La falta de presupuesto adecuado para cumplir con la Ley de Salud Mental que apunta a la “desmanicomialización” en el país está demostrando ser uno de los principales obstáculos para alcanzar este objetivo. 

Una de las consecuencias es que el Hospital Miguel Ragone (de referencia en la atención de los pacientes con padecimientos mentales) cuente con 16 camas de internación para personas inimputables que llegan a ese lugar por decisiones judiciales en causas penales. Sin embargo, 22 personas se encuentran bajo esta condición, por lo cual las 8 personas que no tienen lugar en la sala destinada, se encuentran en un área de internación de varones bajo custodia policial. 

Así lo confirmó a Salta/12 el gerente del Hospital, Fernando Acuña, al ser consultado por las denuncias que realizaron trabajadores de la institución sanitaria. "Los inimputables no deberían estar en el Ragone", dijo a este medio la secretaria de Salud Mental de la provincia, Irma Silva. Ante ello, indicó que habrá reuniones entre los ministerios de Salud y de Seguridad para encontrar una alternativa para estas personas. 

Trabajadores del Hospital realizaron diversas manifestaciones denunciando las malas condiciones edilicias del centro sanitario. Por ello, el ministro de Salud, Juan José Esteban, expuso ante los senadores provinciales la proyección de 73 millones de pesos en obras desde el Ministerio de Infraestructura para refaccionar techos, sanitarios, pisos e instalaciones eléctricas; además de dotarlo de un pozo para abastecerlo de agua. Para los trabajadores, este presupuesto sería insuficiente. 

Salir del Hospital “monovalente”

Acuña afirmó que uno de los objetivos de la Ley de Salud Mental es poder salir del hospital monovalente entendido como “manicomio” en su momento, para ir hacia un hospital general. No obstante, reconoció que la desmanicomialización no implica el cierre del Hospital sino una reconversión, que consista en dar otras prestaciones por fuera de las exclusivamente mentales. Esto, además, con la posibilidad de seguir siendo especializado en la atención de salud mental.

Acuña leyó como uno de los obstáculos la internación de personas inimputables involucradas en causas penales, cuya situación es decidida por los jueces según el Código Penal viejo. Fue entonces que manifestó la necesidad del Órgano de Revisión finalmente aprobado ayer en el Senado provincial y que ahora espera su promulgación. 

Al ser consultado sobre las alternativas a plantear para personas inimputables internadas en el Hospital, el gerente afirmó que desde las asesorías se sugirió “hacer juntas médicas”, para enviar al juez penal un informe de la evaluación y que sea el magistrado quien determine si se cae la medida de seguridad al paciente y pasa a depender, por ejemplo, de un juzgado de familia. “Ahí ya hay otro manejo, el equipo tratante decide el tipo de tratamiento del paciente y, si no necesita internación, vuelve a su domicilio o se lo trata de manera ambulatoria”.

Silva, en tanto, afirmó que en la actualidad hay un total de 82 pacientes internados en el Hospital Ragone. Indicó que según un censo que se realizó en 2019 en el sector de la Salud Mental, el promedio de las internaciones a nivel país es de más de 8 años y una de cada cuatro personas está en esa situación hace 11 años o más. "Incluso se encontró a personas con 70 años de internación", contó. 

Pero indicó que un gran problema en la extensión de las internaciones es que a veces les pacientes están en condiciones de contar con un alta clínica "pero la social no se puede dar". Es que se precisa de "un abanico de articulaciones para que las personas puedan continuar con su contención" en un tratamiento al padecimiento mental una vez que salen de la internación, sin contar que además es necesaria la inclusión socio laboral, que "no se implementó en todo este tiempo".

Menos del 1% de presupuesto

Uno de los principales reclamos volcados en una declaración que realizó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a la que adhirió el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Salta, es que se debe cumplir con el presupuesto establecido en la Ley 26.657. Allí se indica que el 10 por ciento del presupuesto de Salud debe ser destinado a salud mental.

En la provincia el presupuesto destinado a salud mental "no llega al 0.4 por ciento", sostuvo Silva. Especificó que solo entre el 12 y 15 por ciento de les matriculades en Psicología están incorporades a la estructura del Ministerio de Salud. Quienes están activos con sus matrículas llegan a 1300 en toda la provincia.  

Una de las quejas constantes en el interior provincial es la falta de recursos humanos para tratar los padecimientos mentales y los de adicciones. 

Al hacer un desagregado del recurso humano disponible, Silva especificó que, entre los centros de salud de la zona norte y sur de la capital salteña, suman 51 psicólogos. El Hospital Materno Infantil cuenta con 9 psicólogos y 2 psiquiatras. El San Bernardo, con 6 piscólogos y 2 psiquiatras. El Oñativia, con 2 psicólogos y 2 psiquiatras. El Hospital del Milagro, con 7 psicólogos y 1 psiquiatra. El Ragone, con 12 psicólogos y 11 psiquiatras más les residentes que corresponden. En el interior provincial, en tanto, la zona oeste cuenta con 22 piscólogos; la zona norte, con 8 psicólogos y 2 psiquiatras, y en la zona sur de la provincia, con 12 piscólogos más el funcionamiento de una residencia. 

Proceso colectivo

La jueza de Familia 2 de Orán, Ana María Carriquiry, en tanto, comunicó ayer al Registro de procesos colectivos la pretensión seguida contra el Ministerio de Salud y la provincia de Salta, que tiene por fin la puesta en funcionamiento de un plan de salud que garantice la atención de las personas con padecimientos mentales.

La acción fue interpuesta por los Asesores de Incapaces de Orán, quienes advirtieron la falta de infraestructura edilicia, carencia de recursos humanos e insuficiencia de personal.

Requierieron que el Hospital San Vicente de Paul, de Orán, cuente con personal suficiente y equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros para la atención de personas con padecimientos mentales.

La Procuración General consideró que existe una estrecha vinculación con las causas en trámite ante la Corte de Justicia local: “Amparo constitucional presentado por Sebastián Ezequiel Pilo en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia ACIJ; Comisión Directiva Wichí Misión La Loma sobre Competencia”, Expediente Nº 41881/22 y “Graham, Marisa; Hernández, Juan Facundo c/Gobernador de la provincia de Salta- Poder Ejecutivo Provincial s/Amparo”, Expediente Nº 41.779/2021. No obstante esta opinión, Carriquiry decidió asumir la competencia en el presente proceso, dado que "se dirige contra la provincia de Salta y contra el Ministerio de Salud y no contra el titular del Ejecutivo Provincial". 

Por ahora se ordenó al Ministerio de Salud de la provincia y a la provincia de Salta la emisión de informe circunstanciado al respecto en el plazo de 72 horas.

Asimismo, se dispuso integrar la litis con el Ministerio de Economía de la provincia a los fines considerar el posible impacto macroeconómico que reviste la causa.

Por último, se requirió al Ministerio de Economía y al Ministerio de Salud un informe de las inversiones en materia de salud en la ciudad de Salta Capital, en la ciudad de Orán; y específicamente en materia de salud mental de ambas ciudades, desde 2019 a la actualidad. A su vez, se requirió un informe comparativo de los recursos humanos y económicos (partidas presupuestarias) en salud y salud mental de la capital provincial y la ciudad de Orán, teniendo presente el número de habitantes de cada uno de estos centros urbanos