Un informe de Interpol afirma que ninguno de los tripulantes del avión venezolano está vinculado con organizaciones terroristas ni tiene pedidos de captura ni alertas rojas que pesen sobre ellos. El reporte llegó a manos del juez Federico Villena, quien puso en marcha una inspección al Boeing 747 de la empresa Emtrasur que por orden suya permanece "secuestrado" en el aeropuerto de Ezeiza mientras acumula elementos para definir qué hacer tanto con la aeronave como con los 14 venezolanos y 5 los iraníes que venían en ella. A la vez, Estados Unidos, Israel y Venezuela jugaron sus fichas para presionar con sus respectivos intereses: los dos primeros apuntaron contra Irán, los venezolanos contra Uruguay, que había rechazado al Jumbo en pleno vuelo pese a que antes había admitido su ingreso, lo que lo puso en peligro al tener poco combustible. 

Operativo en Ezeiza

La inspección del Boeing comenzó en la noche del jueves y todo indicaba que seguiría al menos hasta la madrugada. Parte del operativo estuvo a cargo de la Policía Federal (PFA) y otro tanto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esta última había sido cuestionada por el abogado de los venezolanos ante el propio Villena con el argumento de que el procedimiento que hicieron sus agentes en la aeronave la semana pasada fue un allanamiento ilegal. Villena dispuso incautar, entre otras cosas, la caja negra del avión, para recuperar las grabaciones de los diálogos que pudieron haber tenido lugar en la cabina. LLevó un buen rato que comenzaran los agentes a trabajar porque el avión estaba "desconectado" y hacía falta algo tan básico como encender la luz. El juez pidió que fueran a buscar a los técnicos venezolanos de la propia tripulación al hotel donde están alojados y también a expertos de la empresa Boeing para evitar que alguien tocara algo sin saber y generara un problema de seguridad operacional. 

En la revisión que se hizo cuando el avión volvió a Ezeiza tras ser rechazado por Uruguay, ni la PSA ni el Departamento de Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA) de la PFA ni la Aduana encontraron nada sospechoso como armas, explosivos o drogas o dinero. Villena quiso constatarlo, para lo que los investigadores llevaron perros y dispositivos electrónicos. Uno de los argumentos es el que apareció en el comunicado de la Embajada de Israel en Argentina que --más allá de haber mostrado satisfacción por la respuesta argentina-- expuso "preocupación" porque el avión pertenecía antes a la empresa iraní Mahan Air que, junto con Qeshm Fars Air --y siempre según dichos de la sede diplomática-- "se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Quds, las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas". El texto aseguraba que entre los tripulantes que llegaron a Buenos Aires estaba un ejecutivo de Qeshm Fars Air, de origen persa. 

Además de buscar elementos en el interior de la aeronave, la PFA controlaba entrada la noche la carga que trajo a la Argentina y que está en un depósito en Ezeiza: son autopartes para la empresa Volkswagen. Como informó este diario, el avión fue contratado por la autopartista Faurecia, proveedora de la automotriz alemana. Los vuelos contratados fueron tres, porque la fábrica en Argentina tenía urgencia para completar modelos en fabricación. Los vuelos salieron de Querétaro, en México. La aeronave retenida en Buenos Aires estuvo el último mes en México, Paraguay, Aruba y Pakistán. Ninguno puso reparos. En Paraguay, con posterioridad, debieron renunciar dos funcionarios de la Dirección Nacional de Aviación Civil porque no inspeccionaron nada. El vuelo llevaba cigarrillos de la empresa del expresidente Horacio Cartés --amigo de Mauricio Macri-- llamada Tabacalera del Este a Aruba. 

Los medios afines a la oposición intentaron instalar que Paraguay había alertado al gobierno argentino con anterioridad. Sin embargo, la comunicación de ese país --que se hacía eco de una observación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos-- llegó cuando el avión ya había aterrizado en Ezeiza, según explicó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández en C5N. Contó que habló con el ministro del Interior del país vecino, Federico González. El gobierno uruguayo, al rechazar dos días después el arribo pese a que lo había autorizado antes, habría alegado ante funcionarios argentinos tener información de agencias internacionales, sin precisiones. 

