, por su parte, agregó: “La soberanía también supone derechos, no sólo identidad. Hoy podemos participar en producciones extranjeras, pero no tiene que ver con lo que nosotros queremos contar o mostrar. Cultura es identidad y no es posible sin el apoyo de las instituciones”.