A Romina Rosales, de 28 años, no la mataron la hepatitis que le diagnosticaron primero, ni las piedras en la vesícula que le diagnosticaron después, ni la infección generalizada que se le disparó supuestamente por efecto de esas piedras, ni el paro cardiorrespiratorio que determinaron en el acta de defunción, que intenta justificar en lo natural de toda muerte cualquier causa antinatural que la provoque. A Romina Rosales la mató la política de discriminación que hace que el principal hospital público de Mar del Plata, más conocido como HIGA (Hospital Interzonal General de Agudos) no tenga médicos para atención de guardia, tenga una brutal falta de camas, carezca de insumos básicos y por sus pasillos circule una epidemia de desazón de servicio que se transfiere en línea recta sobre la salud de sus pacientes. La madre de Romina denunció por abandono de persona seguido de muerte a la gobernadora María Vidal; a su ministra de Salud, Zulma Muñiz; y a todos los responsables médicos por acción u omisión. Esta semana, el secretario de Salud del municipio, Gustavo Blanco, aclaró ante el Concejo Deliberante la situación del HIGA y las salas sanitarias de la ciudad: “No existen faltantes. Es una sensación”. A  Romina Rosales la mató una sensación.

La denuncia penal la presentó María Cardozo, madre de Romina, a fines de mayo, con el asesoramiento de la organización social Casa del Trabajador. En febrero pasado, se presentó un pedido de amparo de un vecino marplatense, Rubén Godoy quien, como habitante de la ciudad con mayor desempleo del país según datos del Indec, reclamaba atención del hospital público al carecer de obra social o prepaga que le diera acceso al servicio de salud. En esa oportunidad, el director del HIGA, Gustavo Galbán, reconoció el “déficit de camas de internación” y advirtió que “la prioridad número uno” será que “en el corto plazo el hospital pueda contar con un mayor número de camas que facilite todo el movimiento de pacientes dentro”.

Igual que el denunciante Godoy, Romina Rosales no tenía cobertura de obra social y apenas ganaba para el sustento de sus tres hijos y de ella.

El 17 de abril pasado, la inversión prometida por Galbán no se había efectivizado. De hecho, Romina experimentó la sensación de haber quedado sin atención adecuada y sin cama. Ese día fue llevada por su madre al HIGA para ser atendida. El relato de María Cardozo, en su denuncia, es sobrecogedor por el desamparo que desnuda la naturalidad con que se sufre el vacío.

María llegó del trabajo a las tres de la tarde de ese día y se encontró con su hija “muy mal”. Decidió entonces llevarla al HIGA. “En un remis llegamos al lugar aproximadamente a las 16. Desesperada, subí las escaleras, me acerqué a la puerta, que estaba cerrada; golpeé la misma pidiendo auxilio”, cuenta la denunciante y recuerda que alguien, en la ventanilla de atención al público, “abrió una pequeña reja y sorpresivamente me dijo que no había médico y que fuera al UPA (Unidad de Pronta Atención) que se encontraba a la vuelta (en realidad la UPA se encuentra a cinco cuadras). Yo estaba en el lugar sin movilidad, sin recursos y sin atención médica –relata la mujer–. Cuando le manifesté esta situación, la persona que me atendía a través de la reja me dijo: ‘No sé, arregláte’. Me dejaron junto a mi hija abandonada”. 

No le ofrecieron ambulancia pese a ver el estado en que se encontraba la joven. “Solicité desesperadamente un taxi –dice María– para que me llevara al UPA. Cuando llegue al lugar, nuevamente y para mayor sorpresa veo un cartel que decía ‘No hay médico’. Como la situación de mi hija era crítica, una enfermera me hizo pasar junto a ella, la revisó y diagnosticó una posible hepatitis; le suministraron suero y la dejaron en observación en el lugar hasta las 19:00. A esa hora el cuadro de mi hija seguía siendo grave; y ante mi reclamo, deciden enviarme desde la UPA nuevamente al HIGA, ahora si en ambulancia. Una vez en el HIGA y siendo alrededor de las 22, un médico me informa que mi hija tenía piedras en la vesícula y nos mandan a casa, diciéndome que debía sacar tuno para ser atendida recién el día jueves siguiente (tres días después)”.

En la denuncia la mujer subraya que “mientras que en la UPA la enfermera me había informado que el cuadro que padecía era hepatitis, en el HIGA cambian el diagnóstico y nos envían a mi casa sin dar atención médica alguna”.

Y continúa: al día siguiente “mi hija seguía muy mal, por lo que decidí llevarla a la salita de Guanahani, donde llegó desmayada. Los enfermeros de la salita la envían otra vez al HIGA. Al llegar al HIGA deciden operarla de urgencia. Al salir de la cirugía y como no había cama en los pisos de internación, la dejan en la guardia. Pasadas las horas, mi hija no se recuperó de la cirugía y se agravó su situación, ante lo cual la trasladan a terapia intensiva, donde finalmente falleció el día 23 de abril a las 12 horas.”

La denuncia recayó en el fiscal Juan Pablo Lodola, de la UFI 6. Se le pidió que ordenara una autopsia, y que no la realizaran forenses locales sino de la Asesoría Pericial de La Plata. Por el momento, no hay decisión tomada. Julio Hikkilo, de la Casa del Trabajador, dijo a este diario que “no hay sábanas, no hay medicinas, no hay lugar de internación. El secretario de Salud dice que la falta de insumos es una sensación. Y plantea que en el futuro van a construir un nuevo hospital. Le dijimos que no se trata de apilar ladrillos”.

[email protected]