La reunión de esta semana del Consejo Asesor para la Defensa de la Vivienda Única, Inquilinos y Pymes que depende de la Oficina Municipal del Consumidor; brindó un informe en el que da cuenta de que en el primer semestre del año pasado se presentaron 653 denuncias sobre la temática. Al abrir el encuentro el jefe de la Oficina Municipal del Consumidor, Antonio Salinas recordó que “hace muchos años que no se convocaba al Consejo Asesor”, anticipó que la intención es realizar reuniones periódicas, para marcar que “el 20 o 25 por ciento” de los habitantes de la ciudad alquila, y acotó que “se ha vuelto un problema de aristas muy complicadas”. De la reunión participaron la presidenta del Concejo Municipal María Eugenia Schmuck, el vicepresidente primero del Concejo, Lisandro Cavatorta, de Todos Hacemos Rosario; Valeria Schvartz, de Volver a Rosario; Juan Monteverde, Pedro Salinas y María Luz Ferradas, de Ciudad Futura, y Susana Rueda, de Rosario Progresista; la subsecretaria de Hábitat municipal, Josefina del Río y la diputada provincial y presidenta de la comisión de Vivienda de la Cámara baja, Dámaris Pacchiotti, de Ciudad Futura. Asimismo concurrieron el coordinador del Consejo Asesor de la Vivienda, Ariel D’Orazio; el director del Centro de Asesoramiento Social en Alquileres (Casa) municipal, Gustavo Álvarez; el ex edil y titular de la Concejalía Popular, Nire Roldán y el referente de Inquilinos Agrupados Rosario, Sebastián Artola.
La presidenta del Concejo señaló dos cuestiones: La Ley de Alquileres sancionada en el 2020 y “el tema que preocupa” respecto a la actualización del valor de los contratos y la restante: “Hay dos millones de viviendas vacías en el país y 4 millones sin vivienda” y en tal sentido aludió a la necesidad de “tener un techo propio”. “Ojalá las próximas reuniones se llenen de vecinos y vecinas en el recinto” sostuvo la titular del Concejo, para considerar que los encuentros debían “ser periódicos y no cada diez años”.
El coordinador del Consejo, D’Orazio, brindó un informe sobre lo realizado en la temática desde el 10 de diciembre del 2021 al pasado 10 de junio. En relación a la Ley de Alquileres consignó que uno de los dictámenes de la modificación en el Congreso Nacional plantea otorgarle el control del efectivo cumplimiento a la Secretaría de Comercio. Sobre lo efectuado en la Oficina explicó que fueron 653 denuncias, 138 a través del correo electrónico, 415 de manera presencial, 59 de gestión telefónica y 41 por intermedio de redes sociales; de ellas el 92 por ciento relacionadas con locaciones de viviendas para destino familiar y el resto sobre alquileres comerciales.
Se marcó que 61 por ciento fueron radicadas contra inmobiliarias -se aclaró que un 6 por ciento no inscriptas en el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario-; el 28 por ciento contra dueños de manera directa y 11 por ciento contra estudios jurídicos o contables. También D’Orazio hizo referencia a otras cuestiones que son objeto de reclamos como “la falta de aceptación” de las fianzas que presentan los probables inquilinos, exigencias en dólares o “los aumentos que superan el 100 por ciento”.
Por su parte, el referente de Inquilinos Agrupados Rosario, Artola, recordó que la problemática con los inquilinos comienza a mediados de los años ’70, “con la dictadura militar, cuando (José Alfredo) Martínez de Hoz dolariza la vivienda” y mencionó que Uruguay, Colombia, México, como ejemplos están en moneda nacional. Y también en esa etapa “se desregula el precio de los alquileres que había sido regulado en 1921 por Hipólito Yrigoyen y siguió hasta 1977”. Aseveró que “la situación es crítica” y acerca de la Ley de Alquileres consignó que “fue un punto de partida, pero entre el 85 y el 90 por ciento no se cumple”, para agregar que “no hay herramientas de sanción”.
Por su parte Roldán, de la Concejalía Popular, aludió a las “corporaciones que no se ven” en el ámbito internacional de gran incidencia en el sector y específicamente aludió a la firma Quinto Andar, titular de Zona Pro y que “compró parte de Remax para América Latina”. Reclamó la necesidad de un plan estratégico de alquileres para Rosario y la región y también dijo respecto a que la Universidad Nacional de Rosario realice una tarea para determinar costos reales de los alquileres, de los departamentos en cada zona, porque “hace falta información que no tenemos”.