El informe de Interpol

El informe de Interpol que llegó al juzgado, según allegados a la investigación, es clave. Confirma lo que ya había dicho públicamente el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, y que previamente había constatado la Dirección de Migraciones, que recibe información permanente sobre alertas y personas sospechadas. La AFI también envió al juez un oficio en la misma línea. La fiscala que interviene, Cecilia Incardona, había pedido reclamar la respuesta de distintos organismos sobre el Boeing y los tripulantes, lo que incluye también al FBI estadounidense, el Departamento del Tesoro de ese país y a Uruguay. El objetivo es que haya una respuesta documentada que permita tomar definiciones sobre lo que hasta ahora es una pesquisa donde no se precisa ningún delito bajo sospecha. 

Los venezolanos pedirán que les devuelvan los pasaportes apenas termine la pericia scopométrica, sobre la autenticidad de esos documentos, lo mismo que el análisis de las huellas dactilares. Los iraníes comparten la aspiración. Es posible que el Boeing 747 con matrícula YV3531 (YV es la sigla correspondiente a Venezuela) quede en Ezeiza por el momento y que los tripulantes, si quedan habilitados a irse, viajen a Bolivia y de allí a Caracas en un vuelo de Conviasa. El juzgado y la fiscalía aguardan documentación, respuestas de organismos nacionales e internacionales y habrá que ver qué pasa con las pericias de los celulares, dispositivos electrónicos y pendrives secuestrados en el hotel Plaza Central Canning. 

Hasta ahora, como es evidente, no hay nada que vincule a la tripulación con el terrorismo, incluso el reporte de Interpol lo descarta. Las versiones sobre la posibilidad de que se trate de espías divulgada por medios afines a la oposición, que dejaban entrever que era una teoría manejada por la PSA, fueron rechazadas por la Casa Rosada. El ministro Fernández dijo al ser consultado por esa teoría puntual: "En Argentina quienes toman las decisiones son los civiles, si alguien de las fuerzas de seguridad dijo semejante cosa, seria objeto de una reprimenda". 

Estados Unidos, Israel, Venezuela

Tanto Israel como Estados Unidos intervienen por distintas vías en el episodio del avión desde el inicio, con sus teorías anti-iraníes. La embajada israelí fue enfática en el comunicado difundido en ligar la aerolínea con la compañía iraní "sancionada por Estados Unidos" que fue su dueña anterior al "tráfico de armamento y el traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Quds", que, advierte, con la Guardia revolucionaria iraní buscaría "consolidar su influencia" en "Sudamérica". A la vez destaca que "habiendo sido la República Argentina víctima de dos atentados terroristas perpetrados por Irán, el Estado de Israel considera que la postura firme de Argentina constituye un mensaje importante a Teherán para que no vuelva a intentar actuar en suelo argentino ni en ningún otro país de la región. El Estado de Israel desea expresar su reconocimiento por el accionar rápido, efectivo y firme de las fuerzas de seguridad argentinas que identificaron en tiempo real la amenaza potencial de la aeronave a la luz de las sanciones que le fueron impuestas". 

El embajador de Estados Unidos, Marc R. Stanely, dijo en una línea similar, pero sin profundizar demasiado: "Seguimos con gran interés las investigaciones judiciales y policiales de la tripulación y el avión, y agradecemos los esfuerzos investigativos de las autoridades argentinas para esclarecer la situación". 

El gobierno de Venezuela también sacó un comunicado, que le apuntó a Uruguay, al que responsabilizó por "el irresponsable manejo (...) al revocar el permiso de sobrevuelo otorgado a la empresa venezolana Emtrasur, mientras que la aeronave se encontraba en el aire, cumpliendo el itinerario entre el Aeropuerto de Ezeiza Argentina-Montevideo-Caracas para hacer su escala técnica de abastecimiento". El texto señala que no tenían la cantidad de combustible reglamentario --como es conocido ya, ninguna de las petroleras quiso proveerles combustible--. "Esta lamentable acción pudo haber ocasionado una tragedia, pérdidas humanas y daños para ambas naciones", sostiene. Detalla que tenían 17 mil litros de combustible al volver a aterrizar en Ezeiza, cuando el límite recomendado es 20 mil. Le exige "explicaciones sobre este terrible hecho a las autoridades del gobierno uruguayo". 

La reacción de Estados Unidos e Israel sorprendió en el gobierno argentino y fue bienvenida. "No la esperaba", dijo públicamente Aníbal Fernández. Y añadió: "Argentina tuvo dos atentados, tenemos que mirar estas cosas con atención, lo que no significa acusar a nadie".