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Un retroceso en la política diplomática de acercamiento que proclamaron Estados Unidos y Cuba el 17 de diciembre de 2014 parece muy próximo. Nadie se atreve a ponerle una fecha, aunque en la primera potencia mundial hay especulaciones sobre una posible: fines de junio. El anuncio oficial ya no sería producto de una trabajosa construcción bilateral y sí de una decisión unilateral del gobierno de Donald Trump.
La cadena Univisión, que durante la campaña electoral en EE.UU. apoyó sin disimulo a Hillary Clinton, citó a un portavoz de la Casa Blanca que ratificó la noticia de que se está evaluando una nueva política hacia Cuba: “No hay fecha límite para que se termine y se presente al presidente para su revisión, lo que podría ser este mes o después de eso”. Detrás del cambio de rumbo que se pretende para la isla, se advierte la voluntad de los enemigos del gobierno de Raúl Castro: el senador republicano de Florida, Marco Rubio y el diputado del mismo partido y estado, Mario Díaz Balart, más el senador demócrata por Nueva Yersey, Bob Menéndez. No son los únicos, pero si los más activos, según TheDailyCaller.
Rubio y el senador demócrata Bill Nelson les enviaron una carta al secretario de Estado, Rex Tillerson, y al del Tesoro, Steve Mnuchin, pidiéndoles compensaciones para los empresarios que perdieron bienes en la isla durante la Revolución Cubana. El texto lo difundió el martes pasado la agencia Efe. Si los esfuerzos de todos estos congresistas no tuvieron resultados concretos hasta ahora, se debe a que Trump se distrajo en otros asuntos de Estado que lo urgían.
Cuando atravesaba la campaña electoral, como candidato presidencial decía una cosa y hoy desde la Casa Blanca sugiere otra. En 2015 sostenía que la política de distensión con La Habana estaba bien, pero en febrero pasado expresó sus coincidencias con Rubio. Este último tuiteó en marzo que confía en que Trump “tratará a Cuba como una dictadura”. Durante esta semana se sumó en un tono parecido el gobernador republicano de Florida, Rick Scott. Le pidió a Trump que establezca “un nuevo rumbo” para Cuba y Venezuela.
El lobby de la derecha más anticubana nunca se detuvo en EE.UU. Ahora espera que las palabras del presidente suenen dulces a sus oídos. Desde que cancele los acuerdos producidos cuando Barack Obama ocupaba la Casa Blanca a más restricciones para los viajes de los ciudadanos estadounidenses a la isla. Cualquier decisión es posible. Hasta cambios que sean solo cosméticos. Tratándose del hombre que avanza en el levantamiento del muro en la frontera con México o que retiró a su país del Acuerdo de París por el cambio climático, no debería sorprender a nadie.
Sin embargo, tres cuartas partes de los habitantes de Estados Unidos suscriben los cambios que se concretaron con el apoyo del Papa Francisco y el gobierno de Canadá a fines del 2014. Lo señala una encuesta que en diciembre realizó el PewResearch Center.También, y aunque no se levantaron por completo las prohibiciones al turismo, unos 280 mil visitantes de EE.UU. viajaron a Cuba en 2016. Washington autoriza un régimen de doce categorías diferentes para llegar a La Habana. Grupos empresarios que hacen presión e intentan comerciar con la isla, estiman que si Trump desmonta la apertura se perderían unos 6.600 millones de dólares y algo más de 12 mil empleos durante su gobierno. Los datos fueron difundidos por la organización Engage Cuba, que recibió apoyos de las multinacionales Cargill y Procter&Gamble, por citar un par de casos. Mientras tanto el senador republicano por Arizona, Jeff Blake, presentó un nuevo proyecto para terminar con todas las restricciones para viajar a Cuba. No es la primera vez. Hace quince años había hecho lo mismo. Reclama que los estadounidenses tengan la libertad de poder trasladarse a la isla. Un derecho que EE.UU. siempre defendió para los cubanos cuando lo eligieron como destino y que les niega a sus propios ciudadanos.
Las consecuencias de un regreso a la vieja política de la Guerra Fría que Obama consideró un fracaso, también son analizadas en Cuba. En una entrevista que publicó la agencia Reuters desde la isla, tres funcionarios del Ministerio del Interior se refirieron al tema. Coincidieron en que los éxitos logrados por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas –por ejemplo, en la lucha contra la trata de personas– podrían perderse. Sugirieron que las conversaciones de alto nivel hoy paralizadas son “de suma importancia para ambos países porque se pone en riesgo la seguridad de ambos”. El testimonio corresponde a la teniente coronel Dalgys Lamorut, funcionaria de la Dirección de Inmigración y Extranjería.
Antes de abandonar el gobierno, el ex presidente Obama derogó la ley conocida como “pies secos, pies mojados” que le permitía a un cubano que llegaba a Estados Unidos obtener beneficios que no se les otorgaban a ciudadanos de otras nacionalidades. Esta política se originó durante la administración de otro presidente demócrata, Bill Clinton. A mediados de los años 90, le agregó una enmienda a la ley de Ajuste cubano de 1966. Por ella, si alguien llegaba desde la isla a EE.UU. recibía la ciudadanía. En cambio, si era interceptado en el mar resultaba deportado.
Los anticastristas más nostálgicos de la línea de mano dura se frotarían las manos si Trump los devolviera al pasado. A esa postal de aquellos viajes en balsas improvisadas que navegaban los 145 kilómetros que separan a Florida de la isla. Una forma de abandonar el país que bajó sensiblemente según las estadísticas más recientes, y que incluyen la información que brinda la Guardia Costera de Estados Unidos. En paralelo, aumentaron los vuelos y viajes de cruceros entre los dos destinos.
